En plena polémica por los recientes acontecimientos ocurridos en festivales como el Medusa o el incidente con el autobús del Arenal Sound, el portavoz nacional de Facua, Rubén Sánchez, explica las acciones que su organización emprende contra los abusos de estos eventos.

Prohibición de entrar agua y comida, rechazo del dinero en efectivo, unas condiciones mínimas de calidad no garantizadas... Son algunas de las prácticas habituales de diversos festivales nacionales que Facua considera abusivas y que el activista explica para INFORMACIÓN.

Con las recientes noticias, es obligado preguntarle... ¿Qué opina de que la empresa responsable del montaje del medusa reconozca haber contratado personal no cualificado?

Si contrataron personal no cualificado ahora pueden tener gravísimas responsabilidades que asumir. Sobre todo teniendo en cuenta las características de este tipo de montajes.

¿Cree que se suele recurrir a «no profesionales» para cubrir puestos en barras, montaje, etc. con el objetivo de reducir costes?

No dispongo de datos a nivel estadístico, pero quien lo hace así es evidentemente para abaratar los costes.

¿Cuáles son las condiciones abusivas de los festivales que denuncian desde Facua?

En primer lugar nos hemos encontrado festivales cancelados. En este caso, no solo se tiene que devolver el importe de los abonos o entradas, sino también todos aquellos gastos que se hayan podido ocasionar al consumidor a consecuencia de acudir al evento: billetes de transporte, alojamientos, etc. En segundo lugar, la prohibición de entrar con comida y bebida. Los festivales no son establecimientos hosteleros, aunque ofrezcan hostelería. No es su actividad principal. Y por otro lado están los temas relacionados con la calidad: que no tengan unos buenos servicios o instalaciones, las colas y otros conflictos derivados de la falta de personal, etc.

¿En qué normativas basan sus reclamaciones?

En el caso del acceso con comida, nos basamos en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Además, estos aspectos suelen estar recogidos en las regulaciones de espectáculos de cada comunidad autónoma e incluso en las normativas relacionadas con el derecho de admisión.

Hasta ahora, ¿qué resultado han obtenido?

Este año, el Ayuntamiento de Sevilla ha abierto dos expedientes sancionadores después de nuestras reclamaciones: uno al festival Interestellar y otro a un concierto de los Red Hot Chilli Peppers. Pero por el momento no estamos obteniendo un respaldo muy claro por parte de las administraciones públicas, de hecho, a veces ni nos contestan.

¿En qué consisten esos expedientes sancionadores?

En el caso del festival, se le ha condenado a pagar 12.000 por impedir la entrada con comida o bebida al recinto.

¿Qué les parece la sanción?

Que bienvenidas sean porque se anuncia públicamente y se traslada la imagen de que esas prácticas son ilegales, no es una idea nuestra.

¿Creen que a los festivales les compensa económicamente pagar ese tipo de multas?

Claro que les compensa. Imagínate -estimo las cifras a la baja para no equivocarme- que en festival al que acuden 30.000 o 40.000 personas todo el mundo se tome una sola consumición durante todo el festival, y que esta consumición sea la más barata: una botellita de agua de dos euros. Estaríamos hablando de 60.000 u 80.000 euros de ingresos, para después pagar una multa de 12.000. No es una multa, es un peaje. Así que muchas veces es más rentable pagar que cumplir.

Y desde el punto de vista individual, ¿qué puede hacer quien acude a un festival y no le permiten, por ejemplo, entrar una botella de agua?

En ese caso hay que comprobar si la prohibición está recogida en la web o en un cartel, así no haría falta una «prueba». Después habría que argumentar el perjuicio económico que te haya causado: si has tenido que comprar comida dentro, lo que te haya podido costar la comida o bebida que te han hecho tirar...

A la polémica de la comida y bebida se suma ahora la de las pulseras de pago...

Te obligan a recargar una pulsera que en muchos casos es el único medio de pago admitido. Es otra práctica ilegal, porque se vulnera la normativa de medios de pago: no se puede impedir el pago en efectivo. Además, después te cobran entre 1 y 3 euros de «gastos de gestión» para devolverte el dinero sobrante, lo que provoca que muchas personas ni lo reclamen.

Facua también ha denunciado lo ocurrido en el autobús del Arenal Sound.

Hemos pedido una investigación para haber lo ocurrido y saber si cabría un expediente sancionador. También hemos reclamado a la Generalitat que inspeccione la flota de la empresa, para compro