Los vestigios franquistas que hoy perduran en la ciudad, como la Cruz de los Caídos situada en la confluencia de Gadea y Federico Soto, y el Monumento a los caídos de la Vega Baja, ubicado en Aguamarga, además de la plaza en honor a Calvo Sotelo o el Memorial "Huella de José Antonio" en el cementerio, permanecerán en las calles de la capital alicantina. No se quitarán. Al menos, si la decisión depende del bipartito de Alicante, que descarta cumplir la ley de Memoria Democrática, que exige eliminar "todo elemento contrario a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas de la Guerra Civil". Y no solo seguirán en sus actuales ubicaciones, sino que el Ayuntamiento amenaza con acudir a los tribunales si el Consell excede "sus competencias", invadiendo, a juicio del bipartito, la "autonomía local".
Así lo confirmó ayer el concejal Manuel Villar (PP), durante el pleno ordinario de noviembre, en el que los socios del gobierno local respaldaron una polémica propuesta de Vox, que instaba al Gobierno valenciano a "abstenerse de realizar cualquier actuación tendente a la retirada de la Cruz de los Caídos", mostrando además "su más absoluto rechazo a la intención de la Generalitat a su retirada".
Mientras PP y Cs votaban, junto a Vox, a favor de la propuesta, los concejales de la izquierda exhibían carteles contra el alcalde. "Barcala, cómplice de odio" rezaban unos papeles que ya fueron exhibidos a primera hora de la mañana, cuando el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, reclamó, sin éxito inmediato, una Junta de Portavoces urgente para abordar la iniciativa del grupo ultra por atacar duramente a la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa López, Garijo, al acusarla de ser "seguidora" de una ideología, en alusión al comunismo, "en cuya historia se enumeran más de 100 millones de asesinatos en todo el mundo, decenas de miles de ellos en España", según insistió el portavoz de Vox, Mario Ortolá.
Esos carteles de la izquierda no fueron los únicos que se vieron en el pleno. Entremedias, hubo más. Unos impulsados por el gobierno municipal en "respuesta" a la oposición progresista y otros promovidos por los funcionarios contra el alcalde, Luis Barcala, por no agilizar la implantación de la carrera profesional. Los trabajadores del Ayuntamiento, alrededor de un centenar, volvieron a acudir al pleno para reclamar que Barcala cumpla su palabra, tal y como rezaban los escritos que se vieron en el Salón Azul al poco de arrancar una sesión que se prolongó hasta casi las 20 horas.
Ya por la tarde, en las postrimerías del pleno, la derecha mostró los suyos. Calentitos, como recién salidos de la impresora. Lo hizo durante dos debates fomentados para criticar al Gobierno central. Puntos, no siempre con encaje local, habituales en las sesiones de Alicante. El primero fue para rechazar la rebaja del delito de sedición. El acuerdo emplaza al Ejecutivo de Sánchez a "desistir de su propósito de revisar a la baja el delito de sedición contemplado en el Código Penal", al tiempo que reclama que se "cumpla, se acate y se respete la Constitución".
El segundo cartel del bipartito ("Protejamos a las mujeres y niños frente al Gobierno de Sánchez") se mostró durante el debate de la propuesta para instar al Gobierno de España a que de manera "inmediata" revise la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la del "solo sí es sí", que ha "provocado que agresores sexuales vean reducidas sus penas e incluso sean excarcelados", según el ejecutivo de Barcala. Ambas iniciativas salieron adelante con la división de la Corporación: la derecha, a favor; la izquierda, en contra.
Ese reparto de votos también se reprodujo en otra declaración institucional del PP y Cs, en este caso para exigir al Botànic en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2023 "la cuota cero para nuevos autónomos y para los que dejaron de serlo en los últimos tres años y quieran reincorporarse a este régimen". En cambio, ese reparto de votos impidió salir adelante una moción -la única de todo el pleno- de Unidas Podemos para crear una comisión para elaborar un plan de ayudas municipal con el objetivo de ayudar a combatir la crisis energética a pymes, micropymes y autónomos. Otra propuesta de constituir una comisión, la enésima de la bancada de la izquierda, que se queda en el cajón.
También hubo lío con los votos en la declaración de la coalición morada para mostrar el apoyo de Pleno a la "Ley Trans" y al Plan LGTBI municipal. Esa iniciativa hizo un dos por uno: dividió al bipartito (Ciudadanos votó a favor con Unidas Podemos y Compromís y el PP, en contra, junto a Vox) y a la izquierda, con el PSOE manteniendo, esta vez sí, su posicionamiento nacional, en una tibia abstención.
Aunque para caos el que se vivió en la iniciativa de Compromís para crear el Consejo Local de Pueblo Gitano, siguiendo la estela de la Estrategia para la Igualdad y la Inclusión 2018-23. Ahí hubo de todo. Desde numerosas asociaciones gitanas tomando la palabra, unas a favor y otras, muy en contra. Hasta acusaciones de intentar dividir al pueblo gitano de la ciudad de Alicante, con las subvenciones como trasfondo del debate.
Aunque para división, la habitual cada previa del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La derecha presentó su iniciativa (al amparo de la Federación Española de Municipios de Provincia) y la izquierda, la suya (en la que se llegaba a reclamar la derogación de la polémica ordenanza contra la mendicidad y la prostitución). Esta vez, eso sí, al menos se aprobó un texto. Fue el del gobierno municipal, ya que la izquierda se abstuvo para compensar el "no" de Vox. El gesto no fue recíproco: el ejecutivo de Barcala, en cambio, rechazó la declaración institucional conjunta de los grupos progresistas.
Pero pese a la tensión, propia de unos plenos donde las próximas elecciones municipales (y autonómicas) están cada vez más presentes, también se vivieron momentos de concordia, aunque fueron los menos. El Pleno aprobó casi por unanimidad, ya que Vox se abstuvo, la declaración para reclamar al Gobierno de España que dé marcha atrás con el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra la modificación de la ley autonómica que impide la construcción de los macrodepósitos del puerto de Alicante.
Sin votos en contra (la izquierda se abstuvo) salió la iniciativa del bipartito de regular por ordenanza el precio del agua potable en la ciudad. Con la única oposición del PSOE se aprobó la congelación salarial de la Corporación, aunque esa cercanía a la unidad no evitó críticas de toda la bancada progresista contra el gobierno de Barcala por tratarse de una medida, según defendieron, "antipolítica" y "demagoga".
