La Comunidad Valenciana es una de las pocas de España que continúa a día de hoy sin financiar la sedación general a las mujeres que son derivadas desde la sanidad pública a clínicas privadas para poder ejercer su derecho al aborto, lo que obliga a muchas de ellas, la gran mayoría, a tener que costearla de su bolsillo. Así lo han vuelto a denunciar algunas de las clínicas con las que la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública tiene acuerdos para realizar este tipo de intervenciones, que llevan años reivindicando que las mujeres no tengan que soportar este gasto extra de la anestesia al considerar que supone una vulneración flagrante de la Ley, que recoge el derecho al aborto libre y gratuito hasta la semana 14 de gestación.

Según han explicado estos profesionales, la Conselleria de Sanidad asume el coste de las interrupciones voluntarias del embarazo que se derivan al sector privado pero solo contempla para este tipo de intervenciones el uso de la anestesia local, la que antiguamente se utilizaba prácticamente en todos los casos, y no la general, el método más utilizado hoy en día. Y, además, por el que acaban optando la gran mayoría de las mujeres, "por no sentir dolor, pero también por no tener que ser conscientes de un momento que para la mayoría es traumático", incluso a costa de tener que hacer un desembolso "extra" cuyo coste, en función de las clínicas, ronda de media los 100 euros.

La secretaria autonómica de Salud Pública de la Generalitat, Isaura Navarro, ha adelantado que ya se está trabajando en un nuevo protocolo para incluir el pago de este tipo de anestesia, algo a lo que según las clínicas privadas "ya se comprometió en la última reunión donde expusimos este tema, que fue el pasado mes de febrero pero continúa todo igual", lamenta el médico Francisco Valero.

Y es que la vulneración de este derecho es aún más grave si atendemos a los números. Nueve de cada diez interrupciones voluntarias del embarazo que se llevan a cabo en la provincia de Alicante y en el conjunto de la Comunidad se realizan en clínicas privadas, el 70 por ciento de ellas derivadas de la Sanidad Pública. Y ello, a pesar de que las Ley de Salud Sexual y Reproductiva establece desde el año 2010 que el sistema de salud debe garantizar a las mujeres la posibilidad de llevar a cabo esta intervención en un hospital público y, solo de forma excepcional, en un privado.

Frente a lo que dice la normativa, la última estadística publicada por la Conselleria de Sanidad, correspondiente al año 2021, no deja ligar a dudas. De los 8.099 abortos que se notificaron en esta autonomía durante el año pasado, alrededor de 3.000 en la provincia de Alicante, solo el 8,6% se hicieron en algún centro público, mientras que el 91,4% de las intervenciones fueron realizadas en centros privados, en muchos casos por la objeción de conciencia de los médicos y en otros, por la falta de implicación de los hospitales a la hora de garantizar este derecho.

"Cuando alguien va a operarse de cataratas o de cualquier otra cosa y se le deriva a un centro privado, nadie se plantea si tiene que recibir un tipo de sedación u otra ni mucho menos que sea el paciente el que tiene que pagarla. ¿Por qué sigue ocurriendo esto en el caso de las interrupciones voluntarias del embarazo?, se preguntan desde ACAI, la Asociación de Clínicas Acreditadas para llevar a cabo estas intervenciones. Fuentes de esta agrupación recuerdan que en la Comunidad Valenciana llevan "años luchando" para conseguir que se modifique este punto y lamentan que ésta sea una de las pocas zonas del país donde la sedación general sigue sin incluirse dentro de las prestaciones para las mujeres que abortan en estos centros, a diferencia de lo que ocurre en la gran mayoría de autonomías.

La provincia con mayor número de médicos objetores

La provincia de Alicante concentra a 43 de los 73 ginecólogos de la Comunidad Valenciana que se han declarado objetores para practicar abortos por debajo de la semana 14, tal y como contempla la ley desde el año 2010.

Estos 43 médicos trabajan en tres de los diez hospitales públicos de la provincia. En concreto, en el Hospital Doctor Balmis (Hospital General de Alicante), donde los 27 ginecólogos del servicio se han declarado objetores. El segundo centro con más personal médico que se ha mostrado contrario a la interrupción voluntaria del embarazo es el Hospital Comarcal de la Marina Baixa, donde 12 de los 14 ginecólogos se han declarado objetores. Y, por último, en Alcoy, donde cuatro de los 13 facultativos del servicio también han mostrado su rechazo a practicar abortos, según la información aportada en su día por la Conselleria de Sanidad a una pregunta realizada por la diputada de Compromís, Mónica Álvaro.

Aplicada sobre el total de las plantillas de los hospitales, la objeción supone el 25% de los 171 ginecólogos que trabajan en la provincia de Alicante, mientras que a nivel de la Comunidad el peso es menor, ya que sólo el 15% se han declarado objetores. Por tanto, aunque el número de derivaciones de la pública a la privada se mueve prácticamente en los mismos porcentajes en las tres provincias, en los centros alicantinos esta situación sería aún más gravosa al tener un mayor número de facultativos que se niegan a practicar abortos.

"No es de justicia que volvamos siempre a lo mismo: que la mujer que tiene dinero se pueda pagar la sedación y la que no, tenga que aguantarse", lamenta Francisco Valero, vocal de ACAI en la Comunidad y director médico de las Clínicas Deia Médica, una de las que tiene concierto con la Conselleria para estas intervenciones. Este facultativo recuerda que en los abortos espontáneos, la pública sí emplea la anestesia general, por lo que no encuentra sentido a que esta técnica no se asuma para las mujeres que se derivan a la privada. Por eso, algunos de estos centros han decidido dejar de cobrar la anestesia general a las mujeres que acudan estos días derivadas de la Sanidad pública, una medida de protesta con la que quieren recordar al departamento que dirige Miguel Mínguez que urge solucionar este asunto.