La Falange ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) la prohibición de los actos de homenaje a José Antonio Primo de Rivera, previstos para el próximo 26 de noviembre en la ciudad de Alicante, según confirman fuentes oficiales. Esta era la única vía legal abierta tras la decisión de la Subdelegación del Gobierno de no permitir este año los actos que iban a arrancar con una manifestación desde la avenida de Orihuela, frente al actual albergue de la Florida y que en su día fue la conocida como "cárcel de José Antonio", y que finalizarían en el cementerio de Alicante, frente a la lápida del fundador de la Falange Española.

Fuentes del organismo dirigido por Araceli Poblador explicaron tras dictarse la resolución que la denegación del permiso, solicitado hace una semana desde la Falange, respondía a la posibilidad de que se produzcan desórdenes públicos. Entre los motivos que pueden dar pie a esas alteraciones figura la posibilidad de a lo largo del recorrido se agolpen personas contrarias a la manifestación de homenaje a Primo de Rivera, lo que podría generar "inseguridad" en los barrios por los que transcurriría la manifestación, como Florida o Ciudad de Asís.

También, entre esos motivos para prohibir el acto de homenaje, se incluían los posibles disturbios que podrían generarse en el cementerio, ya que en la zona de la lápida de José Antonio se están produciendo trabajos de exhumación de las víctimas de la Guerra Civil en aplicación a la Ley de la Memoria Histórica. Ese hecho, para la Subdelegación, puede provocar un "evidente peligro de que personas y manifestantes utilicen materiales existentes para ser lanzados, en el caso de que se pudiera producir disturbios entre ellos". 

La Subdelegación recordaba en su resolución que hace justo un año, en el anterior homenaje a José Antonio Primo de Rivera, se produjo la fractura de la placa conmemorativa a las personas víctimas de la Guerra Civil enterradas en fosas comunes en el cementerio de Alicante, un hecho que tuvo relevancia mediática a nivel nacional.

En el escrito firmado por Araceli Poblador se hace alusión a sentencias del Tribunal Constitucional en las que figura que "el derecho de reunión no es un derecho absoluto o ilimitado, sino que, al igual que los demás derechos fundamentales tiene limites, entre los que se encuentra tanto específicamente previsto el propio artículo 212 Constitución Española -alteración del orden público con peligro para personas y bienes- como aquellos otros que vienen impuestos en la necesidad de evitar un ejercicio extralimitado de ese derecho que pueda entrar en colisión con otros valores constitucionales, lo que también se deduce del artículo 10.1 Constitución Española".

Según el Constitucional, se trata "de un derecho fundamental de eficacia inmediata y directa y no un derecho de configuración legal precisándose tan solo una declaración de ciencia y conocimiento a fin de que la autoridad administrativa pueda conjugar el ejercicio en libertad del derecho para los manifestantes y, por otro lado, para asegurar la protección de los bienes y las personas no sólo de los manifestantes sino de los restantes miembros de la comunidad".

El pasado año, unos sesenta nostálgicos de La Falange sí recibieron el permiso para manifestarse y, posteriormente, ante la antigua tumba del dictador José Antonio Primo de Rivera en el cementerio Municipal de Alicante. La mayoría de los presentes fueron hombres de mediana edad ataviados con camisa azul y botas negras. Los asistentes terminaron el acto realizando el saludo romano, cantando el "Cara al Sol" y realizando proclamas falangistas como "Arriba España" o "José Antonio, presente".