Una grabación aportada por el empresario José Antonio Alavés, que optaba a la misma contrata que Isjoma, puso en marcha la investigación judicial en el año 2009. En ella, el denunciante mantenía una conversación con el exedil Juan Zaragoza, donde éste le alertaba de maquinaciones en su contra para no darle la concesión, pese a que su oferta era un millón de euros más barata que la de Isjoma. La detective privado que hizo la grabación es una de las testigos propuestas para la sesión de este martes en la Audiencia Provincial. También declarará el propio José Antonio Alavés, que está personado como acusación particular a través del abogado José Alberto Ferrer. Su comparecencia tendrá lugar por videoconferencia debido a que por motivos de trabajo se ha tenido que desplazar para organizar un evento que coincide con la fecha en la que estaba prevista su declaración.
Durante la sesión de este lunes, las defensas han tratado de invalidar tanto la grabación, alegando que faltaban pruebas periciales que acreditaran que no estaba manipulada, así como que solo se recogía parte de la conversación. Unos argumentos que inicialmente ha rechazado la Audiencia, con independencia de que a lo largo del juicio las defensas lograran acreditar la existencia de alguna irregularidad.
Las defensas han querido anular el registro por el que se accedió al contenido de los ordenadores de Isjoma con el argumento de que se ha tratado de un proceso inquisitorial en el que lo que se ha llevado a juicio no ha tenido nada que ver con lo que se estaba investigando inicialmente.
Para este martes están previstas las declaraciones como testigos de la ex alcaldesa de Alicante Sonia Castedo y el ex edil Juan Seva.
