«No entendía por qué si mi oferta era mejor desde el Ayuntamiento me decían que tenía que pactar con la otra empresa». El denunciante del caso Isjoma, el empresario José Antonio Alavés, declaró este jueves en el juicio que sienta en el banquillo a los exediles de Alicante Andrés Llorens y Juan Zaragoza y sostuvo ante el tribunal que acudió a la Fiscalía porque «la valoración que habían hecho de mi oferta me parecía un robo a la ciudad».
Las presuntas irregularidades se produjeron en el año 2009 durante el concurso para adjudicar el servicio de montaje de escenarios y suministro de sillas para eventos festeros. Dos empresas concurrían a la convocatoria: Alavés e Isjoma. A pesar de que la primera era 980.000 euros más barata, el técnico decantó la contrata a favor de la segunda. Alavés explicó que recibió una llamada de Juan Zaragoza, que entonces era concejal de Hacienda y vicepresidente de la mesa de contratación, diciéndole que tenía que pactar con Isjoma y llegar a algún acuerdo para trabajar juntos porque la contrata se la iba a dar al otro. Un aviso que se produjo tras una comida de Zaragoza con el empresario de Isjoma, Isidro García, también acusado, y en la que, según Alavés, el exedil insinuó que el empresario encausado le había ofrecido un reloj. Alavés precisó que no recordaba las palabras exactas pero que del contexto se deducía el intento de soborno.
«Me aseguraba que la oferta de Isjoma para optar al concurso la habían hecho técnicos del Ayuntamiento», puntualizó, para insinuar que había connivencia con esa empresa. El denunciante sostuvo que por ese motivo decidió contratar a un detective privado para grabar «de manera legal» a Zaragoza diciendo lo mismo que le había dicho. Esa entrevista grabada se celebró en el despacho de Alavés y se aportó en la denuncia que se presentó en la Fiscalía.
«Zaragoza me dijo que iba a poner todas las irregularidades en conocimiento de Llorens, que él no podía hacer nada porque no dependía de su concejalía, pero que podíamos ser la punta del iceberg y, si había denunciar en el juzgado, él vendría conmigo», relató. Sin embargo, «pronto me di cuenta de que en el Ayuntamiento nadie quería hacer nada» y que «todos lo sabían y miraban hacia otro lado». Alavés sostuvo que «lo único que quería era que otro técnico revisara la documentación e hiciera un nuevo informe», una petición que llegó a trasladar al edil de Atención Urbana, Andrés Llorens.
En 2015, el Tribunal Superior de la Justicia (TSJ) anuló el concurso al considerar que el informe que determinó que Isjoma se hiciera con la contrata contenía valoraciones incorrectas y subjetivas del técnico y que la empresa de Alavés debía haber ganado el concurso. El dictamen tumbado por el TSJ fue redactado por el entonces jefe de Atención Urbana, Víctor López, que estuvo acusado en este proceso y que falleció el año pasado durante la pandemia.
Según Alavés, Zaragoza le dijo que los funcionarios que habían redactado la oferta de Isjoma eran Víctor López y Diego Agulló, otro funcionario del área de Comercio que en su día ya fue exculpado por estos hechos. El propio Agulló declaró el miércoles como testigo y rechazó tajantemente haber elaborado el pliego para Isjoma. El inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional aseguró que en el análisis de los ordenadores de la empresa investigada «no se pudo acreditar la existencia de esa irregularidad en el concurso público».
El inspector señaló que en los ordenadores de Isjoma se halló documentación del Ayuntamiento relativa al concurso. «Cuando se hizo el registro esa información ya era pública y no podemos acreditar cómo llegó y cuándo», aclaró.
Contratación paralela
Sin embargo, el responsable policial aprovechó su declaración en el juicio para modificar una conclusión del informe y afirmar que sí veía irregularidades en las adjudicaciones a dedo que recibió Isjoma del Ayuntamiento de Alicante al margen del contrato. Entre los años 2007 y 2009, la corporación firmó con Isjoma hasta 277 contratos menores por un importe de 841.310 euros al margen de los cuatro millones que ya percibía de la Corporación. La Fiscalía acusa a los implicados de establecer un sistema de contratación paralela. El inpector aseguró que todos esos servicios se deberían haber incluido dentro de la contrata.
Plantillas en blanco para las certificaciones
La Policía encontró en los ordenadores de Isjoma plantillas en blanco del Ayuntamiento para certificaciones en los ordenadores de Isjoma, según declaró en el juicio el inspector de la UDEF. «Es una documentación que no debería estar allí», aseveró, pero admitió que se trata de una circunstancia en la que no se pudo profundizar mucho más durante el desarrollo de las investigaciones. El juicio se retomará el martes de la próxima en la Audiencia. J. A. M.
