Hasta 35 deficiencias "significativas" ha detectado la Sindicatura de Comptes al fiscalizar al Ayuntamiento de Alicante durante los ejercicios 2019 a 2021, ya que representan un riesgo para la propia organización administrativa y su grado de transparencia, la fiabilidad de la información económico-financiera, el cumplimiento de la normativa aplicable, la protección de los activos y el propio control interno ejercido por la Intervención. 

De acuerdo con la valoración efectuada por el órgano de control autonómico, el Ayuntamiento de Alicante ha obtenido 33.757 puntos, que suponen un 67,5% de la puntuación máxima posible y, por tanto, un nivel de riesgo medio.

Según el informe, que se ha dado a conocer este martes, el Ayuntamiento se ha adaptado a las obligaciones impuestas por la Ley de Transparencia excepto en la publicación de la ejecución trimestral del presupuesto, de la información actualizada sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las administraciones públicas y la realización de informes de auditoría de cuentas.

En cuanto a la información económico-financiera y su fiabilidad, la Sindicatura de Comptes alerta de que no existe un plan de inversiones para un plazo de cuatro años ni se estima el coste de mantenimiento ni su financiación posterior cuando se planifican las inversiones. Además, subraya que el reconocimiento de las obligaciones derivadas de las facturas recibidas por la entidad se contabiliza en un plazo superior a diez días hábiles desde que Intervención tiene conocimiento de la aprobación de la factura por el órgano competente y señala que, en los años 2019 y 2020, el Pleno aprobó siete expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, por un importe total de 2.278.020 euros, y la Junta de Gobierno aprobó 119 expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, por un importe total de 20.946.069 euros. 

Sobre el cumplimiento de la normativa aplicable, se señala que se cumplimentan con retraso los libros de actas, tanto el Pleno como de la Junta de Gobierno y que la determinación del contenido de la clasificación de los puestos de trabajo no se ha realizado en base a criterios de valoración objetivos y cuantificables.

Por otro lado, la Sindicatura apunta que el Ayuntamiento ha presentado en tiempo la Cuenta General de los ejercicios 2018, 2019 y 2020, debidamente aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, "si bien no cumple con los plazos de otros trámites relativos al ciclo presupuestario como la elaboración de la liquidación del presupuesto y la formación de la cuenta general en los ejercicios 2018, 2019 y 2020". Además, subraya que "no se motiva correctamente la tramitación de urgencia o de emergencia en los contratos".

También destaca que el Consistorio alicantino y sus entes dependientes "no disponen de un inventario valorado aprobado, ni actualizado, que incluya todos sus bienes" y agrega que "en cuanto a la justificación de las subvenciones, no consta en el informe del gestor que se compruebe que el beneficiario de la subvención sea el titular de la cuenta", añadiendo que "la información facilitada indica que a 31 de diciembre de 2019 existían subvenciones concedidas pendientes de justificar, por importe de 402.160 euros, habiendo vencido el plazo". Apunta la Sindicatura por otro lado que "se han originado descubiertos en cuenta corriente".

Además, resalta que según el Ayuntamiento "existen valores de reducida cobrabilidad por un importe de 52.446.125 euros", subrayando que "el importe pendiente de cobro del ejercicio 2014 y anteriores de dichos capítulos asciende a 15.762.432 euros, que dada su antigüedad podrían estar afectados por prescripción"

Respecto a Intervención, la Sindicatura apunta que "el órgano interventor no ejerce el control interno con plena autonomía respecto de las autoridades y demás entidades cuya gestión sea objeto de control" y que "durante el transcurso del ejercicio de la función de control, el órgano interventor no ha tenido la total colaboración por parte de las personas y organismos dependientes de la entidad para poder efectuar el ejercicio de sus funciones correctamente". 

Recomendaciones

En su informe de fiscalización, la Sindicatura de Comptes también incluye recomendaciones para mejorar el control económico del Ayuntamiento. Entre esas propuestas destacan la elaboración de "manuales de procedimientos que incluyan las funciones y responsabilidades del personal asignado a las distintas áreas", incluir en el Portal de Transparencia municipal la deuda pública y los gastos de caja fija. Además, para mejorar la organización del Ayuntamiento en el área de Personal "se recomienda fijar unas horas mínimas anuales de formación". 

Por otro lado, se proponen medidas específicas de prevención del fraude o corrupción a lo largo de la tramitación del expediente de contratación, como la inclusión en los pliegos de penalidades en caso de incumplimiento del deber de informar sobre posibles situaciones de conflicto de intereses, junto a la declaración responsable de los cargos públicos de la entidad, del personal de la entidad que interviene en la tramitación del expediente de contratación y del personal ajeno que interviene en la tramitación del expediente de contratación.

El Síndic también añade entre sus recomendaciones "dejar constancia documental en el proceso de gestión de tributos de la comprobación de las variaciones entre los padrones del ejercicio corriente y del anterior". Por otro lado, para mejorar el entorno de control de la subárea de contabilidad, se recomienda que la contabilidad sea objeto de una atención especial, con el fin de que se lleve al día, se registren los hechos económicos de acuerdo con los principios contables que son de aplicación y que se ofrezca información fiable de la situación financiera de la entidad.

