La inflación se ceba en la clase media y deja al borde de la pobreza a 400.000 alicantinos

Organizaciones como Cruz Roja o Cáritas incrementan en más de un 20% la atención a personas vulnerables y detectan un cambio de perfil: trabajadores con salarios "normales" que por primera vez no llegan a fin de mes

Varias personas de distintas procedencias y edades hacen cola para recibir alimentos en una parroquia de Benidorm.

Varias personas de distintas procedencias y edades hacen cola para recibir alimentos en una parroquia de Benidorm. / David Revenga

R. Pagés

R. Pagés

Ángela y Ernesto comparten vida desde hace una década. Ambos trabajan y, juntos, han formado una hogar con dos niñas de 5 y 2 años. Sus salarios rondan los 1.000 euros y nunca habían tenido problemas para llevar una vida normal dentro de una familia normal, sin lujos pero con todas las necesidades cubiertas. 

Al borde de cumplir los 40, se han visto ahora en la obligación de poner en práctica algo que para los dos es nuevo: comparar precios en el supermercado y dejar de consumir algunos productos, convertidos casi en artículos de lujo. «La compra se nos había disparado 50 o 60 euros más todas las semanas, comprando prácticamente lo mismo. Y con lo que han subido los recibos, la gasolina y la hipoteca, te ves en que no llegas a fin de mes», explican.

Es la misma situación por la que, desde hace meses, atraviesan cientos, miles de personas en la provincia de Alicante

La brutal escalada de precios que las familias llevamos meses soportando y la inestabilidad económica que todavía reside en muchos hogares tras la pandemia de covid-19 y la invasión rusa de Ucrania, han puesto entre las cuerdas a quienes hasta ahora estaban dentro del parámetro de las clases medias y situado en el umbral de la pobreza a más de 400.000 alicantinos.

Así se desprende de los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que constatan un crecimiento de medio punto en la tasa de personas que se encuentran en riesgo de pobreza en la Comunidad Valenciana en el último año y de 1,4 puntos desde 2019, hasta situarse en el 25,1% de la población. Uno de cada cuatro residentes. 

En contraste, y a diferencia de la anterior gran crisis de 2008, en la que miles de personas perdieron su puesto de trabajo y sus ingresos, ahora hay menos paro y más personas percibiendo ingresos que hace un año.

Las cifras oficiales señalan que el pasado mes de octubre la provincia registró casi 30.000 desempleados menos que en 2021. Además, el número de viviendas con todas las personas ocupadas y asalariadas es un 7,12% superior con respecto al año anterior, tras registrar un incremento de 25.100 en los últimos doce meses y alcanzar las 377.800 viviendas con todos los ocupados asalariados, frente a las 50.700 que tienen a todos sus activos parados —un 22,6% menos que hace un año— y las 33.600 que no perciben ningún ingreso —un 16% menos que en el tercer trimestre de 2021—, según la Encuesta de Población Activa (EPA). 

El encarecimiento del precio de luz y gas, dos básicos a las puertas del invierno, los ha convertido en productos de lujo para muchas familias.

El encarecimiento del precio de luz y gas, dos básicos a las puertas del invierno, los ha convertido en productos de lujo para muchas familias. / PILAR CORTES

En resumen: más personas pobres en un escenario de mayor empleo, lo que hace inevitable una pregunta: ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Sindicatos y organizaciones sociales ponen el foco en los perversos efectos de la inflación, que el pasado octubre se situó en el 7,3%, como causa para explicar la aparición de un nuevo perfil de pobre que están observando a diario en sus respectivas sedes.

«Llevamos tantos meses sufriendo la subida escalonada de los precios que ya da igual que no tengas un empleo y una estabilidad económica o que tengas un trabajo y un salario para estar en el rango de persona vulnerable», explica Yaissel Sánchez Orta, la secretaria general de UGT en l’Alacantí-Les Marines, quien incide en que el desequilibrio que hay entre salarios y precios «es tan enorme que cada vez hay más trabajadores pobres». 

Se agranda la brecha salarial

Veamos un ejemplo. La estadística sobre Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias, que señala que el año pasado los asalariados alicantinos ingresaron una media de 17.649 euros al año, lo que representa un 4,4% más que el año anterior. No obstante, el salario medio fue  3.870 euros inferior al del conjunto del país. O, lo que es lo mismo, los alicantinos ganaron un 17,9% menos que el resto.

Antes de la llegada del coronavirus esa diferencia era de 3.427 euros o de un 16,6%, según este estudio, que la Agencia Tributaria elabora con los datos que comunican las empresas para aplicar las retenciones sobre las nóminas de sus trabajadores. De modo que la brecha salarial que arrastra la provincia respecto al resto del país es cada día más grande. 

Por contra, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicó el pasado septiembre un informe, tras analizar los precios de 1.180 supermercados en 65 ciudades de todo el país, donde constataba que en el último año los alimentos han experimentado la mayor subida de precios desde 1988. 34 años.

Y, además, puso el acento en que nunca hasta ahora se había producido una subida tan brusca en la cesta de la compra, del 15,4%, con productos básicos que han llegado a encarecerse hasta en un 118%, como el aceite de girasol, mientras que el de oliva (+53%), las harinas (+50%) y todos sus derivados, como la pasta (+56%) o las magdalenas (+75%) también registraron notables incrementos, junto al azúcar (+43%), la leche, los huevos, la fruta o las verduras frescas, en torno a un 25% más caras. 

