La Conselleria de Educación ha optado finalmente por tratar de mover lo menos posible la organización del curso en los centros de Secundaria, gestionada por los directores en julio antes de irse de vacaciones bajo la premisa obligatoria de enseñar en primero de ESO agrupando asignaturas. Para cumplir el mandato de los jueces del TSJ, que suspenden dicha obligatoriedad, Educación da de plazo a los institutos hasta el martes próximo, día 6 de septiembre, para que reúnan a los claustros y consejos escolares y decidan si mantienen o no la citada organización de horarios.
Pero al margen de esta decisión, la conselleria, a través del secretario autonómico Miguel Soler, número dos del departamento que dirige la consellera Raquel Tamarit, se compromete a mantener la totalidad de las plazas docentes adjudicadas este verano, ante lo que las formaciones sindicales han mostrado su decidido apoyo.
Solución
Las nuevas instrucciones remitidas por Soler a los representantes sindicales consiguen, por tanto, templar los ánimos y favorecen una paz sindical que se había visto alterada de forma significativa ante el temor de que se recortara la plantilla docente en hasta medio millar de interinos, cuya plaza se adjudicó este verano específicamente para impartir codocencia en los centros que necesitaban profesores para la obligada agrupación de asignaturas.
En su resolución, el secretario autonómico da solución a esta situación manteniendo todas estas plazas, incluso en su dedicación a la codocencia, porque de otra forma corría el riesgo de que Hacienda echara para atrás un cambio de actividad y, por lo mismo, podía optar por suprimir los puestos.
La decisión de Miguel Soler pasa por una alternativa similar a la que habían propuesto desde sindicatos como UGT, al que ha dado la razón el TSJ con su cautelar, o el también mayoritario, STEPV, como es destinar a estos profesores al refuerzo de materias entre el alumnado que más lo necesite desdoblando aulas.
En general todos los representantes del profesorado ponían, además, el grito en el cielo en el caso de que se optara por reducir plantillas.
Para solucionar la papeleta, en lugar de desdoblar las aulas de forma que baje la ratio para impartir determinadas materias, con la mitad de alumnado y un profesor en cada una de las dos clases, que era lo que proponían los delegados sindicales, lo que determina Educación es que en la misma aula trabajen dos profesores, la denominada codocencia, con lo que no cambia el sentido de las plazas adjudicadas a medio millar de interinos y les mantiene en sus respectivos centros también con su especialidad.
Así, las nuevas instrucciones contemplan textualmente que “los centros que decidan no agrupar las materias en los ámbitos que tenían previstos, ajustarán los horarios del alumnado y del profesorado correspondiente. En este caso, la hora lectiva que tenía adjudicada cada profesor de ámbito para tareas de coordinación, así como las horas previstas para codocencia en los diferentes ámbitos, se asignarán para realizar tareas de codocencia en los diferentes grupos de 1º de la ESO en las materias que cada centro considere más adecuadas”.
La inspección
Además, Soler incluye en su resolución que los inspectores educativos asignados a cada instituto se van a dedicar esta semana a acompañar y “asesorar” a los centros en todo lo que precisen para que e apliquen estas instrucciones dentro de una situación que persigue alterar lo menos posible la actual organización del curso.
Educación trata de esta forma tanto de cumplir el mandato judicial, mal que le pese, porque de hecho ya ha anunciado que no lo comparten y que van a recurrirlo ante el Supremo en el plazo de los 30 días de que disponen, al mismo tiempo de que trata de que no se pierda lo que para el secretario autonómico resulta ineludible en la búsqueda de un mayor éxito escolar, y que pasaría por suavizar el paso del alumnado de sexto de Primaria al instituto, en primero de ESO, reforzando conocimientos a los que más lo necesiten con profesores de apoyo.
Garantías
A los representantes docentes de UGT, que han logrado el respaldo de los jueces con la cautelar que suspende la obligatoriedad de impartir la enseñanza por áreas de conocimiento o ámbitos en el primer curso de la ESO, les satisface este apartado de la resolución en concreto. “La conselleria cumple con las garantías para la ejecución y cumplimiento de la medida cautelar del TSJCV: el refuerzo y mantenimiento de las plantillas docentes y la no repetición de las adjudicaciones de inicio de curso”, sostienen desde el sindicato, en referencia también a los 12.000 profesores que obtuvieron plaza para este próximo curso en comisión de servicio y por desplazamientos, y cuyo puesto también peligraba porque en un principio se valoró la necesidad legal de tener que volver a realizar la adjudicación.
