El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha llegado a un acuerdo con la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para aumentar en solo 1 metro cúbico por segundo el caudal ecológico del Tajo a partir del 1 de enero, dejándolo en 7 metros cúbicos por segundo. Esta medida estará en vigor hasta el 1 de enero de 2026 en que el caudal aumentará hasta 7,5 metros cúbicos por segundo y en 2027 a 8,5 metros cúbicos por segundo. La gran novedad del acuerdo que debe ratificar el consejo nacional del agua el próximo día 29 de noviembre es que se incorpora en el plan hidrológico del Tajo una cláusula por la cual los aumentos a partir de 2026 se determinarían en función de si se cumplen las condiciones ambientales fijadas para el río. De esta manera, se cumple el aumento que había propuesto el Consell para determinar las nuevas condiciones del trasvase Tajo-Segura. Fuentes del Consell aseguran que la noticia ha sido bien acogida por el Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura.

Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura, ha recibido la noticia con esperanza y sobre todo con la confianza de que el Gobierno haga los deberes durante los próximos tres años y se solucione el problema de la mala depuración de Madrid, que es la causante de la contaminación del río Tajo y no el trasvase de agua a Alicante y Murcia. Jiménez subraya que "este éxito, si se le puede llamar así, aunque hay que tener cierta prudencia, se debe tanto al trabajo del Consell de la Comunidad Valenciana como del gobierno de Murcia, la Diputación de Alicante, y, por supuesto todo el trabajo que venimos haciendo los regantes con nuestras tractoradas, protestas y nuestros estudios que han demostrado que el caudal del Tajo no se debía ni tocar. Estamos ante un paso adelante pero que nadie olvide que se sube el caudal ecológico a 7 metros cúbicos por segundo. Lo que sí es deseable, insisto, es que se hagan los deberes en Madrid y dentro de tres años, cuando vayamos a decidir de nuevo los caudales ecológicos, la contaminación se haya reducido y no haya que volver a tocarlos".

Las futuras condiciones de explotación del trasvase Tajo-Segura introducen un mecanismo corrector, acompañado de una serie de inversiones, que afecta a los criterios relativos al establecimiento de los caudales ecológicos y que debe servir para garantizar la llegada de agua a los regadíos alicantinos.

La Generalitat considera un avance importante la modificación que se ha operado respecto a los planes iniciales que se presentaron en la medida en que el establecimiento de ese mecanismo sienta las bases necesarias para el mantenimiento futuro del trasvase.

El Consell valora positivamente la predisposición negociadora que ha mostrado el Ministerio de Transición Ecológica y entiende que las mejoras que se han conseguido son fruto del dialogo, del trabajo y de la voluntad de entendimiento entre las partes. Asimismo, la Generalitat destaca la colaboración que en todo momento han mostrado las asociaciones de regantes durante el proceso negociador.

La novedad sustancial de esas nuevas condiciones de explotación consiste en que los incrementos paulatinos de los caudales ecológicos a su paso por Aranjuez que se propusieron inicialmente dejan de ser fijos e inamovibles y estarán sometidos a revisión, hasta el punto de que si se cumplen los objetivos ambientales fijados ni siquiera será necesario aplicar los escalones previstos en el plan hidrológico a partir del 1 de enero de 2026, de tal manera que los caudales ecológicos no verían su aumentado su valor y, por ende, no comprometerían la continuidad del trasvase.

Precisamente, para poder cumplir esos objetivos ambientales el Gobierno aprobará inversiones por valor de 1.000 millones para la depuración de aguas procedentes de Madrid, cuyo nivel de contaminación actual constituye una de las principales causas del mal estado de las masas de agua a su paso por Aranjuez, termómetro que sirve para valorar y establecer el valor de los caudales ecológicos.

Al mismo tiempo, el gobierno contempla otro plan inversor dirigido a la cuenca del Segura que contará con un presupuesto de unos 600 millones de euros que, en este caso, se destinarán a incrementar la producción de las desaladoras, a mejorar la interconexión entre las mismas para facilitar el abastecimiento de agua en las diferentes zonas, y a la instalación de energía fotovoltaica.

Todas estas medidas, que deberán ser aprobadas en la reunión del Consejo Nacional del Agua del próximo día 29, suponen una modificación importante de los planteamientos iniciales ante los cuales la Generalitat ya expresó su oposición.