La misma suerte al alza corrieron el precio de la energía y de los combustibles. Aunque en octubre hubo una pequeña contención, el último año ha sido de constantes crecidas. El recibo de la luz alcanza ya una subida interanual del 70% entre enero y octubre. Esta escalada se reproduce en las tarifas de gas natural, combustibles o gas butano, en el que el precio de la bombona ha pasado de 13,30 euros en enero de 2021 a los 18,58 que cuesta ahora. 

Una voluntaria entrega a un usuario de Cáritas distintos productos de alimentación.

Una voluntaria entrega a un usuario de Cáritas distintos productos de alimentación. / David Revenga

Más necesidades y más diversas

Ante este abrumador panorama, organizaciones como Cáritas o Cruz Roja han disparado también el número de personas que acuden a ellos para pedir ayuda, sobre todo desde que acabó el verano, hasta alcanzar un crecimiento interanual por encima del 20%. Carolina Espadas, la coordinadora provincial de Cruz Roja en Alicante cifra en más de un 24% el repunte personas vulnerables a las que se les ha prestado algún tipo de atención. O, dicho en otras palabras, la cifra de usuarios se ha incrementado en más de 11.000, con especial aumento en el colectivo de mujeres y de familias monoparentales, hasta alcanzar las 60.000 personas en la provincia. 

Al margen de las clásicas ayudas de alimentos o las destinadas a personas sin hogar, inmigración o mayores, esta organización ha puesta en marcha a nivel nacional un programa específico, denominado «Plan Reacciona», para atender las necesidades de los «nuevos pobres» surgidos en este nuevo contexto de crisis y que solo en la provincia de Alicante prevé alcanzar los 678 hogares y a más de 2.700 personas.

«Sabíamos que más pronto que tarde iba a haber una avalancha de personas que antes no se consideraban vulnerables y que ahora iban a pasar a serlo y generamos un fondo para poder complementar o cubrir necesidades a las que no llegan otras ayudas públicas», explica Espadas. Muchas de ellas, dirigidas a paliar la pobreza energética y otras necesidades básicas, al margen de la puramente alimenticia, que también repercuten en la salud y el bienestar de las personas pero que muchas familias han dejado de poder asumir: comprarse unas gafas, costear terapias para niños con necesidades especiales, ayudar a un pequeño autónomo a pagar el recibo de luz de su negocio o comprar medicamentos sin financiación, entre otros. 

En el caso de Cáritas, el incremento de peticionarios también ha sido notable desde el final del verano y la previsión es que la demanda crezca todavía más conforme avance el invierno y arrecie el frío. Así lo aseguran voluntarios de una de las parroquias de Benidorm, la de San Jaime y Santa Ana, donde desde hace semanas, en cada reparto quincenal registran prácticamente una decena de nuevas familias y donde cada vez más llegan personas con necesidades más diversas: «Tenemos facturas de gafas, de ortopedia, muchísimos recibos, pensiones, y hasta de billetes de ida de gente que se ha tenido que volver a su país porque aquí no veía futuro», explica Juan Antonio González, el párroco. 

Un almacén donde Cruz Roja Alicante almacena los alimentos para repartir entre familias vulnerables.

Un almacén donde Cruz Roja Alicante almacena los alimentos para repartir entre familias vulnerables. / David Revenga

Las dos organizaciones coinciden en que la mayoría de nuevas inscripciones se corresponden con personas que nunca antes se habían visto en la necesidad de pedir ayuda social, por lo que, además, recae sobre ellos un peso añadido: la vergüenza por tener que pedir. «Vienen como excusándose, sintiéndose incluso mal», explica la coordinadora de Cruz Roja. La entidad quiere ahora cambiar la metodología de la entrega de estas ayudas de alimentos para dignificar a estas personas y darles mayor autonomía. 

«Hace falta un gran pacto social para reequilibrar los salarios»

Diversos informes publicados en los últimos meses, entre ellos uno de Oxfam Intermón, apuntan que la inflación reduce el poder adquisitivo de los hogares más pobres un 30% más que el de los hogares más ricos. Por eso, los principales agentes sociales alertan de la necesidad de alcanzar un gran pacto social que permita reequilibrar los salarios para evitar que la brecha de la pobreza se siga agrandando.

«Hay más empleo pero eso no se está traduciendo en que el crecimiento salarial de los hogares o el poder adquisitivo vayan al mismo ritmo, sino todo lo contrario», apunta Yaissel Sánchez, quien recuerda que este sindicato ya alertó en verano de que el otoño sería caliente «y es lo que está sucediendo».

Para la secretaria general de UGT en l’Alacantí-Les Marines, «aunque el Gobierno está poniendo medidas encima de la mesa, aún se puede, se debe hacer más. Hace falta que las grandes empresas y los bancos, a los que rescatamos entre todos con mucho esfuerzo, hagan un ejercicio de corresponsabilidad para evitar que la clase trabajadora vuelva a ser la que pague por los desajustes de este país, cuando hay empresas que están teniendo beneficios extraordinarios a costa de todos».