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Las empresas de transporte escolar piden ayuda al Consell para garantizar el bus a 15.000 alumnos

Educación estudia una posible indemnización. La federación provincial alerta de las dificultades del sector con una concesión prorrogada que no revisa precios hasta el curso que viene

El sector del transporte escolar alerta de que no acabará el curso si no reciben una partida extra David Revenga

Las empresas de transporte escolar de la provincia, que a partir del lunes está previsto que trasladen a 15.000 alumnos a sus respectivos colegios e institutos, todos ellos becados por la Conselleria de Educación que es la que paga a las concesionarias del servicio, han dado la voz de alarma para reclamar al Consell que repercuta en el pago de sus respectivos contratos el encarecimiento tanto del gasoil, como de las posibles reparaciones y seguros de circulación, para poder seguir dando el servicio a lo largo del curso escolar.

La federación provincial del transporte escolar se ha hecho eco de la demanda que secundan alrededor de medio centenar de pymes implicadas en el transporte de escolares, que ponen en circulación aproximadamente 400 autobuses, el doble de lo que se mueve en la provincia de Valencia porque la orografía del terreno obliga a contratar más rutas en la provincia de Alicante.

A los gastos del encarecimiento del gasoil, el sector suma también las serias dificultades que atraviesan, como explican preguntas de este diario, porque el nuevo depósito aplus que incluyen los autobuses para paliar la huella de carbono también ha multiplicado el precio de llenado “por tres o por cuatro”, puntualizan desde una de las concesionarias del servicio.

Las rutas

Cada una de la rutas escolares ha aumentado su coste en un 20% por el gasoil, el dispositivo para no contaminar y los gastos de cualquier repuesto, ya sea una rueda o un filtro”, abundan.

Los empresarios del transporte escolar señalan en su reclamación ante el Consell, que el sacrificio de este encarecimiento general lo están haciendo ellos, porque son los que soportan directamente los sobrecostes, y solicitan una partida extra “para que nos ayude a acabar el curso”.

Explican que sin haber iniciado las rutas, que arrancan para todos los alumnos becados en los niveles obligatorios de la enseñanza pública el próximo lunes, día 12, ya han echado las cuentas de lo que va a suponer sacar a diario los autobuses, y que "no llegamos", aseguran.

Confiesan que lo están pasando mal y que se tiene que tener en cuenta el servicio público que realizan.

La contrata

Abundan, por otra parte, que la contrata de la concesión del transporte escolar se firmó hace ya cinco años, para una duración de cuatro anualidades que se prorrogaron otras dos, por lo que les falta cumplir este próximo curso escolar hasta poder renovar los precios. “Llegamos a un acuerdo en su momento, y lo aceptas, pero la crisis económica y energética a consecuencia de la guerra nos pasa factura de forma significativa, y pedimos a los poderes públicos que sean sensibles con el sector”, señalan desde otra de la concesionarias.

“Con la misma contrata nos ha pillado la pandemia y la crisis y apenas sale ya para sobrevivir”, aseguran a preguntas de este diario.

Bonificaciones

Los responsables educativos, por su parte, con el documento de la federación del trasporte escolar sobre la mesa, indican que no descartan alguna indemnización al sector, pero que de momento están estudiando el conjunto de bonificaciones de que ha sido objeto el transporte en general por parte del Gobierno central.

Tanto en términos de combustible como en ayudas directas, las empresas del transporte escolar también han recibido subvenciones estatales, como precisan desde el gabinete que dirige la consellera, Raquel Tamarit, desde donde van a tener en cuenta dichas bonificaciones y las rutas escolares para estudiar “posibles medidas”.

No obstante, también advierten de que compensar el encarecimiento del transporte escolar “no es competencia de esta conselleria”, por lo que la “indemnización ante el alza del precio del combustible que han solicitado a la Administración las adjudicatarias” será analizada “en el marco de la negociación” con el sector, precisan.

Desde el sector en la provincia insisten en que las bonificaciones que reciben del Gobierno central, a partir del reciente decreto ley de 1 de agosto para el transporte en carretera en general, “nos resultan totalmente insuficientes”; mientras que desde Educación concluyen que están revisando la petición y que si se ve necesario adecuar precios se optaría por una indemnización.

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