Barcala cierra el convenio para que Suma cobre los impuestos a los alicantinos

El regidor de Alicante, Luis Barcala, ha convocado a los grupos de la oposición este viernes en las dependencias de Alcaldía para explicar los detalles del convenio que revertirá la "municipalización" de la recaudación tributaria que aprobó el Ayuntamiento durante la etapa del tripartito con el apoyo de Ciudadanos y la abstención del PP.

Barcala, tras desvelar este diario las negociaciones entre ambas administraciones, defendió la iniciativa. "Queremos mejorar la eficiencia en la gestión, pensando en el ciudadanos. Podemos ampliar la red de oficinas para acercar la administración al ciudadano porque no quiero que la gente haga colas cuando no es necesario. Todos los ayuntamientos de la provincia ya trabajan con Suma, y de todos los colores políticos. Queremos que la oferta a los ciudadanos sea más cercana, más presencial, que no tengan que desplazarse al centro para el trato con el Ayuntamiento", señaló Barcala, quien también puso en valor que Suma permitirá "multiplicar las herramientas de fraccionamiento, ya que algunas de esas medidas no podemos aplicarlas en el Ayuntamiento porque la ley no lo permite". "No queremos que pagar impuestos sea un problema porque afecta a la recaudación", añadió el alcalde, para a continuación enumerar la tercera gran ventaja que, a su juicio, supone la externalización en el cobro de los impuestos: "Además nos permite tener a una parte de la plantilla municipal, que son técnicos de alta cualificación, en otros puestos".

Respecto al calendario de pagos, que actualmente es diferente en el Ayuntamiento de Alicante y en el resto de municipios de la provincia que han dejado en Suma el cobro de impuestos, Barcala aseguró hace dos semanas que todo apuntaba a que no habrá que ajustarse a los tiempos de Suma. "El alicantino está acostumbrado a su calendario y no hay problemas para que Suma adapte su sistema a nosotros. Queremos que esto no genere ningún trastorno para los alicantinos", apuntó el alcalde de Alicante, quien avanzó que externalizar la gestión costará al Ayuntamiento en torno a un millón de euros anuales, una cantidad que, según su postura, compensará con creces la mejora del servicio: "Sólo la inversión de abrir oficinas superan con creces ese dinero, más la atención personalizada en varios idiomas y las mejores formulas de pago".

Actualmente, los alicantinos pagan el Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos (IBI) de 15 de marzo al 30 de junio, al igual que la tasa de recogida de residuos urbanos. Sin embargo, el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM o conocido como impuesto de circulación) se paga del 1 de septiembre al 31 de octubre.

La aprobación de la reversión en el sistema de cobro supondrá, en el caso de que se certifique, volver una década atrás en cuanto a la gestión tributaria en Alicante. Entonces, el gobierno liderado por la popular Sonia Castedo dejó en manos de Suma la gestión y el cobro de los impuestos a los vecinos de la ciudad de Alicante. Eran tiempos en los que el Ayuntamiento necesitaba liquidez, y Suma la aportaba al adelantar parte de esa recaudación por los tributos.

Ese escenario apenas duró unos años. Ante la presión de los funcionarios municipales, la situación volvió a su estado original poco después, con la llegada del tripartito de izquierdas al Ayuntamiento de Alicante. Hace ahora siete años, unos meses después de que el socialista Gabriel Echávarri se hiciera con la vara de mando, la Diputación accedió a la petición del Ayuntamiento de Alicante de devolverle la gestión de los tributos a partir del 1 de enero de 2016, resolviendo de manera anticipada el acuerdo existente con Suma hasta diciembre de 2017. El Pleno municipal dio luz verde al cambio de gestión con los votos a favor de los socios del tripartito y de Ciudadanos, frente a la abstención del PP.

Según la previsión de ingresos del Ayuntamiento de Alicante para 2022, el gobierno municipal calcula recaudar 86,8 millones por el IBI, 15,9 millones por el impuesto de vehículos, 9,7 millones por la tasa de residuos y 8,4 por el IAE, como los impuestos o tasas con mayor impacto económico.