Más de 700 sillas al año y un gasto superior a los 20.000 euros. Esto es lo que pagaba el Ayuntamiento de Alicante a la mercantil Isjoma para la reposición de las sillas de la Explanada. Por estas compras está acusado el ingeniero Francisco Ramón Casal que era el técnico responsable de controlar el servicio en el periodo investigado. Durante el juicio por las presuntas irregularidades en la contratación a Isjoma, Casal achacó a los robos este alto volumen de adquisiciones y aseguró que cada vez que se procedía a una nueva compra de sillas a la mercantil fue por indicación del antiguo jefe de Atención Urbana, Víctor López, fallecido el año pasado. 

Casal explicó que inicialmente la reposición de sillas de la Explanada formaba parte del contrato con Isjoma, pero que se dejó fuera porque «desde el Ayuntamiento no se quería asumir un gasto anual de 20.000 euros en sillas por robos y optó por tomar medidas para evitar que se las llevaran», dijo. El funcionario insistió en que esas medidas se han ido buscando pero que siguen desapareciendo sillas y hay que ir reponiéndolas. Motivo por el que periódicamente, desde Atención Urbana le iba ordenando la compra de más sillas. Algunos años se han hecho hasta tres adquisiciones distintas de varios lotes. El funcionario explicó que inicialmente se encargó de poner en marcha el sistema por el que una ONG de discapacitados se encargaba de recoger las sillas. «Como la experiencia fue bien, Víctor López me propuso hacerme cargo de las compras a Isjoma», explicó el funcionario.

Por su parte, el empresario Isidro García, responsable de Isjoma, señaló que él no se encargaba de vender sillas, sino que las que compraba las usaba para su trabajo y quedaban en su almacén. Según su versión, desde el Ayuntamiento le acababan llamando para ir reponiendo las sillas porque es a quien se las compraba y porque les hacía un buen precio.