El descontrol de los precios de la energía eléctrica, y la falta de respuesta de la empresa estatal Acuamed, gestora de la producción de agua desalada, para buscar fórmulas y lograr una energía eléctrica más barata (la incorporación de la energía fotovoltaica en las plantas tardará aún algunos años en estar operativa) han provocado ya un agujero económico en muchos de los municipios obligados a utilizar agua desalada para el abastecimiento de los ciudadanos. Fuentes del sector advierten de que el coste del agua desalada, que está ya por encima del 1,2 euros a pie de planta -a partir de ahí hay que transportarla- se ha duplicado en los últimos doce meses. Coste que deber se trasladado al recibo que pagan los ciudadanos. Los municipios acusan a Acuamed de comprar la electricidad a precio de oro. Esto, unido a la reducción de los trasvases y el incremento de la utilización de agua desalada, forma un cóctel letal para los ayuntamientos, que son los que tienen que asumir la subidas y trasladarlas después a sus vecinos, a no ser que engorden su deuda.
El aumento sin control del precio de la energía eléctrica en España -el coste del megavatio/hora supera casi todos los días los 300 euros- amenaza, por lo tanto, con poner contra las cuerdas la economía de todos los municipios del arco mediterráneo español y, en concreto, a los de la provincia de Alicante cuyo abastecimiento se sustenta ya, en gran medida, en el agua desalada debido a los recortes en el trasvase Tajo-Segura.
La desalación permite una garantía de suministro hídrico pero muy caro, como lo demuestra el que el coste de la producción de un metro cúbico de agua desalada se ha duplicado en los últimos doce meses, al pasar de los 0,60 euros/m3 al 1,2 euros/m3 actuales.
Coste a pie de planta al que hay que sumar el traslado de los caudales a los depósitos y su distribución posterior a los hogares. Según expertos consultados por el periódico, la situación empieza a ser muy preocupante y no solo para los abastecimientos, sino también para la industria, que también utiliza agua desalada, ya que el coste energético representa el 70% del total para producir un metro cúbico de agua desalada, por lo que nadie duda en el sector del agua que los precios subirán en 2022.
Hasta ahora, la Mancomunidad de Canales del Taibilla que abastece a 35 ayuntamientos de la provincia, entre ellos Alicante y Elche, la está cobrando hasta ahora a 0,69 euos/m3 -precio al que hay que añadir después el transporte y otros costes- pero se trata de una tarifa que sale de mezclar el agua desalada con la del trasvase del Tajo, la del propio río y los acuíferos. En los últimos años la contribución de las desaladoras Alicante I y II en Agua Amarga va en aumento, debido a la disminución del envío del agua del Tajo, por lo que los costes subirán aún más en 2023.
El aumento de la factura de la luz, imparable, va a tener un efecto dominó en el coste del agua en todos los municipios, tanto los que utilizan agua desalada como los que se abastecen de acuíferos y embalses. En la Marina Baixa, con Benidorm como epicentro del consumo, casi el 20% del presupuesto del Consorcio es gasto energético, al tener que elevar el agua de los embalses y el kilovatio hora ha subido de los seis/ocho céntimos de euros a los 30 céntimos actuales, lo que complica cada vez más el equilibro de los precios.
La Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó ha dado un nuevo paso adelante esta semana para cerrar el acuerdo alcanzado con Acuamed y la Confederación Hidrográfica del Júcar para consolidar durante los próximos diez años el trasvase Júcar-Vinalopó con un precio de 0,24 euros/m³ para los regantes, a cambio de cerrar los acuíferos. La Junta ha logrado en una asamblea general el apoyo con 1.200 fotos a favor de continuar la negociación, 749 en contra y 6 votos en blanco.
El motivo de la disidencia se basa en que una parte de los usuarios, los municipios, están en contra de tener que pagar la factura que supuso el cambio de toma del agua de Cortes de Pallás al Azud de la Marquesa (Cullera), por lo que el caudal solo sirva para riego. A esto se suma que los ayuntamientos tienen que seguir sacando agua de los acuíferos, cerrados para el campo, y abastecerse también de agua desalada, cuyo precio está desorbitado por el descontrol de los precios de la electricidad.
Otros votos en contra han llegado, por otro lado, de aquellas comunidades de regantes que siguen sin estar enganchadas a la infraestructura del postrasvase -reparto del agua desde Villena- debido al retraso que sufren las licitaciones de la Generalitat y por el hecho de que algunas no tienen ni el proyecto redactado. El tiempo empieza a apretar para el cierre del convenio definitivo ya que el envío de los caudales del Júcar tras el acuerdo provisional de este año caduca el próximo 31 de diciembre. No obstante, ambas partes, Junta Central y Ministerio para la Transición Ecológica, se muestran esperanzados para lograr un escenario favorable para todos.
El Ministerio está dispuesto a servir el agua más barata en los primeros años para recuperar después costes un vez que se haya incorporado al trasvase la energía fotovoltaica, que requiere, no obstante, unos cien millones de euros de inversión. El borrador del acuerdo contempla que el trasvase vaya aumentado progresivamente cada anualidad durante los 10 año de vigencia del acuerdo: desde los 7,9 hm³ de 2023 a los 34,1 hm³ de 2033, a partir del cual se procederá al cierre total de los acuíferos para la agricultura.
La Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó llegó a un principio de acuerdo con la Confederación Hidrográfica el Júcar y la empresa estatal Acuamed -las bases del futuro convenio tendrán que se ratificadas por una asamblea general de la Junta y la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera- para fijar las normas de explotación del trasvase Júcar-Vinalopó para, en principio, un periodo de diez años, entre 2023 y 2033.
El acuerdo fija un precio máximo del agua de riego de 0,24 euros el metro cúbico, y el compromiso de Acuamed de ir aumentado progresivamente la cantidad de agua de riego desde los 7,9 hm³ iniciales el año que viene a un total de 34,1 hm³ en 2033. Un caudal que se elevará año tras año que incluirá en su tarifa, si al final se aprueba, la polémica amortización de los 200 millones de euros que el Gobierno endosó a los usuarios del agua de Vinalopó, l`Alacantí y Marina Baixa, tras el cambio de toma del agua de Cortes de Pallás al Azud de la Marquesa, donde sigue habiendo problemas con la calidad.
Otro de los avances para fijar las bases definitivas del trasvase Júcar-Vinalopó es que la Confederación Hidrográfica del Júcar se compromete a que los ayuntamientos y los agricultores sigan extrayendo agua de los acuíferos. Para uso urbano el agua subterránea está garantizada -elevar agua desalada al Medio y Alto Vinalopó es un disparate económico- y los agricultores irán captando menos caudal a medida que éste vaya fluyendo por las tuberías del trasvase, según apunta Ángel Urbina, portavoz de la Junta Central.
