La Policía Nacional ha detenido en Alicante al gerente de una empresa de socorrismo, a dos coordinadores y a nueve socorristas por un delito de intrusismo profesional al considerar que están ejerciendo la profesión en piscinas de diferentes urbanizaciones de la provincia amparándose en unos cursos de formación impartidos por una fundación que no están homologados en ningún organismo oficial de la Comunidad Valenciana. El dueño de la empresa y delegado de la fundación en Alicante ha sido acusado, además de intrusismo, de delitos contra los derechos de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración ilegal, estafa, amenazas y coacciones. 

Este empresario, que asegura que todas las acusaciones son infundadas, fue detenido el pasado lunes tras comparecer en la Comisaría Provincial de Alicante ante los agentes del Grupo III de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) y el martes quedó en libertad con cargos tras declarar en el juzgado de guardia, donde estuvo defendido por Manuel Lucas Amorós y Nicolás Díaz. Los dos coordinadores de la empresa detenidos, fueron asistidos por el mismo bufete de abogados y quedaron en libertad el mismo lunes tras declarar en dependencias policiales.

Los nueve socorristas de la empresa, seis de ellos extranjeros y en situación irregular en España, lo que les impide tener permiso de residencia y trabajo, fueron arrestados una semana antes por el delito de intrusismo profesional y también quedaron en libertad tras su declaración ante los investigadores, según han explicado a este diario fuentes policiales.

Según la investigación policial de la UCRIF, a través de una fundación sin ánimo de lucro se impartían cursos de socorrismo por un precio de 500 euros. El curso incluía clases teóricas y prácticas pero, según la Policía, no llegaba al mínimo de horas establecido por ley. Los alumnos pagaban 200 euros para empezar el curso y los 300 restantes se los descontaban de su salario. La Policía señala que el diploma no se lo entregaban si no trabajaban previamente haciendo unas prácticas en la empresa, cuyo responsable alega que la formación incluye dos meses de trabajo remunerado en prácticas y si no se ve capacitado al interesado no se le expide el diploma.

Fuentes policiales aseguran que se trata de una formación no homologada en ningún organismo oficial y estiman que la empresa ha estafado a las urbanizaciones con las que han contratado el servicio al aportar trabajadores que son extranjeros en situación irregular y no tienen permiso de trabajo en España.

Los socorristas han declarado ante la Policía que estaban trabajando de lunes a domingo sin descanso y a cinco euros y medio la hora. Las jornadas eran de diez horas y si alguno faltaba por enfermedad o por cualquier otra causa se les descontaba el importe correspondiente del sueldo, según se recoge en la investigación policial.

Según los datos aportados por los socorristas a la Policía, estaban alojados por la empresa en pisos de alquiler y en situación de hacinamiento, entre siete y once personas por casa. Cada uno de los socorristas pagaba 150 euros al mes por el alojamiento.

El responsable de la empresa acusado de intrusismo ha asegurado a este diario que la fundación que imparte los cursos, constituida en el año 2000, está reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Asimismo, la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud, dependiente de la Conselleria de Sanidad, certificó en junio de 2009 que dicha fundación es una entidad reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencia y entre sus fines se establece la formación en materia de socorrismo. En dicho certificado se indica además que ha impartido cursos teórico-prácticos con «contenidos y duración adecuados para la formación de socorristas» y se precisa que los certificados expedidos cumplen los requisitos de la circular sobre seguridad en piscinas de pública concurrencia.

El empresario, que asegura que lleva treinta años trabajando en el sector y que existe un vacío legal con las titulaciones de socorristas, insiste en que no ha cometido ninguna ilegalidad sobre la formación de los socorristas ni el resto de delitos que le imputa la Policía. Respecto a la acusación por tener a extranjeros sin permiso de residencia y trabajo, el gerente de la sociedad señala que estas personas trabajan como voluntarios de la fundación y se les pagan dietas diarias.

Por otro lado, sostiene que no es ilegal que los socorristas trabajen de lunes a domingo y afirma que el sueldo de cinco euros y medio la hora es el habitual. Indica que el grueso de los socorristas son jóvenes de entre 18 y 22 años que quieren trabajar todo el verano sin descanso para ganar más dinero.

La investigación de la UCRIF de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional que ha concluido con la detención de 12 personas por intrusismo y otros delitos se puso en marcha tras las pesquisas abiertas en junio por la Brigada de Policía Judicial a raíz de la muerte de un niño que se ahogó en una piscina de una urbanización del Cabo de las Huertas. El ahogamiento se produjo fuera del horario del servicio de socorrismo, pero la declaración prestada por una socorrista abrió otra línea de investigación sobre la empresa. Para la Policía, el diploma de formación que expide la fundación es particular y para ser un curso legal debe tener una duración no inferior a 500 horas y ser impartido por centros homologados por la Generalitat Valenciana y a nivel estatal por el Ministerio de Trabajo, algo que no ocurre con la empresa investigada, según fuentes policiales. Los investigadores sostienen que se trata de una formación no reglada y que se ha intentado cargar de oficialidad y un curso privado.