El PSOE de Alicante se queda solo, por ahora, en su defensa de los Presupuestos Generales de Estado, presentado recientemente por el Gobierno liderado por el socialista Pedro Sánchez. Unidas Podemos, socio del Ejecutivo central, y Compromís han sumado fuerzas para presentar una declaración institucional, que se debatirá y votará en el pleno de octubre del Ayuntamiento de Alicante, en la que se reclama un nuevo modelo de financiación que garantice los servicios públicos fundamentales y que las inversiones en la provincia se ajusten el peso poblacional.

Esta propuesta plenaria se une a la propuesta la pasada semana por los socios del bipartito, PP y Ciudadanos, en la que se muestra el rechazo a la infrafinanciación en inversiones para Alicante que reflejan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023. El gobierno municipal pretendía que la oposición firmara su declaración.

La propuesta registrada por Unidas Podemos y Compromís, de la que se ha descolgado el PSOE, incluye como principales acuerdos el "exigir al Gobierno Central un nuevo modelo de Financiación Autonómica que garantice a los valencianos disponer de unos servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y protección social) dignos, y permita el ejercicio de las competencias propias (empleo, vivienda, medio ambiente, infraestructuras, cultura, promoción económica)".

También propone una "previsión por parte del Estado de unas inversiones en infraestructuras equiparables, como mínimo, al peso poblacional del País Valencià compensando en todo caso la insuficiencia inversora de los últimos años".

Respecto a las inversiones en Alicante, los dos grupos de la izquierda municipal piden "iniciar una acción conjunta y acordada por parte de los diputados valencianas en el Congreso para la presentación de enmiendas en la línea de la revisión para que la inversión territorializada de los PGE en la provincia de Alicante se adapte a nuestro peso poblacional".

Entre los acuerdos de la declaración de los dos grupos de la izquierda también figura "la reestructuración de la deuda pública generada por la falta de financiación del Estado, a través de un proceso por el que el Estado asuma la parte de los préstamos otorgados a la Generalitat Valenciana que no habría sido necesaria en caso de que nuestro país hubiera recibido una financiación por habitante equivalente a la media de las comunidades autónomas, y en el que se establezca un calendario de amortizaciones asumible para el resto de la deuda".

Por otro lado, la propuesta de Unidas Podemos, socio del Gobierno central junto al PSOE, y Compromís propone "un frente común en el marco de la Plataforma pel Finançament Just que exija al Gobierno central la revisión de la actual propuesta de Presupuestos Generales del Estado para 2023, en los que se ajusten las inversiones para las comarcas alicantinas al peso poblacional de la provincia respecto conjunto de España".