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El Síndic de Greuges arremete contra el bipartito de Alicante por la "pasividad" al sancionar a viviendas turísticas ilegales

El Defensor del Pueblo valenciano urge al gobierno municipal a tomar medidas para que cesen las molestias a los vecinos del edificio, que llevan más de cuatro años presentando denuncias contra los propietarios de un piso en Virgen del Socorro ante el reiterado alquiler por habitaciones

Una mujer llega a Virgen del Socorro a través de las escaleras que llevan al Postiguet Alex Dominguez

El Síndic de Greuges carga contra el Ayuntamiento de Alicante por la "pasividad" mostrada en "cuanto al ejercicio de sus competencias sancionadoras, olvidando que su actividad debe someterse a los principios de legalidad, seguridad jurídica, responsabilidad, eficacia, confianza legítima, buena fe, servicio a la ciudadanía y buena administración, que no han sido observados". Según insiste el Síndic de Greuges, Ángel Luna, "cabe exigir del Ayuntamiento de Alicante el ejercicio de la potestad sancionadora que es reglado, no discrecional, no es una opción para la Administración Pública".

Así resuelve el Defensor del Pueblo valenciano una queja presentada por una comunidad de propietarios de la calle Virgen del Socorro, que llevan años luchando contra el alquiler vacacional por habitaciones, sin licencia, que practica un vecino del edificio. Los residentes llevan más de cuatro años denunciando la situación de ilegalidad de la vivienda turística, a la que han acudido reiteradamente desde patrullas de la Policía Nacional a brigadas de la Concejalía de Urbanismo, además de inspectores autonómicos de Turismo.

En la resolución, el Síndic urge al gobierno municipal a "adoptar las medidas necesarias para el cese definitivo de las molestias generadas por la vivienda turística". También le pide que "ejerza la potestad sancionadora que corresponde a los ayuntamientos de manera irrenunciable con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio" y que lleve a cabo "la ejecución forzosa de las medidas de suspensión de la actividad de la vivienda turística, si fuera necesario". Además, le reclama que en cumplimiento de los principios de colaboración entre administraciones públicas, "el Ayuntamiento informe al Servicio Territorial de Turismo de Alicante sobre la firmeza del decreto de suspensión de la actividad de vivienda turística, para que inicien el trámite de baja de la inscripción de la vivienda en el Registro de Turismo".

Según recoge la resolución, los vecinos que llevan años denunciando las molestias de la vivienda turística ilegal presentaron una queja ante el Síndic en el mes de mayo de este año, en la que lamentaban la "inactividad del Ayuntamiento de Alicante ante las molestias ocasionadas a la comunidad de vecinos por la actividad ilegal que, desde hace años (en 2018 ya se verifica que incumple la normativa) se estaba ejerciendo en el edificio, relacionada con el alquiler vacacional por habitaciones sin la licencia pertinente".

En la tramitación reflejada en el expediente se hacen constar repetidos incumplimientos de los propietarios de la vivienda turística, sin consecuencias al menos hasta la emisión de la resolución del Síndic. La propia Concejalía de Urbanismo comprueba en una visita en mayo que no se cumple el decreto de suspensión de la actividad de viviendas de uso turístico dictado por el concejal en febrero de 2022. De hecho, cuatro meses después se vuelve a decretar una nueva suspensión de la actividad, que según los vecinos se ha seguido incumpliendo durante todo el verano. En esa fecha, el Ayuntamiento apercibe al propietario de una posible ejecución forzosa y de la posible apertura de un procedimiento sancionador.

Dos meses después, el pasado mes de agosto, el Servicio Territorial de Turismo reitera que el Ayuntamiento todavía no le había remitido la "fecha exacta en la que el citado decreto de suspensión de actividad adquiere carácter de firmeza", lo que, según apuntan, no les permite "iniciar el expediente de baja de la inscripción de a vivienda en el Registro de Turismo".

Otras resoluciones

Esta resolución del Síndic se suma a otra reciente en la que se urgía al Ayuntamiento de Alicante a garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas para evitar que las ilegalidades «se generalicen" en la ciudad. Lo hizo en una resolución tras la queja presentada por un ciudadano que llevaba casi una década intentando que un vecino restaure la legalidad urbanística vulnerada en unas obras sin licencia en su vivienda.

Para el defensor del pueblo valenciano, "dictar resoluciones que, posteriormente, no son efectivamente ejecutadas, convierte en ilusorios los derechos de los ciudadanos y crea el riesgo de que las conductas infractoras se generalicen, ante la ausencia de medidas efectivas de restauración de la legalidad conculcada", según se reflejaba en una resolución que se hizo pública este pasado verano.

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