También se propone elaborar un "plan de inversiones realista, de acuerdo con la capacidad de ejecución del Ayuntamiento". Además, según añaden, "es necesario estimar el coste y la financiación del mantenimiento de las inversiones". Según el órgano fiscalizador autonómico, "Intervención no debe participar en la gestión económica de la entidad, para que así exista una adecuada segregación de funciones" y resultaría "conveniente que en las actas del Pleno de la entidad se haga referencia a los informes de la Intervención sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria".

Reacciones: del "intentaremos seguir mejorando" al "nos preocupa mucho"

Desde el equipo de gobierno liderado por Luis Barcala se limitaron a realizar una mínima valoración, después de que ni el portavoz ni el portavoz adjunto dieran su punto de vista alegando que desconocían el informe. "Agradecemos al Síndic de Comptes sus recomendaciones e intentaremos seguir mejorando en la gestión", señalan desde el ejecutivo local.

Desde la oposición, por su parte, la visión es bien distinta. El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, no ocultó su inquietud por el contenido del estudio: "Nos preocupa mucho el informe de la Sindicatura de Comptes sobre la gestión. El PP llevó a la ruina a este Ayuntamiento, y una vez más nos sacan los colores diciendo que hay muchas cosas que no se están haciendo bien. Eso lo comprobamos a diario: no se ejecuta la mayoría del presupuesto, las grandes contratadas están cogidas por pinzas, la gestión de las subvenciones de lo que siempre alerta el interventor... Pedimos que se tenga una gestión seria y responsable. Y mucho cuidado, porque si el PP sigue gobernando nos llevará de nuevo a la ruina".

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, apunta que "aunque el organismo autonómico no dice nada nuevo respecto a la gestión que de este Ayuntamiento realiza el equipo de gobierno del Partido Popular, las deficiencias apuntadas merecen análisis y explicación por parte de la responsable económica del ejecutivo local de Barcala, Lidia López, y del propio alcalde". "La falta de un plan de inversiones a cuatro años, las escasas motivaciones a la hora de justificar los contratos de urgencia, el control sobre determinadas subvenciones o el cobro dudoso de más de cincuenta millones de euros, además de la falta de ejecución de las cuentas municipales son temas de un calado que merece la convocatoria de urgencia de la Comisión de Hacienda, para un debate monográfico sobre esta cuestión", señala López, quien ha añadido que desde su grupo registran esa solicitud y exigen "a Barcala que no la bloquee, como suele hacer en general con las comisiones, sino que atienda la petición y facilite transparencia y claridad".

Por último, el portavoz socialista, Miguel Millana, también se ha mostrado crítico ante la analizada gestión municipal. "Cada año repetimos las observaciones que ahora ha hecho la Sindicatura de Comptes. Intervención se queja constantemente de la falta de medios personales y técnicos. En materia de contabilidad, todos los años hace un informe que dice que no se puede analizar la eficiencia de las partidas presupuestarias. El Ayuntamiento tiene medios para dotar de más personal. Queremos que todas estas cuestiones tengan un respaldo presupuestario", ha agregado Millana.

La Sindicatura de Comptes también ha dado a conocer este martes el informe de seguimiento de las recomendaciones realizadas en la auditoría de los controles de ciberseguridad, donde el Ayuntamiento tampoco sale bien parado. Según el documento, "únicamente se han realizado leves progresos desde la anterior auditoría y las recomendaciones solo se han atendido parcialmente". Por lo tanto, el índice de madurez general de los controles básicos de ciberseguridad muestra un valor del 51,7% (48,8% en 2019), por lo que el "nivel de efectividad en los controles analizados sigue siendo insuficiente y debe mejorar".

Según el informe de la Sindicatura, "deben implantarse mejoras para alcanzar los niveles exigidos por el Esquema Nacional de Seguridad para la protección de los sistemas de información, especialmente en aquellos controles que presentan deficiencias significativas". 

El Ayuntamiento de Alicante, tal y como recoge el estudio de seguimiento, "no tiene establecida una adecuada gobernanza de la ciberseguridad". "Los órganos superiores del Ayuntamiento", en alusión a la Alcaldía y a la Junta de Gobierno, "deben reforzar el apoyo en forma de recursos humanos y presupuestarios dedicados a la seguridad de la información".

Al respecto, según la Sindicatura, "también ha puesto de manifiesto un grado de cumplimiento muy deficiente en cuanto a la adecuación a las normas legales relacionadas con la seguridad de la información". En el documento se añaden recomendaciones para "contribuir a subsanar las deficiencias observadas y mejorar los procedimientos de gestión de la ciberseguridad del Ayuntamiento", como finalizar la implantación de soluciones para restringir el acceso de dispositivos físicos no autorizados a la red corporativa, revisar y actualizar todos los sistemas que se encuentran fuera del período de soporte y finalizar y aprobar formalmente el procedimiento para gestión de usuarios con privilegios de administración.