Cerca de un centenar de símbolos de la dictadura sobreviven a día de hoy en Alicante, la última provincia en ser conquistada por el ejército franquista en 1939. Multitud de placas, inscripciones, monumentos y honores que todavía no han sido retirados en sus respectivos municipios.
Según la última actualización del "Catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura", elaborado por la Conselleria de Calidad Democrática, en total son 85 los elementos pendientes de retirada en las diferentes localidades de la provincia.
Sin embargo, la cifra real podría ser muy superior, ya que uno de los principales escollos con los que se ha topado la conselleria para la elaboración del listado ha sido la falta de colaboración de los ayuntamientos: más de 80 no han respondido a la solicitud de información.
En septiembre de 2021, Calidad Democrática publicó un primer listado en el que se incluían en torno a 150 "restos" de la dictadura y la Guerra Civil repartidos por toda la provincia. A pesar de que en ese momento la conselleria dio un plazo de cuatro meses a los ayuntamientos para su retirada, más de la mitad de los vestigios todavía permanecen en sus emplazamientos.
De los 65 elementos retirados, su mayoría son placas de VPO instaladas por el antiguo Instituto de la Vivienda con los símbolos del yugo y las flechas, pero también monumentos -como la Cruz de los Caídos de Callosa de Segura- y honores, como el título de "alcalde honorario" que Banyeres de Mariola otorgó al dictador Francisco Franco, y que ya ha sido revocado.
También se han suprimido nombres de calles como la del "Generalísimo" o la plaza de José Antonio, en Daya Nueva, y símbolos como el escudo franquista con las inscripciones "Non plus ultra" y "Una grande y libre" que coronaba la fachada principal de los antiguos juzgados de Orihuela.
Según el listado, actualizado por la conselleria el pasado 22 de septiembre, entre los elementos que aún permanecen destacan varios monumentos "a los caídos" como los de Algueña, la cruz de la plaza Calvo Sotelo de Alicante o el de la plaza del Convento en Altea.
Además, se mantienen títulos honoríficos como la medalla de oro al dictador en Altea o el nombre del CEIP Primo de Rivera -a quien el Ayuntamiento concedió el título de hijo adoptivo en 1925- de Callosa de Segura.
Un 40% de municipios no colabora
Iñaki Pérez, director general de Calidad Democrática, recuerda que en 2021 cerca del 40% de los municipios no habían contestado a la petición de información de la conselleria. Un déficit que se ha logrado reducir en el último año "gracias a la colaboración de asociaciones y particulares".
Durante los primeros meses de este año, se han enviado requerimientos de retirada a los distintos ayuntamientos. Una acción que Pérez valora positivamente ya que, además de los símbolos ya eliminados, "existen planes para suprimir muchos elementos en el futuro".
En cuanto al objetivo, el director general afirma que "la cuestión es avanzar en tener espacios públicos donde no se exalte ni tengan honores aquellas personas que propiciaron el golpe de estado del 36 y 40 años de dictadura".
Pérez confía en que "poco a poco se se complete el objetivo" para que en las calles y plazas de la Comunidad se reconozca "a quienes han luchado por mejorar la sociedad inculcando valores democráticos, científicos o educativos".
Excepciones por "valor artístico"
Acogiéndose al dicho popular "hecha la ley, hecha la trampa" distintas administraciones se han excusado en el "valor artístico" de algunos elementos para rechazar su retirada. Una excepción prevista en la Ley del Escudo de 1981, que ordenaba mantener los emblemas existentes en los edificios que constituyan monumentos históricos-artísticos o en los que puedan quedar dañados al retirar los elementos.
Es el caso del escudo que corona la sala de operaciones del Banco de España en Alicante, con una vidriera en la que aparece la imagen del águila de San Juan. En el año 2013, con Mariano Rajoy como presidente, el Gobierno rechazó retirar el emblema debido a que "supondría atentar contra la integridad del conjunto" y podría ocasionar "riesgos" sobre su conservación.
En una respuesta parlamentaria, el Partido Popular afirmaba que la imagen preconstitucional "puede ayudar a las generaciones futuras a reflexionar sobre el periodo de la Historia en que fue construida y a transmitir mejor los valores democráticos".
En 2021, la Conselleria de Calidad Democrática volvió a incluir el mencionado elemento en su listado de vestigios sin que por el momento se haya atendido la petición de retirada.
Algunos monumentos, a debate
En algunos casos, y pese a lo que indica la Ley de Memoria Histórica, determinados grupos políticos y colectivos se han posicionado en contra de la retirada de ciertos símbolos preconstitucionales.
En Elche, el gobierno municipal de PSOE y Compromís ha presupuestado un millón de euros para la renovación del paseo de Germanías, que incluye la retirada de la cruz de los caídos.
Una decisión que no gustó en absoluto a la derecha ilicitana: PP, Vox y Ciudadanos tacharon la reforma de la plaza de "innecesaria" al mismo tiempo que siguen defendiendo la permanencia del controvertido símbolo y aseguran que la retirada es una excusa para tapar la "nefasta" gestión municipal.
De hecho, existe una plataforma creada expresamente para la "protección" de este símbolo ilicitano que ha llegado a congregar a 400 personas junto a la cruz para solicitar que se mantenga en su emplazamiento actual.
