«A mí me dan una parte del sueldo en limpio y otra en negro». «Sobre el papel pone a media jornada pero en realidad suelo hacer más de ocho horas». «En la casa donde limpio ni se plantean que pueden hacerme un contrato». Estas son solo algunas denuncias de varias personas sobre cómo y en qué condiciones trabajan, pero hay muchas más. 

Y es que, en Alicante, la economía sumergida llega en algunos sectores hasta el 30%. Una situación que según denuncian los sindicatos perjudica el crecimiento y llega a suponer el 28% del PIB de la provincia, según el último informe del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha.

Cuando hablamos del trabajo en negro es fácil pensar en la hostelería, con jornadas interminables, o en la industria de la manufactura, con las aparadoras del calzado denunciando durante años sus condiciones de trabajo. Pero, tal y como reclama la secretaria territorial de UGT L´Alacantí-La Marina, Yaissel Sánchez, «desde hace tiempo la provincia de Alicante ha tenido un lastre que es la economía sumergida. Antes siempre se asociaba a algunos sectores en concreto, pero a día de hoy se ha extendido por todo el mercado».  

"Antes siempre se asociaba a algunos sectores en concreto, pero a día de hoy se ha extendido por todo el mercado”

Yaissel Sánchez - Secretaria territorial de UGT L´Alacantí-La Marina

Y es que, los sindicatos explican que la economía sumergida no es solo tener trabajadores sin contrato, sino que incluye otras prácticas, como dar de alta en la Seguridad Social tan solo algunas horas de la jornada laboral o pagar parte del salario en B. En definitiva, todas aquellas actividades económicas que se realizan de manera oculta para la Hacienda Pública, muchas veces con el objetivo de evitar pagar impuestos. 

Sin embargo, es difícil calcular el impacto que tiene estas prácticas y encontrar cifras oficiales, aunque se calcula que puede llegar a suponer entre un 20 y un 30% según el sector. Esto supondría que en algunos de cada tres euros que se generan hay uno extra que queda fuera del control del Estado, lo que afecta al PIB y a la capacidad de generar riqueza de un territorio. 

El secretario general de CC OO, Paco García, coincide en que en la provincia «la economía sumergida es un lastre y además un problema muy complejo de corregir, por lo que los sindicatos estamos pidiendo que se active un Plan de Choque específico en la inspección laboral alicantina para dotarles de recursos y acabar con esta ‘cultura del escaqueo empresarial’». 

"Pedimos que se active un Plan de Choque específico en la inspección laboral alicantina para dotarles de recursos para acabar con esta ‘cultura del escaqueo empresarial’”.

Paco García - Secretario general de CC OO en l'Alacantí-Les Marines

Un problema que, tal y como reconoce el sindicalista, se ha generalizado en todos los sectores, incluso algunos de los que tradicionalmente se han relacionado con esta práctica, como el calzado, «están tratando de mejorar». 

Según el último informe anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de 2020, ese año los inspectores realizaron 10.190 actuaciones en la provincia en este ámbito.

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Y es que aunque han aumentado los recursos para la vigilancia en materia de empleo, los sindicatos coinciden en que no se llega a todo y en algunas ocasiones incluso recurren a la Policía Nacional o la Guardia Civil. Especialmente en aquellos casos más extremos de explotación laboral.

Pero los sindicatos van más allá e insisten en que la única manera de acabar con la economía sumergida es un cambio cultural y social que entienda estas prácticas como perjudiciales para todos.