Las acusaciones en el caso Isjoma concluyeron este jueves en sus informe finales que los exconcejales del PP de Alicante Andrés Llorens y Juan Zaragoza «conocían antes de la adjudicación a esta mercantil que el contrato podía ser delictivo». Para respaldar esta tesis, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular que ejerce el empresario José Antonio Alavés a través del abogado José Alberto Ferrer Pallás, se apoyaron en la grabación de una reunión entre el denunciante y el exedil Zaragoza, donde el político habla de la existencia de irregularidades en el concurso y de las que, asegura, que Llorens estaba al tanto. Éstas habrían consistido en que técnicos municipales habían ayudado a Isjoma. Conclusiones rechazadas por las defensas, que consideraban que todo partió de unos «rumores» descartados luego por la investigación policial.

El juicio por el llamado caso Isjoma quedó este jueves visto para sentencia en la Audiencia de Alicante. La Fiscalía mantuvo la petición de tres años de cárcel y 25 de inhabilitación para Andrés Llorens por prevaricación; mientras que para Zaragoza se reclama un año de cárcel y siete de inhabilitación por el mismo delito y por revelación de secretos. Se acusa también al empresario de Isjoma , Isidro García, y a dos técnicos municipales. En esta causa estaba imputado también el exjefe de Atención Urbana, Víctor López, que falleció el año pasado. Les acusan de haber beneficiado a Isidro García y a su mercantil Isjoma en el contrato del montaje de escenarios y suministro de sillas en actividades festeras en el concurso de 2009 y al que optaba Alavés con una oferta 960.000 euros más barata. El TSJ anuló ese concurso en 2015 y resolvió que la contrata debió haber sido para Alavés. Isjoma ganaba el concurso desde 1987.

El fiscal Felipe Briones sostuvo que, ante las sospechas, «nada impedía encargar un nuevo informe para revisar el dictamen de Víctor López que resolvía dar la oferta a Isjoma». Mientras que desde la acusación particular se incidió en que «había una connivencia entre Víctor López e Isidro García y los concejales lo sabían y optaron por mirar hacia otro lado. La contrata estaba viciada», aseguró Ferrer. Ambos acusadores consideraron insuficiente la paralización de la adjudicación ordenado por la entonces alcaldesa Sonia Castedo mientras se hacía un informe, que se limitó a constatar que la tramitación administrativa fue correcta.

Otra de las irregularidades denunciadas es que entre 2007 y 2009, Isjoma recibió 277 contratos menores al margen del contrato principal y que ascendieron a 841.000 euros. Adjudicaciones a dedo para las que, según el fiscal, «hubo una total omisión de los procedimientos legales» e incidió en que Llorens era la personas competente para contratar y establecer las normas entre sus subordinados, «no podía renunciar».

Discusión con el fiscal

La defensa de Llorens, el abogado Fernando Candela, tuvo un pequeño enganchón con el fiscal durante su informe, al aludir a otros procesos de Anticorrupción que habían llevado al banquillo al exedil. «Esto es una vieja historia», dijo, a lo que el fiscal le contestó airadamente «¿está diciendo que lo estamos persiguiendo?», ante lo que Candela acabó retirando la alusión. El letrado insistió en que Llorens hizo lo que le decían los técnicos y que no había ninguna alerta de ilegalidad por parte de nadie, subrayando que sobre la mesa del entonces concejal de Atención Urbana y vicealcalde de la ciudad pasaban centenares de documentos. «Un informe realizado por un técnico tiene presunción de veracidad y el delito se habría cometido si Llorens hubiera desoído a los técnicos», recalcó.

Por su parte, la defensa de Juan Zaragoza incidió en su petición de nulidad de la grabación al exedil que puso en marcha el proceso. El letrado Pascual Benito Mirambell subrayó que «no ha habido una cadena de custodia que garantice que la grabación no haya sido manipulada durante estos años». Para esta defensa no hay ninguna prueba en el procedimiento de que Zaragoza filtrara información reservada del concurso y señaló que el contrato se hubiera adjudicado estuviera o no presente Zaragoza en la reunión de la mesa de contratación. «No se puede acusar al señor Zaragoza por haber creído inicialmente un rumor que luego se demostró que era falso», subrayó.

«Sorprende que se siga diciendo que técnicos municipales redactaron la propuesta de Isjoma, cuando la investigación ha probado que esto no fue así», aseguró el abogado de Isidro García, Luis Santamaría, incidiendo en que la acusación se ha mantenido a pesar de que hay hasta siete informes policiales exculpatorios. «Alavés se impuso a través de criminalizar el proceso de adjudicación y la Fiscalía le ha comprado la película», señaló, incidiendo en que el proceso ha llevado a la ruina a Isjoma, que acabó cerrando al negarse el Ayuntamiento a contratarla. Por su parte, las defensas de los técnicos acusados señalaron que éstos no tenían capacidad para adjudicar nada. En el caso de uno de ellos, defendido por el abogado Juan José Tortosa, éste señaló que los hechos para él están prescritos, aunque descartó que hubiera delinquido.