De las miles de solicitudes presentadas entre el 2 de junio y el 31 de octubre para percibir el bono joven del alquiler, la Generalitat solo ha resuelto las registradas en los 11 primeros días del plazo.

Desde el 7 de septiembre -fecha en la que se publicó el primer listado de expedientes revisados- hasta el 17 de noviembre, únicamente se han evaluado 192 solicitudes en el conjunto de la provincia, menos de tres al día. Un ritmo que, de mantenerse, podría provocar que parte de los solicitantes recibiesen respuesta una vez finalizado el periodo de pago de la ayuda.

El bono, que consiste en un ingreso mensual de 250€ durante todo 2023 y 2024 -y que en el momento de la concesión se paga con carácter retroactivo-, fue aprobado en el mes de enero por el Gobierno central con el objetivo de paliar los efectos de la actual crisis internacional en la población joven y facilitar la emancipación de las personas de hasta 35 años que todavía permanezcan en el hogar familiar.

A pesar de tratarse de una ayuda financiada por el Estado, son las autonomías las encargadas de gestionar su tramitación. En el caso de la provincia de Alicante, se han aprobado hasta el momento 192 expedientes por valor de 566.855,52€, aproximadamente un 2,5% del presupuesto autonómico para este programa: 22.800.000€.

Un joven mira el escaparate de una inmobiliaria en la provincia. JUANI RUZ

Un ingreso, el del bono joven, que no solo beneficiaría a aquellos con la intención de emanciparse, sino que sería vital para aquellos jóvenes que ya viven solos pero que lo hacen con dificultades para llegar a fin de mes, o a los que sus circunstancias económicas han variado a consecuencia de la pandemia o de la crisis derivada de la guerra en Ucrania.

Por ello, quienes todavía están pendientes de la resolución denuncian que la ayuda no la han solicitado "por capricho" sino por necesidad, y que llevan desde el mes de enero -cuando fue aprobada por el consejo de ministros- esperando el ingreso que les facilitaría pagar el alquiler.

Asfixiados por la inflación

Es el caso de Carla O., que vive con su pareja en San Vicente del Raspeig y perdió el empleo durante este año. Carla asegura que, de momento, con el sueldo que ingresan en su casa -el salario mínimo interprofesional- y la prestación por desempleo pueden "ir tirando" pero que en unos meses, cuando se le agote el paro, la situación será muy distinta: "Al ritmo que van, es posible que cuando nos concedan la ayuda hayamos tenido que dejar el piso, y eso si nos la conceden".

Una situación similar es la que tiene Daniel A., un joven que se emancipó justo antes de la pandemia y que ha ido encadenando trabajos temporales después de que su empresa hiciera recortes de plantilla tras la crisis del coronavirus: "Ahora mismo me quedan 3 meses de contrato, y ya estoy buscando otra cosa por si acaso". Daniel asegura que "con lo que cuesta la luz, el agua o hacer la compra es muy difícil poder llegar a todo para las personas que vivimos solas" y lamenta que "se habla de que los jóvenes tardamos en irnos de casa o tenemos hijos muy tarde, pero no es por gusto, es porque no nos queda otra".

Esta situación les lleva a reclamar a la Generalitat que agilice los trámites para la obtención de la ayuda. Los afectados aseguran que el "colapso" del sistema de gestión del bono joven podría resolverse destinando mayor personal a la revisión de expedientes. Una decisión que consideran "completamente necesaria" dada la urgencia de muchos de los solicitantes para poder continuar con sus vidas actuales.