En el Día Internacional Contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas que se celebra este 23 de septiembre, Unidas Podemos reclama una vez más al bipartito de Alicante la derogación de la ordenanza contra la mendicidad y la prostitución, que tildan como la "ordenanza de la vergüenza".

En un comunicado, la coalición acusa al gobierno de Barcala de "continuar defendiendo una norma que criminaliza y ejerce una doble violencia, también la institucional, contra posibles víctimas de trata”. La ordenanza está a punto de cumplir medio año en vigencia.

La concejala Vanesa Romero afirma que “es necesario reparar las vidas y la historia de estas mujeres, no multarlas". "Por eso llevamos esta norma al TSJ, por eso desde Unides Podem, no vamos a parar hasta su derogación”, señala la edil, quien apunta que “desde el ministerio de Irene Montero se ha puesto en marcha el Plan Camino, un paquete de medidas encaminadas a asegurar vivienda, educación, sanidad, formación y empleo a mujeres víctimas de trata, explotación sexual y en contextos de prostitución". Mientras, según continúa, Barcala sigue "persiguiéndolas y criminalizándolas a través de su ordenanza de la vergüenza, ejerciendo más violencia sobre ellas”. 

Desde Unides Podem-EU se comprometen, según la nota, "a hacer todo lo posible para parar una norma que persigue y criminaliza a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, dejándolas en absoluto estado de indefensión”, aunque sin más concreción. En esta línea, recuerdan que ya iniciaron a comienzos de año la vía judicial para derogar esta ordenanza.

El primer y hasta ahora único balance conocido de sanciones, el Ayuntamiento informó a los dos meses y medio después de que la controvertida ordenanza contra la mendicidad y la prostitución entrase en vigor que se habían puesto 94 sanciones por diferentes conductas incívicas durante abril y mayo. "Los agentes de la Policía Local han tramitado 80 denuncias a aparcacoches -también conocidos como “gorrillas”-, cuatro por miccionar en la vía pública y 10 por ruidos y a transeúntes desnudos", añadieron.

Esto suponía que el resto de actas levantadas por agentes de la Policía Local, como la registrada a una mujer que pedía en la avenida Alfonso el Sabio finalmente no se tramitaron, pese a que los agentes recurrieron a la polémica norma para obligar a la persona a levantarse y dejar de pedir dinero. En ese arranque de entrada en vigor, también se sancionó a un hombre por pedir en la Explanada. Otra acta de denuncia levantada de la que tuvo constancia este diario fue a mediados de mayo a un joven con discapacidad que pedía en un semáforo de la avenida de México con el argumento de que "obstaculizaba" el tráfico.

Al mismo tiempo, según informó el gobierno municipal el pasado mes de junio, los agentes "han informado durante este período a 51 personas que ejercían la mendicidad en lugares de tránsito público de los recursos sociales que presta el Ayuntamiento para recibir las ayudas necesarias, así como la disponibilidad de un lugar para pernoctar durante un primer mes". De hecho, prosiguieron desde el ejecutivo de Barcala, "el Ayuntamiento ha creado un grupo de la Policía Local adscrito a la Concejalía de Acción Social para atender a las personas desfavorecidas".