El caso Sala ya tiene magistrado. José María Merlos, a quien por turno le correspondió el pasado junio presidir el tribunal popular del segundo juicio por el crimen de María del Carmen Martínez, será quien finalmente lo haga después de varios meses de incertidumbre y parálisis con una abstención y una recusación de por medio, ambas rechazadas

En un auto contra el que no cabe recurso, la Audiencia de Alicante ha desestimando los reparos que contra este juez planteó Miguel López, yerno de la víctima y único acusado del crimen, y considera que «no existen las sospechas objetivamente fundadas que afirma el recusante para mantener que el magistrado no es el idóneo para garantizarle un juicio justo». 

Ha sido un tribunal de la sección XI, presidido por la magistrada Gracia Serrano y del que han formado parte Cristina Ferrández y Manel Martínez Aroca, el que por fin han zanjado un trámite que ha mantenido paralizado este proceso más de cuatro meses, desde poco después de que el Supremo acordara anular la primera vista y ordenara repetirla con un magistrado, un jurado y un secretario de la Administración de Justicia diferente por los graves errores cometidos en la primera.

 Un juicio en el que la entonces presidenta, la magistrada Francisca Bru, devolvió un primer veredicto de culpabilidad por una supuesta falta de motivación que nunca se pudo comprobar. La juez se negó a entregar el acta a las partes y después se destruyó.

 El segundo veredicto, absolutorio, y confirmado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad, fue el que anuló el Supremo «porque lesionaba el derecho a un proceso justo», según afirmó en respuesta al recurso interpuesto por el letrado Francisco Ruiz Marco, quien ejerce la acusación particular en nombre del hijo de la víctima.

En el auto dictado ahora, del que ha sido ponente la magistrada Serrano y que permite iniciar los trámites para la celebración de la segunda vista por el asesinato de la viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala, se recoge expresamente que «no están justificados los temores de la defensa del acusado sobre la posible falta de parcialidad del magistrado».

Miguel López nada más conocer el veredicto de no culpabilidad del primer juicio. RAFA ARJONES

El abogado de Miguel López había alegado la intervención previa de Merlos en el proceso en dos ocasiones, lo que a su entender lo inhabilitaría para juzgarlo. La primera, en un recurso contra la situación de prisión preventiva del acusado del que al final la defensa acabó desistiendo. 

La segunda, ante otro recurso, en este caso de las acusaciones pública y particular, precisamente contra la libertad bajo fianza decretada por el instructor 39 días después de que López fuera encarcelado y cuya resolución le fue favorable. Una circunstancia que reflejan los magistrados de la sección XI, quienes concluyen que «la imparcialidad del magistrado no presenta serias dudas como para pronunciarnos a favor de su recusación». Y agregan: «No podemos pasar por alto que cuando un juez se abstiene o se acepta una recusación sin que existan motivos reales para ello, se estaría vulnerando el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y, además, se estaría incumpliendo la obligación de resolver».

Una de las sesiones del juicio por el crimen de María del Carmen Martínez. RAFA ARJONES

Un criterio en línea, aunque más argumentado, con el mantenido por la sala de lo Civil y lo Penal del TSJ ante la abstención que por estos mismos motivos planteó inicialmente Merlos. Inhibición que fue rechazada por este órgano que, sin embargo, se declaró incompetente para pronunciarse sobre la recusación que ahora ha resuelto la recién creada sección XI de Audiencia de Alicante desestimándola también.

La Fiscalía se opuso a la recusación mientras que la acusación particular manifestó su voluntad de acatar lo que se decidiera.  

El magistrado Merlos, por su parte, aceptó la recusación planteada por Miguel López «para que no haya dudas sobre la pureza del procedimiento ante el tribunal del jurado ni apariencia alguna de parcialidad», pero precisó que, en el caso de tener que presidirlo, como va a ocurrir, «garantizaba un juicio justo».