El Juzgado de los Social número 1 de Alicante ha declarado en situación de insolvencia a Huerto Social Alicante, una empresa cuyo administrador único es el concejal José Bonet (Vox), quien a principios de este mandato reconoció un patrimonio de 2,3 millones de euros en su declaración de bienes. La sociedad debía hacer frente al pago de 13.877 euros en respuesta a una sentencia por despido improcedente. Previamente, la empresa también fue condenada por contratos irregulares e impago de nóminas.

En el decreto judicial, dictado este mes de septiembre, se explica que el procedimiento seguido en el Juzgado de lo Social, "en reclamación sobre despido y acordado el embargo de bienes al deudor para la exacción de las cantidades que se le reclamaban, dio resultado negativo". Así, tendrá que ser el Fogasa (el Fondo de Garantía Salarial, un organismo autónomo de España adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social) el que haga frente a parte de la cantidad dictada por el juez tras la sentencia que recogía que la empresa despidió de manera improcedente a una trabajadora a la que, además, dejó de pagar cerca de 7.000 euros en los catorce meses que trabajó para la empresa.

Según lo que se desprende de la sentencia, a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, la sociedad administrada por Bonet despidió a la trabajadora a consecuencia de una "clara transgresión de la buena fe contractual" y le entregó un finiquito -después de más de un año de trabajo- de 76,56 euros. Sin embargo, la magistrada María del Pilar Marín Rojas considera un "hecho probado" que en el presente caso "no hay causa alguna", ya que la empresa no se apoyó "en ningún hecho concreto".

Además, por lo que respecta al contrato de la extrabajadora, que era de tipo temporal, el juzgado recuerda que, según el Estatuto de los Trabajadores, este tipo de contratos pueden extenderse durante un máximo de tres años, prorrogables otros doce meses. En el caso de la mujer despedida por la empresa de Bonet, la relación contractual se prolongó durante cuatro años y cinco meses, por lo que el contrato debería haberse convertido en indefinido.

Al margen de lo anterior, la parte central de la demanda se enfoca en el salario percibido por la trabajadora durante los catorce meses que formó parte de la plantilla de Huerto Social Alicante. Entre enero de 2020 y febrero de 2021 -cuando fue despedida- la mujer percibió por su trabajo a tiempo completo mensualidades de entre 500 y 700 euros, lo correspondiente a una jornada parcial.

Para la magistrada, la demandante "ha acreditado la antigüedad y la jornada completa" en la empresa, algo que además quedó corroborado por dos testigos. Por ello, estima que debería haber percibido un total de 16.343 euros brutos por el tiempo trabajo, cuando en realidad la mercantil de Bonet no llegó a abonarle ni 10.000 euros.

Por todo ello, la magistrada del Juzgado de lo Social número 1 de Alicante declaró la improcedencia del despido, condenando a la empresa administrada por el edil de ultraderecha a optar entre la readmisión o la indemnización de 5.800 euros a la trabajadora. También impuso a la mercantil la obligación de abonar 6.801,06 euros en concepto de diferencias salariales, más los intereses del 10% que ascienden a 680,10 euros.

Previamente, la mercantil alicantina Huerto Social Alicante fue condenada por el despido improcedente de uno de sus trabajadores en 2021. Según la sentencia -que es firme y no ha sido recurrida- a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, se consideran "hechos probados" que el exempleado fue despedido en febrero de 2021, alegando la empresa "la finalización de la obra o servicio para el que fue contratado". Un despido por el que la mercantil del edil de Vox abonó 312,46 euros al que fuera su empleado.

No obstante, el documento refleja que al tiempo de la extinción del contrato, al trabajador se le adeudan 1226,62 euros por vacaciones no disfrutadas y 798 euros correspondientes a la paga de beneficios.

La sentencia de la magistrada estimó íntegramente la demanda contra Huerto Social Alicante, por lo que condenó a la mercantil a que indemnizase al trabajador con más de 1.300 euros o a que lo readmita en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido. Además, también condenó a la empresa del concejal de Vox a abonar al trabajador 2024 euros en concepto de salarios impagados y 226 euros de intereses de demora.

Tras esas sentencias, la empresa cerró este verano, lo que provocó quejas entre los clientes. Los afectados por la clausura de la empresa aseguraron que no habían recibido ninguna justificación más allá de una carta y lamentaron que el tiempo que Bonet les ha dado para abandonar por completo sus parcelas -el mes de agosto- era insuficiente.

Huerto Social Alicante alquilaba parcelas para cultivo de entre 70 y 120 metros cuadrados por entre 50 y 80 euros al mes, más los correspondientes gastos de regadío. Ahora, los clientes de la mercantil no solo denunciaron que perderían cosechas de sandía o calabaza, previstas para recolectar en septiembre u octubre, sino que además habían realizado en muchos casos inversiones en material o vallado que ahora no podrán ser rentabilizadas.

Según explicó el edil este verano, en el seno de su mercantil podría haberse cometido "administración desleal, extorsiónrevelación de secretoscoacciones y otros delitos societarios". Sostuvo además que "empleados desleales" y su anterior socio contribuyeron al cierre de Huerto Social.

En cuanto a los detalles de los hechos presuntamente delictivos, el todavía administrador de la empresa señaló que "por respeto a la Justicia y a la investigación judicial en curso" no puede facilitar más datos por el momento.