El Debate sobre el Estado de la Ciudad de este viernes mantendrá el formato clásico, el que se ha ido desarrollando desde que se celebró por primera vez en 2012, durante el gobierno de Sonia Castedo. Es decir, con dos intervenciones por grupo municipal (una inicial de 15 minutos y una réplica de 10 minutos), además de la participación (sin tiempo máximo) de alcalde de Alicante, Luis Barcala.

El informe jurídico de la Secretaría General de Pleno, en respuesta a la petición propuesta por la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, avala la postura defendida por los socios del bipartito, que rechazaban la propuesta de la izquierda municipal de introducir compromisos políticos que se votaran durante la sesión.

El secretario, eso sí, añade que el informe, "aunque preceptivo, no es vinculante", al tratarse de "criterios de apreciación técnica que no impide que el Pleno de la Corporación pueda adoptar, según criterio de la mayoría de sus miembros, el acuerdo que considere más oportuno". No parece que pueda acordarse ningún cambio en el modelo, ante el rechazo a incluir novedades del bipartito, como confirmó el portavoz del ejecutivo local, Antonio Manresa, en la rueda de prensa de este martes posterior a la Junta de Gobierno.

El texto defiende que, "no existiendo la posibilidad de establecer una parte diferenciada de información y control de los órganos de gobierno en las sesiones extraordinarias, no cabe la posibilidad de presentar ninguna de las iniciativas a que se refiere el artículo 81 del ROP como son las mociones de concejales, mociones de urgencia, comparecencias, ruegos, preguntas o declaraciones institucionales". Añade que "no distinguiendo en estos supuestos si la iniciativa tiene carácter resolutorio o no lo tiene".

Seguidamente, el informe apunta que "son sesiones extraordinarias aquellas que celebra el Pleno, con este carácter, por decisión del alcalde o cuando lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación". También, según prosigue, "tendrán este carácter las sesiones de debate sobre el estado de la ciudad", agregando que "corresponde a la Junta de Portavoces determinar el momento y la forma en que se desarrollarán estas sesiones, que no tendrán carácter resolutorio".

Al respecto, el informe dictamina que sobre "la función de la Junta de Portavoces de determinar el momento y la forma en que se desarrollarán las sesiones no puede interpretarse en ningún caso como la posibilidad de introducir nuevas formas de control de los órganos de gobierno por parte de los Concejales y se refiere únicamente -según afirma- a la posibilidad de introducir modificaciones en los tiempos de debate, modificaciones en los turnos, modificaciones en el orden de los puntos del orden del día, en acordar una o varias intervenciones y en general únicamente aspectos de forma y no de fondo". Según el secretario, "no puede considerarse dentro de los términos 'momento' y 'forma' la posibilidad de introducir nuevas formas de control de los órganos de gobierno".

Además, respecto a la petición de la portavoz adjunta socialista, Trini Amorós, de promover "cualquier otra fórmula que permita la ley para poder presentar propuestas para su debate y votación", el informe defiende que "ni la Ley reguladora de las bases del régimen local (LRBRL) ni el Reglamento Orgánico de Pleno (ROP) prevén otra fórmula para poder presentar propuestas para su debate y votación por parte de los diferentes grupos municipales y menos en una sesión extraordinaria".

Así, a modo de conclusión, el informe entierra el intento de la izquierda de modificar el formato del último Debate sobre el Estado de la Ciudad antes de las elecciones que se celebrarán a finales de mayo, salvo que exista un acuerdo previo de los grupos, que no parece previsible ante el rechazo del bipartito a cambiar el formato del debate de este viernes. "Esta Secretaría considera que, desde el punto de vista jurídico, no cabe aceptar la solicitud", finaliza el texto jurídico.