Con lo que no están tan de acuerdo es con que se de mayor valor a la decisión del consejo escolar de cada instituto que a los propios claustros. La resolución de Educación contempla la “propuesta” del claustro y posterior “aprobación” a cargo del consejo escolar.
Plazos
De hecho se da a cada instituto un plazo de 24 horas, a partir de este jueves día 1 de septiembre, para la reunión del claustro, y de 48 horas para la extraordinaria del consejo escolar que, a su vez, tendrá en cuenta “el informe previo de la dirección del centro y del claustro” para “aprobar si el centro adopta o no la enseñanza por ámbitos este curso 2022-23”. El apoyo de UGT, como señala Kilian Cuerda, “siempre será que el claustro decida sobre los ámbitos”.
Más satisfechos desde el STEPV, Mar Candela sospesa que “ya veremos a cuántos afecta la fórmula de la codocencia en realidad, porque nuestra previsión es que no muchos centros van a cambiar horarios para no tener que rehacerlo todo, y van a mantener los ámbitos”, en el sentido de que cambiar los horarios a estas alturas, con apenas una semana de plazo para el arranque del curso, les va a resultar “más complicado”.
También desde CC OO se muestran a favor de la propuesta del secretario autonómico de Educación porque recoge las exigencias igualmente expresadas de que de no afectara a las 12.000 personas adjudicadas para el próximo curso y que no se perdiera la plantilla para la codocencia. “Vemos que han sido escuchadas”, destacan, pero añaden su pesar porque no perciben otros compromisos “que también estamos exigiendo a la administración desde el minuto cero, como son la bajada de ratios, más horas para que el profesorado pueda coordinar y crear material didáctico, más plantilla, más formación y más pedagogía hacia el objetivo de los ámbitos que no son sólo una metodología, sino una forma de organización escolar que debe favorecer la transición de Primaria a Secundaria del alumnado”, concreta del delegado Rafael Martínez.
Además esta formación reitera la petición de datos sobre “el profesorado y resultados del alumnado después de dos años de implantación de los ámbitos generalizados en ESO”.
Unidad
Tanto ANPE como CSIF se suman a la satisfacción del conjunto de los sindicatos de enseñanza porque Educación haya hecho lo posible por mantener la normalidad en el inicio del curso. De hecho entre todos y tras la reunión con Soler redactaron una nota en la que confirman que “los cinco sindicatos de la mesa sectorial (STEPV, ANPE, FECCOOPV, CSIF, UGT-Servicios Públicos PV) han valorado que la administración mantenga los puestos de trabajo y no repita la adjudicación y que atendiera la petición sindical para que el profesorado que se pueda verse afectado se mantenga en el centro adjudicado, impartiendo docencia de su especialidad, y no deba desplazarse a otro centro, como proponía inicialmente la conselleria”.
Manifiestan además su “firme voluntad para que el curso 2022-23 comience con la máxima normalidad posible, y que los centros puedan decidir la organización de 1º de ESO que consideren”.
Y no dejan de “exigir” a Educación que “atienda a las peticiones sindicales en futuras negociaciones para evitar situaciones como la que se ha producido actualmente en relación a los ámbitos”.
UGT quiere que las instrucciones citen a los jueces
En su nueva resolución sobre la organización del curso, forzada por los jueves, el secretario autonómico de Educación no hace mención alguna a que estas nuevas instrucciones son fruto del cumplimiento obligado del auto del TSJ, y el sindicato UGT, que demandó a Educación, quiere que esta circunstancia se incluya expresamente.
La única apostilla que indican las nuevas instrucciones se refiere a que se redactan “en aplicación del principio de autonomía pedagógica y organizativa y dentro del ámbito de
elaboración de la programación general anual”, de forma que “el Claustro de profesores debe formular una propuesta y el Consejo escolar o, en su caso, el titular del centro privado, debe aprobar la aplicación de la medida organizativa y pedagógica correspondiente a la disposición curricular por ámbitos del primer curso de la educación secundaria obligatoria”.
Además de insistir en que sea el claustro el que decida, UGT quiere que quede constancia de la actuación judicial y que, por lo mismo, se incluya que “se hace necesario aprobar estas instrucciones en aplicación de la medida cautelar acordada por el TSJCV”.
Miguel Soler descarta esta premisa y prefiere exponer el fin de la nueva resolución, que es el de “aprobar las instrucciones a las que deberá ajustarse la organización y el funcionamiento de los centros educativos que imparten Educación Secundaria Obligatoria durante el
curso académico 2022-2023”, además de precisar que tanto estos centros, que son los institutos y colegios concertados con primero curso de ESO, como sus respectivos “órganos colegiados, actuarán de acuerdo con las instrucciones”, según ratifica Educación.
