Los dos técnicos acusados en el caso Isjoma achacan a un funcionario ya fallecido las órdenes que ejecutaban

Entre los acusados se encuentran el exvicealcalde de Alicante y exresponsable del área de Atención Urbana, Andrés Llorens, y el exedil de Hacienda, Juan Zaragoza. Se les acusa de un delito de prevaricación y, en el caso de Zaragoza, de un delito de revelación de secretos. Ambos prestarán declaración este martes por estos hechos. Los otros acusados son el que fuera jefe de talleres del Ayuntamiento Ginés Pérez, ya jubilado, y el ingeniero técnico municipal de obras Francisco Ramón Casal; así como el empresario Isidro García, responsable de la mercantil Isjoma. En su día, entre los acusados se encontraba también el jefe de Atención Urbana, Víctor López, que falleció el año pasado a causa del covid. 

Ésta es la tercera vez que Llorens se sienta en el banquillo de los acusados, aunque en los dos procesos anteriores (las presuntas irregularidades en la de reforma de la Plaza de Magallanes y los supuestos amaños en obras del Plan E en Alicante) resultó absuelto. Para Llorens, la Fiscalía Anticorrupción pide tres años de cárcel y quince de inhabilitación; mientras que a Zaragoza se le pide un año de cárcel y ocho de inhabilitación. Ambos eran presidente y vicepresidente respectivamente de la mesa de contratación por la que a Isjoma se le volvió a adjudicar el servicio en el año 2009, un contrato que años después acabó anulando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. A López se le pedía la misma pena que a Llorens. Todos los procesados han venido negando las acusaciones y declarándose inocentes.

Los dos funcionarios aseguraron que se limitaron a cumplir lo que les ordenaba Víctor López, su superior jerárquico, y que no era su cometido cuestionar la legalidad de lo que éste les encomendaba. Una explicación similar a la que también ofreció el empresario responsable de la contrata, Isidro García, que admitió que recibía numerosos encargos desde el Ayuntamiento fuera del contrato pero que no era su responsabilidad saber si eran o no adecuados.

«Yo me limitaba a trabajar», recalcó, «me llamaban del Ayuntamiento para hacerme el encargo y cómo se pagaba después era algo que decidía el director facultativo del contrato», Víctor López. «A Víctor no se le podía decir ni mú. Te ponía firme», recalcó. Según explicó, finalizado el trabajo pasaba al Ayuntamiento los gastos por el material usado y sostuvo la existencia de un control por parte de los técnicos. «Nos han llegado a devolver certificaciones por un solo céntimo», aseguró.

El exjefe de talleres aseguró que «por decisiones políticas» la plantilla de los servicios técnicos era cada vez más reducida porque no se contrataba a más personal tras la jubilación de los operarios, motivo por el que casi todo acababa siendo objeto de contratación. Ginés Pérez señaló que mientras que en Fiestas había una serie de eventos fijos ya previstos a lo largo del año, el carácter turístico de la ciudad motivaba que a lo largo del año surgieran otros eventos imprevistos, desde un evento deportivo en la playa, o la visita de alguna autoridad extranjera. «Desde hace años se viene hablando de la creación de una gran central de compras, pero todo sigue igual», explicó.

Los tres acusados que declararon ayer solo han contestado a las preguntas del fiscal y han rechazado responder a las preguntas de la acusación particular que ejerce el empresario José Antonio Alavés a través del abogado José Alberto Ferrer Pallás. 

Registro en los ordenadores

El propietario de Isjoma, que está defendido por el abogado Luis Santamaría, fue interrogado sobre la documentación hallada en los ordenadores de su empresa por la Policía durante el registro efectuado en su día al inicio de la investigación y que arrojaba sospechas de que técnicos municipales pudieron haber participado en la confección del pliego de condiciones, así como en la elaboración de las facturas por estos trabajos bajo sospecha. García negó la existencia de cualquier tipo de connivencia con los técnicos y sobre las facturas aseguró que eran plantillas que guardaban en esos equipos para llevar un control de los trabajos que se hacían para el Ayuntamiento y que no se quedara ninguno sin cobrar. Isjoma venía prestando el servicio desde su creación en el año 1987. En 2018, la mercantil fue liquidada tras la pérdida la concesión a raíz del escándalo por la investigación judicial.

El empresario achacó la existencia de discrepancias entre la documentación con el pliego de condiciones aportada en el Ayuntamiento y el archivo pdf hallado en los ordenadores de su empresa a que hubo que hacer una modificación en el archivo por un error material tras haberlo sacado por impresora. Las acusaciones han venido sosteniendo que el pliego se redactó desde los ordenadores de los técnicos.