Alicante, según los datos del portal inmobiliario Idealista, lidera la clasificación nacional de apartamentos turísticos, por delante de Madrid, Barcelona o Málaga. Sin embargo, la provincia únicamente dispone de cinco inspectores para controlar los 59.739 alojamientos de este tipo que la Generalitat tiene registrados.
Si hace un mes el sector denunciaba que un 30% de las viviendas turísticas ofertadas las poblaciones alicantinas opera de forma ilegal, la situación se antoja complicada de controlar con los recursos actuales, que apenas cuentan con ocho personas para cubrir todo el territorio Valenciano.
Según datos de la Secretaría Autonómica de Turismo que en un principio aseguró disponer de tres inspectores pero que este mismo lunes los elevaba hasta cinco, en lo que llevamos de año, se han realizado 532 inspecciones, lo que supone que cada funcionario designado a este cometido ha llevado a cabo más de 22 revisiones mensuales. Un esfuerzo que se ha traducido en menos de una decena de sanciones y que deja intranquilo al sector ante la proliferación de los alojamientos irregulares.
En total, en el conjunto de la Comunidad Valenciana, se han registrado ocho sanciones, de las cuales tres se encuentran todavía en trámite y cinco han concluido, con un importe total de 21.500€. En este sentido, Turismo advierte de que su voluntad no es sancionar, sino "asesorar y concienciar al sector en la lucha contra el intrusismo".
Desde la Asociación de Empresas de Apartamentos Turísticos reclaman un mayor control a las nuevas altas de viviendas turísticas registradas y se recuerda, entre otras cosas, que los apartamentos reglados deben contar con una serie de elementos: un plano de salida de emergencia, una placa con el número de inscripción en el registro de Turismo, hojas de reclamaciones, certificado anual de desinfección de la vivienda, envío de ficha de viajeros a la Policía...
Una serie de obligaciones que garantizan la seguridad de los viajeros y aportan valor a su estancia en la provincia y que, a su juicio, muchas de las viviendas de uso vacacional que se han dado de alta en los últimos años no están cumpliendo. A ello se suma que algunas de las plataformas utilizadas habitualmente para reservar no ofrecen apartamentos legales, o no comprueban el número que acredita la actividad.
Los propietarios reclaman más control
Los gestores de viviendas vacacionales Arantxa Chekkaf y Pepe Pérez se muestran preocupados por la proliferación de pisos sin licencia y ambos coinciden en que la saturación del mercado con este tipo de alojamientos se ha acrecentado en los últimos años.
Para Chekkaf existen dos problemas principales: la competencia desleal y la falta de seguridad. Denuncia que los pisos sin licencia no necesitan acreditar estar en posesión de la cédula de habitabilidad, ni cumplen con la exigencia de que haya un extintor en cada piso junto a otros requisitos como señales de evacuación o la disponibilidad de agua caliente.
Además, asegura que "están compitiendo de manera desleal", puesto que no solo se ahorran declarar los ingresos, por lo que pueden ofrecer unos precios más competitivos, sino que tampoco pagan en muchas ocasiones las "tarifas de servicio" que cobran plataformas de alquiler vacacional como Airbnb.
Por su parte, Pérez recuerda que "antes se trataba de familias que podían alquilar su segunda residencia unos meses" pero que ahora "mucha gente ha optado por comprar una vivienda económica, lavarle la cara y ofrecerla como alquiler turístico". En cuanto a la normativa, destaca que en los apartamentos reglados se envía un registro a la Policía con los turistas que se alojan en ellos, algo que no ocurre en las viviendas ilegales.
En cuanto al apartado económico, Pérez coincide con Chekkaf en que "el no declarar los ingresos les permite tirar los precios" y asegura que generan un impacto negativo para los municipios porque permiten la entrada de todo tipo de personas, sin ningún control.
Por ello, ambos reclaman un mayor control tanto por parte de las administraciones como de las plataformas. Aseguran que, desde que empezaron a gestionar viviendas de este tipo hace más de 4 años nunca han recibido una inspección en sus apartamentos. Además, lamentan que los portales web no exigen la licencia de cada piso, ni se aseguran de que el número introducido sea verídico.
Lucha contra el intrusismo
Combatir esta práctica en el sector turístico es una actuación "prioritaria" para la Secretaría Autonómica de Turismo. Por ello, en los últimos años "se han impulsado diferentes medidas y campañas para incentivar que todas las viviendas turísticas de la Comunidad Valenciana estén inscritas" de forma adecuada en el Registro de Turismo.
El intrusismo en el ejercicio de una actividad turística que no ha sido previamente comunicada a la administración, según afirman desde el organismo público, tiene efectos negativos para el sector, ya que provoca "una oferta turística sumergida que escapa a la regulación normativa" y conlleva el desconocimiento del volumen de viviendas que prestan un servicio turístico sin reunir los requisitos necesarios. Además, supone "una competencia desleal y provoca indefensión e inseguridad" en las personas usuarias de los servicios turísticos.
Por ello, Turismo impulsa el Plan Anual de Inspección, que se elabora con las aportaciones y sugerencias, entre otros, de las empresas registradas y de las organizaciones más representativas del sector turístico. Este plan es "un instrumento ágil y eficaz por el que se ordenan los objetivos y pautas de la inspección turística", haciendo especial énfasis en el objetivo de desterrar el intrusismo y las actividades fraudulentas, aflorando las viviendas turísticas alegales y no inscritas.
En plena recuperación del sector tras los años "en blanco" de la pandemia, combatir las prácticas intrusivas se antoja imprescindible para los empresarios turísticos. Algo que, pese a los esfuerzos anunciados por la Generalitat, todavía tiene un amplio margen de mejora en lo que respecta a los recursos destinados a la inspección.
