El turno de los políticos en el juicio por el caso Isjoma. Este martes declararon en la Audiencia Provincial los exconcejales del PP en el Ayuntamiento de Alicante Andrés Llorens y Juan Zaragoza, acusados por las presuntas irregularidades en la contrata de las sillas y el montaje de escenarios festeros. Ambos, que eran presidente y vicepresidente respectivamente de la mesa de contratación en la que se resolvió la adjudicación a la mercantil investigada, declararon a las preguntas de la Fiscalía para negar la existencia de delito alguno y rechazaron contestar a las de la acusación particular que ejerce a través del abogado José Alberto Ferrer Pallás la empresa Alavés Montajes y Realización, que perdió el concurso. 

Llorens, que fue vicealcalde de Alicante y responsable del área de Atención Urbana, se escudó en los técnicos para desmarcarse de cualquier actuación irregular. «Yo firmaba a la semana entre 300 y 400 documentos y era materialmente imposible examinarlo todo, ni era mi cometido. Para eso estaban los técnicos, en los que tenía confianza plena y ninguno advirtió de irregularidad alguna».  

Llorens aseguró que desconocía si todos los servicios que se adjudicaban a Isjoma al margen del contrato desde 2003 se tuvieron en cuenta cuando se hizo el de 2009. «Si se daban otros contratos menores a Isjoma es porque surgirían necesidades imprevistas», dijo, a lo que añadió que no era su labor ni detectar irregularidades, ni fraccionamientos de contratos. Ésa era labor de los técnicos y él tomaba decisiones políticas. 

Entre las irregularidades denunciadas por la Fiscalía Anticorrupción se encuentra el gran volumen de trabajos que se adjudicaban a dedo a Isjoma al margen del contrato que ya tenía con el Ayuntamiento; así como el hecho de que el servicio se adjudicara a la mercantil en el año 2009 pese a que había otra oferta por la misma contrata de la empresa Alavés que era casi un millón de euros más barata. Un informe técnico elaborado por el entonces jefe de Atención Urbana Víctor López determinó la adjudicación a Isjoma. Sin embargo, el TSJ resolvió en 2015 que el concurso debió resolverse a favor de Alavés. López estuvo acusado por estos hechos y falleció el año pasado.  

«Esto no era una subasta»

Sobre la diferencia de precio entre las ofertas de Alavés e Isjoma, Llorens aseguró que el concurso «no era subasta» y que fueron otros criterios de carácter técnico los que hicieron que López «encontrara más interesante técnicamente la propuesta de Isjoma. Me dijo que el contrato de Alavés era inviable».

En este punto, Llorens mantuvo un pequeño rifirrafe con el fiscal cuando dijo que López era un técnico de una trayectoria impecable. El representante del Ministerio Público le recordó las imputaciones judiciales que había tenido el funcionario, a lo que el exedil le replicó: «Y ninguna condena, como me ha pasado a mi». Es el tercer juicio que afronta Llorens como acusado y en los dos anteriores resultó absuelto. 

Juan Zaragoza a su llegada a la Audiencia para el juicio del caso Isjoma. Alex Dominguez

Detective

Por su parte, Juan Zaragoza sostuvo que las grabaciones que le han llevado al banquillo estaban «sesgadas y manipuladas» y acusó a los denunciantes de haberle engañado para inducirle a decir cosas sobre supuestos amaños en el concurso. «Ellos (en alusión a la familia Alavés) estaban muy enfadados porque hasta el día antes estaban convencidos de que iban a ganar el concurso», aseguró. Zaragoza negó haber facilitado información reservada alguna a Alavés sobre el concurso y que él desconocía si había connivencia entre los técnicos y la mercantil Isjoma. «Esto era algo que decía Alavés», sostuvo y recalcó que cualquier alusión a irregularidades en sus palabras habían sido inducidos por éste. La grabación a Zaragoza se realizó en el despacho de Alavés tras la adjudicación a Isjoma y para ella el empresario denunciante contrató a una detective privado. Con ella pretendía acreditar amaños en el concurso público.

Zaragoza admitió haberse reunido en una comida con el empresario de Isjoma. Según explicó, Llorens le pidió como un favor que me reuniera con Isidro García, porque había 74.000 euros que el Ayuntamiento le debía y Zaragoza era entonces el responsable de Hacienda. «Imaginaba que era una excusa para que éste me hablara del concurso», dijo y añadió que García le trasladó su preocupación por una posible pérdida de la contrata y que pretendía que «limara asperezas» con Alavés y que las dos empresas pudieran trabajar juntas. El exedil rechazó que en esa comida el empresario tratara de sobornarle con el regalo de un reloj.

El padre del denunciante: «No entendíamos porque perdimos si nuestra oferta era la mejor»

«No entendíamos por qué perdimos el concurso, si nuestra oferta era la mejor», aseguró durante el juicio el padre del empresario que presentó la querella que motivó este proceso. José Alavés es administrador solidario de la mercantil, aunque es su hijo, José Antonio Alavés, quien lleva actualmente las riendas del negocio, por esta causa el testigo pocos detalles más pudo aportar en el interrogatorio. Padre e hijo estaban citados este martes en la Audiencia Provincial por el caso Isjoma pero solo pudo comparecer el primero, dado que el segundo está fuera de la ciudad por motivos de trabajo y testificará el jueves. Pese a que el exedil Juan Zaragoza ha alegado que era amigo de la familia Alavés desde hace años para justificar las reuniones que tuvo con ellos, el testigo aseguró que «no somos amigos, sino conocidos del barrio». J. A. M.