Información

Información

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

El Tribunal Constitucional tiene cinco meses para confirmar o levantar la suspensión del artículo que impide los macrodepósitos en el puerto

El DOGV publica la resolución del alto tribunal de la admisión a trámite del recurso del Gobierno central, que deja sin efecto provisionalmente el artículo de la ley autonómica que bloquea las controvertidas instalaciones de combustible en terreno portuario

Una protesta contra los macrodepósitos en Alicante, en imagen de archivo RAFA ARJONES

El Gobierno central podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses. Este es el artículo de la Constitución Española que ha invocado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al presentar el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 173 de la Ley de la Generalitat Valenciana de medidas fiscales, gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat de 2022, que añadió un apartado al artículo 7 del decreto legislativo al texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup).

La admisión a trámite del recurso se ha publicado este jueves en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), tras publicarse anteriormente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que activó para terceros la suspensión del artículo de la Lotup que prohíbe la instalación de macrodepósitos en el puerto por su proximidad a varios barrios de la ciudad. Esa paralización entró en vigor el 30 de septiembre, fecha de interposición del recurso, para las partes implicadas en el proceso.

Ese recurso del Gobierno central ha provocado una respuesta casi unánime de los grupos municipales del Ayuntamiento de Alicante, salvo Vox, que respaldan la declaración institucional que reclama al Ejecutivo de Sánchez que "rectifique" y "retire el recursointerpuesto ante el Tribunal Constitucional contra la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana para impedir la construcción de los macrodepósitos del puerto de Alicante por su cercanía a la población.

Esa propuesta plenaria, que surgió de Unidas Podemos y que firmó el PSOE, cuenta también con el respaldo de los dos socios del bipartito de Alicante, PP y Ciudadanos, pese a que el grupo naranja anunció previamente que no apoyaría la declaración institucional. Entre los acuerdos del documento que se votará en el pleno de este mes de noviembre, el próximo jueves, figura también el compromiso de "reactivar" la Comisión Puerto-Ciudad para "dialogar sobre la integración del Puerto y garantizar la salud y los derechos de las personas que viven en los barrios cercanos al mismo".

Por su parte, el Consell, a través de la nueva titular de Transición Ecológica, Isaura Navarro y la Plataforma por un Puerto Sostenible, integrada por diversos colectivos vecinales y ecologistas de Alicante, han pedido al presidente del Gobierno que retire el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra la modificación de la Lotup para impedir la construcción de los macrodepósitos del puerto de Alicante. El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia del pasado 26 de octubre, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad.

La iniciativa de los macrodepósitos, que está judicializada por el retraso en la concesión de la licencia, preveía inicialmente dos fases para la implantación de la terminal de combustible. En la primera, la empresa anunció la instalación de seis depósitos, el mayor de 50 metros de diámetro y una altura de casi 30 metros con una capacidad total de unos 110.000 metros cúbicos, que se destinarían al almacenamiento de combustible. En la segunda fase se iban a construir hasta doce macrodepósitos de más de 50.000 m3 cada uno para un total de 600.000 m3 para almacenar gasóleos y biocarburantes. La empresa promotora pretendía llegar a mover hasta un millón de toneladas de combustibles al año.

Compartir el artículo

stats