Entre apoyar a los vecinos o respaldar al Gobierno central, el PSOE de Alicante se decanta por los vecinos. El grupo municipal socialista ha mostrado este lunes su "total apoyo" a los residentes de la zona sur de Alicante en su "justa reivindicación" para que el puerto de Alicante "no albergue unos macrodepósitos de combustible que estarían ubicados a escasos metros de las viviendas". “Estamos totalmente en contra, como ya hemos demostrado estando en el Gobierno municipal. Lucharemos codo con codo con los vecinos para que el Gobierno central rectifique y retire el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad”, ha indicado la portavoz adjunta del grupo, Trini Amorós.
Los socialistas recuerdan que "fue el PSOE el que se opuso a la instalación de los macrodepósitos de combustible en el Puerto en 1995 bajo el mandato de Ángel Luna". "El Consell también se ha unido a los vecinos y descarta por completo que se puedan poner esta clase de instalación en la zona portuaria", según han reiterado en un comunicado en el que hacen hincapié en que fue "el propio Barcala el que se ausentó del Consejo de Administración del Puerto cuando se iba a abordar esta instalación haciéndose cómplice de una acción que iba en contra, como siempre, de la ciudad de Alicante". “Luego no tuvo más remedio que dar marcha atrás y apoyar nuestra reivindicación por la presión vecinal. Como siempre nunca pensando en los interés general”, ha añadido Amorós.
Así responde el PSOE alicantino tras la decisión del Gobierno central de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional en el que reclama que deje sin efecto el artículo de la Ley de Ordenación del Territorio que incorporó el Consell en diciembre de 2021 en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Autonómicos de 2021 para impedir la construcción de los macrodepósitos para almacenar y mover combustible en el puerto. En concreto, el Consell legisló para establecer que no se pudieran levantar depósitos para mover sustancias peligrosas a mil metros del casco urbano. De esta forma, la Generalitat trataba de intervenir para parar un proyecto que rechaza Alicante y el propio presidente, Ximo Puig. Sin embargo, el intento, según la Abogacía del Estado, no tiene sentido, ya que la Generalitat trataría de interferir en competencias que no son suyas sino estatales, como es la autorización de carga y descarga en puertos que son estatales.
En contra de la decisión del Gobierno de Sánchez de frenar ese intento del Consell de torpedear la llegada de macrodepósitos al puerto también se ha posicionado el otro socio del Ejecutivo central, Unidas Podemos. La coalición morada ha anunciado que registrará una propuesta ante el Pleno de Alicante "para que el Gobierno estatal retire el recurso sobre la distancia de los depósitos del puerto de Alicante". El portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha recordado que el Consell trata de establecer que no se puedan levantar depósitos para mover sustancias peligrosas a menos de mil metros del casco urbano, “una medida coherente con la necesidad de que el desarrollo del puerto no sea contra la ciudad sino de manera integrada en un proyecto sostenible con la salud y los derechos de la gente que vive en los barrios de Alicante”.
López se suma así a la "indignación por el recurso de inconstitucionalidad que ha presentado el presidente del gobierno y considera necesario un posicionamiento unitario desde el Ayuntamiento de Alicante para frenar la incoherencia del gobierno central y que todas las instituciones, local, autonómica o estatal, colaboren en el cambio de modelo hacia a la descarbonización de la economía".
Otras voces
El Consell, a través de la nueva titular de Transición Ecológica, Isaura Navarro y la Plataforma por un Puerto Sostenible, integrada por diversos colectivos vecinales y ecologistas de Alicante, también han pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (firmante del documento), que retire el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana para impedir la construcción de los macrodepósitos del puerto de Alicante por su proximidad a varios barrios de la ciudad.
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia del pasado 26 de octubre, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno, contra el artículo 173 de la Ley de la Generalitat Valenciana 7/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2022 del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje.
Por su parte, el portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, también ha mostrado ya su "preocupación y extrañeza" por el silencio del alcalde, Luis Barcala, ante la decisión del Gobierno Central de recurrir al Constitucional la enmienda legislativa a la LOTUP, destinada a garantizar una mayor seguridad de la ciudadanía de los barrios del sur de la ciudad respecto a las actividades portuarias.
