A principios del mes de agosto el Gobierno anunció un Plan de Ahorro Energético con el objetivo de reducir el consumo de energía en edificios administrativos, recintos públicos, establecimientos comerciales, espacios culturales, estaciones y aeropuertos para facilitar el cumplimiento de los compromisos europeos derivados del conflicto en Ucrania y así disminuir la dependencia del gas ruso.
Entre las medidas que más se han estado repitiendo desde entonces se encuentran la limitación de la calefacción y la refrigeración a 19 y 27 grados, respectivamente y el apagado de los escaparates a partir de las 22 horas y edificios públicos que se encuentren desocupados.
Asimismo, otra de las medidas destacadas ha sido la obligatoriedad de disponer de un sistema de cierre de puertas que evite el despilfarro energético. El Real Decreto-Ley 14/2022 publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ratifica que los espacios que deben acogerse son los que tengan un acceso directo desde la calle y estén climatizados.
Si se toma en consideración la medida -teniendo en cuenta que entró en vigor el 30 de septiembre- se debería estaría diciendo adiós a las puertas abiertas en un alto porcentaje de establecimientos. No obstante, no hay más que echarse a la calle para darse cuenta de que una gran mayoría de espacios comerciales siguen teniendo sus puertas abiertas o no cuentan con el sistema de puertas obligatorio por diversos motivos.
Desde la Confederación Española del Comercio (CEC), organización a la que pertenece la Confederación de Empresarios del Comercio, Servicios y Autónomos de la Comunidad Valencia (Confecomerç) aseguran que únicamente uno de cada diez comercios de la Comunidad Valenciana ha podido cambiar sus puertas a unas que garanticen el cierre automático de las mismas.
Además, indican que no se ha dado el tiempo necesario para que los comercios cuenten con el sistema de cierre automático que recoge el decreto de ahorro energético del Gobierno. De esta forma, Confecomerç ha solicitado una moratoria -que todavía no ha sido aprobada- de al menos tres meses el ejecutivo para que el sector pueda proceder a la “adaptación requerida”.
El presidente de la CEC y Confecomerç, Rafael Torres ha explicado a este diario que, una vez publicado el decreto, desde la asociación se hicieron eco de la insuficiencia de tiempo amparándose en varios motivos: “Existen negocios que fueron creados para no tener puertas, lo que exige incluso un replanteamiento del local, que puede llegar a suponer hasta una licencia de obra. También la saturación de pedidos ha imposibilitado a los proveedores llegar a tiempo”.
Ayudas para los negocios
Sin embargo, a pesar de haber solicitado una prórroga al Gobierno esta todavía no ha tenido respuesta. Asimismo, Torres se lamenta de que “no se nos ha facilitado información sobre las ayudas que se anunciaron para hacer frente a estas inversiones”.
Por otro lado, según Confecomerç el Consell tampoco se ha pronunciado al respecto, aunque sí se espera financiación: “No sabemos qué cantidades ni cuándo saldrán ni plazos de pago, aunque estimamos que en nuestra autonomía aproximadamente entre 10.000 y 12.000 comercios necesitan de una adecuación, por lo que las ayudas deberían oscilar en torno a unos 20 millones de euros”.
Ascensio Pérez, miembro de la Junta Directiva de la Federación Alicantina del Comercio y de la Pyme (Facpyme) defiende que “las ayudas deberían ser inmediatas y directas, ya que los comerciantes no pueden afrontar más gastos extras como este, que se suman a los costes estructurales que están teniendo, y a unas facturas cada vez más abultadas debido al impacto de la inflación con subidas de materias primas, de proveedores, costes energéticos, combustibles, etc”.
Hablan los afectados
Varios comercios con los que ha hablado este diario han asegurado sentirse contrariados con la medida que obliga a mantener las puertas cerradas y un sistema de puertas automático. “Hace un año tener la puerta cerrada era inviable, con el covid-19 se nos exigía máxima ventilación, en ese momento no importaba malgastar la energía”, clama la responsable de una zapatería.
Otro testimonio relata el encargado de una pequeña tienda de ropa en una de las calles adyacentes a Maisonnave: “Si cierro la puerta la gente cree que no estoy. En la ropa vas mirando el escaparate y sin darte cuenta entras a la tienda, la mínima barrera frena al cliente” y remarca que “tendrían que tomar medidas teniendo en cuenta cada sector porque cada minucia al pequeño comercio le hace daño”.
Asimismo, el dueño de una cafetería en Elche cuenta que, en su caso, no le servía la puerta con muelle puesto que en su establecimiento los camareros entran y salen. Por lo que, se ha visto abocado a adaptarla a través de un sistema automático. La inversión le ha costado 950 euros.
“Lo solucioné a mitad de agosto porque si todo el mundo quiere hacerlo al mismo tiempo los instaladores son los que hay. No son puertas que se instalen de un día para otro, tiene que venir un preventista primero. Además, si incrementa la demanda el precio sube”, comenta el hostelero.
Los costes
Tras consultar con una empresa proveedora de puertas, hemos podido conocer que el presupuesto para cambiar el sistema puede rondar entre los 1.000 y 5.000 euros en función de las características de cada espacio.
Mientras que, un cierrapuertas automático en una puerta convencional estaría cifrado en unos 100 euros. Esta opción resulta la más económica y rápida, pero no es viable para todos los negocios.
No obstante, la mayoría de los comercios han confirmado que cambiarán su el sistema de puertas conscientes de que será una inversión a largo plazo ya que ahora les supone un gasto más con el que no contaban hace unos meses.
Las multas por infracción
Tal y como refleja el decreto del plan de ahorro energético, las sanciones económicas por no cumplir las medidas podrían ascender hasta los 100 millones de euros las más graves, situándose en seis millones las graves y hasta 60.000 las leves. Fuentes gubernamentales han informado que la cuantía de la multa se calculará en función de la gravedad de la infracción.
Con el escenario actual, los negocios deberán adaptarse a un paquete de medidas que se espera esté vigente hasta el 1 de noviembre de 2023.
