Ni rastro del expediente para que Suma se haga cargo de cobrar los impuestos a los alicantinos en el orden del día de la Comisión de Hacienda, convocada para este viernes (9:00 horas), como previa de la celebración del pleno ordinario del mes, previsto para el 29 de septiembre.

En la convocatoria oficial figuran tres puntos y ninguno tiene relación con el convenio promovido por el gobierno de Barcala para cambiar la gestión de los tributos. En el orden del día aparece el trámite de la aprobación del acta de la sesión anterior, junto a la desestimación del recurso de reposición interpuesto por una mercantil frente a un acuerdo plenario que acordó la declaración de especial interés y utilidad municipal para un 25 % de la obra de construcción de un edificio para uso dotacional-equipamiento residencial en la calle deportista Isabel Fernández. También figura el incremento de la cuantía global de productividad y gratificaciones.

Pero ninguna alusión al plan de Barcala para que Suma, el organismo dependiente de la institución provincial responsable de gestionar y recaudar los tributos municipales en la provincia, se haga cargo de cobrar los impuestos a los alicantinos. Si el gobierno municipal pretende que el asunto se aborde en el pleno ordinario de septiembre debería llevarlo a la comisión por vía de urgencia.

El silencio de los últimos días ha generado más dudas si cabe en los grupos de la oposición, que ya mostraron sus recelos sobre el traspaso de competencias tras la reunión informativa convocada el pasado viernes por el bipartito con los representantes de los grupos municipales, a la que también asistieron el director de Suma, José Antonio Belso, y la diputada provincia de Hacienda, María Gómez, además de técnicos municipales.

El gobierno municipal, preguntado por este diario, tampoco ha explicado si el expediente finalmente se incluirá en la comisión o si, por el contrario, se aplaza su votación plenaria para evitar que la oposición pueda tumbarlo.

Al término del encuentro de la pasada semana, tanto desde la izquierda como desde Vox cuestionaron en voz alta la intención de Barcala, asegurando que no existen informes concluyentes sobre los beneficios para los alicantinos del modelo de gestión. Todos los grupos compartieron dudas a la hora de cambiar un modelo, el actual, que aseguran que funciona. Y también criticaron en bloque la falta de transparencia del ejecutivo local, que hasta el pasado viernes no informo a la oposición sobre el proyecto, que desveló este diario a principios de mes.

La portavoz adjunta de los socialistas, Trini Amorós, avanzó que su grupo "no va a consentir que Barcala expolie a los vecinos de Alicante más de cuatro millones por el empeño de traspasar la recaudación tributaria municipal a Suma, un organismo dependiente de la Diputación Provincial". 

Desde Unidas Podemos, el portavoz, Xavier López, aseguró que la concejala de Hacienda, la popular Lidia López, "no ha dado ni una sola razón de peso para trasladar la gestión tributaria del ayuntamiento al órgano de la Diputación, Suma".

También desde la bancada de la izquierda, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, defendió que "si una cosa funciona bien, para qué cambiarla", a la vez que cuestionó el "traspaso de competencias a la Administración provincial". 

Pero no solo la izquierda dudaba, y mucho, de la conveniencia de traspasar a Suma el cobro de los impuestos. Tampoco gustó en Vox. El portavoz, Mario Ortolá, afirmó no encontrar "argumentos de peso que determinen que sea necesaria realizar ahora mismo esta cesión".

A ese rechazo también se sumaron quince entidades vecinales de la ciudad, que se han unido para mostrar su oposición al plan liderado por el alcalde, Luis Barcala, para dejar en manos de Suma el cobro de los impuestos municipales. Las asociaciones de Benalúa "El Templete", Virgen del Remedio, Garbinet-Bulevar, Colonia Requena, Gran Vía Sur, Juan XXIII Segundo Sector, Divina Pastora, La Voz de la Florida, San Antón, Alipark, Laderas del Benacantil, Movimiento por Benalúa, Villafranqueza, Doctor Rico y Barrio José Antonio "Sol d'Alacant" han firmado recientemente un documento en el que manifiestan el "total rechazo a esta medida por entender que perjudica gravemente los intereses de la ciudad de Alicante".

"No entendemos por qué Barcala quiere regalar cuatro millones al señor Mazón cuando la gestión municipal funciona de una manera eficaz y no tiene ningún problema de funcionamiento. Si el señor Barcala quiere regalar cuatro millones del erario público, que los regale de su bolsillo, pero no del bolsillo de todos los alicantinos", señalan en el escrito, en el que exigen al regidor popular que destine esa cantidad "que quiere regalar a Suma, a las Juntas de Distrito para que ellas decidan cómo gestionar ese dinero atendiendo a las necesidades de los barrios que tienen muchas deficiencias por la escasa preocupación del señor alcalde".