El Ministerio para la Transición Ecológica ha sacado de sus presupuestos para 2023 los diez millones de euros necesarios para arreglar el principal embalse regulador del agua que debe llegar a la provincia desde el Júcar, en concreto el de San Diego de Villena, al que se le detectaron fugas hace diez años, y que sigue sin estar operativo. Una circunstancia que deja sin contenido, de momento, el principio de acuerdo al que han llegado la Confederación Hidrográfica y Acuamed con la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó para que empiece a llegar agua de forma regular a partir de enero. El embalse, que costó 40 millones de euros se vació en 2012 al detectarse fugas derivadas de los defectos en su construcción.
Se da la paradoja de que mientras está pendiente de aprobación el convenio por el que el Gobierno se compromete a enviar agua para riego a 0,24 euros/m³ durante diez años (una buena tarifa según todas las partes), y anuncia una inversión de otros 97,8 millones de euros para la impulsión del trasvase con energía fotovoltaica en obras durante diez años, anula la partida económica para solucionar los problemas de fugas en el embalse de San Diego, que se construyó para la regulación de 20 hm³ de agua al año y solo puede regular actualmente 0,04 hm³ (40.000 m³), como ha ocurrido este año con trasvase “de socorro” de 13 hm³ autorizado la pasada primavera. Los regantes confían en que haya rectificación apoyados por una enmienda presentada por el PP y en las buenas relaciones actuales con los rectores del Ministerio.
La balsa o embalse de San Diego, ubicada entre los términos municipales de La Font de la Figuera y Villena es el punto final del trasvase Júcar-Vinalopó. Se diseñó almacenar más de 20 millones de m3 de aguas procedentes del curso bajo del río Júcar, agua suficiente para regar 10.000 hectáreas de cultivo. Y lo que es más importante, en épocas de bonanza hídrica, San Diego podrá llenarse hasta 4 veces al año, según el proyecto que costó.
El embalse tiene unas dimensiones tan extraordinarias que fue clasificada como Presa de Categoría A por la Dirección General de Obras Hidráulicas del entonces Ministerio de Medio Ambiente. Su perímetro supera los 4 kilómetros de longitud; presenta una altura máxima de 35,2 metros al pie de talud y de 38,5 metros sobre el eje de los cimientos; el ancho de coronación tiene 7,5 metros y el ancho de base de talud llega a alcanzar en algunos puntos los 200 metros. El agua almacenada, en su cota máxima, tendría 22 metros de profundidad, es decir, cubriría un edificio de 7 plantas, pero todo se fue al traste tras detectarse las fugas.
El vaso de la balsa tiene una superficie de 800.000 m2, equivalente a 80 campos de fútbol. Cuando la lámina de agua alcance su cota máxima esa superficie equivaldrá a 115 campos de fútbol (1.150.000 m2).
Diez años después de la construcción de la Balsa de San Diego en Villena, el Gobierno central sigue sin depurar responsabilidades que pudieran ser exigibles tanto a la empresa contratista de la ejecución de la obra como al proyectista. Algo que vienen denunciando desde hace años el senador Carles Mulet (Compromís) que pero que choca con una cuestión clave administrativa. ¿A quién pedir responsabilidades si la dirección de la obra fue de la empresa pública Aguas del Júcar, hoy Acuamed?
Tajo-Segura, sentenciado
Por por otro lado, la vicepresidenta Teresa Ribera ha convocado para el próximo miércoles, 30 de noviembre, la reunión del Consejo Nacional del Agua en la que está prevista la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo con el aumento del caudal ecológico del río y el consiguiente recorte de los caudales a partir de 2023.
Recordar, en este sentido, que un informe del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante señala que el Ministerio para la Transición Ecológica habría hinchado de manera artificial el volumen del caudal ecológico que se quiere imponer en Aranjuez (8,52 hm3 a partir de 2026), porque, según informes de expertos independientes, ese caudal no se podría alcanzar ni de manera natural, o sea con el aporte de las lluvias.
En el informe, el profesor, Joaquín Melgarejo, advirtió también de que el déficit anual de agua en la cuenca del Segura alcanza ya los 400 hm3 al año, por lo que cualquier nuevo recorte del envío de agua pondrá en peligro el futuro económico y social de los 35 municipios que se abastecen del agua del río, porque no hay forma de sustituir esos caudales.
La gran amenaza para el trasvase Tajo-Segura es que el Ministerio para la Transición Ecológica avala que el río debe pasar de un caudal mínimo legal de 6 m3/segundo a 8,52 m3/segundo en Aranjuez, y también que en Toledo sea de 10 m3/segundo y de 17,8 m3 /segundo en Talavera (2022-2027). El Consell ha pedido reducirlo a 7 m³/ segundo, cantidad que defendía la exconselleria Mireia Mollà. Su sucesora, Isaura Navarro, no se ha pronunciado.
