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Análisis: El bipartito de Alicante aún está a tiempo

La falta de espíritu negociador sigue impregnando las políticas del gobierno de Barcala, afectando a proyectos de los barrios y también al Presupuesto local

Barcala, durante la presentación del borrador del Presupuesto Alex Dominguez

Tras los proyectos para incluir un carril bus en la avenida de Aguilera, instalar una pérgola junto a la ermita de Sant Antoni Abad de Villafranqueza o reurbanizar la Plaza Nueva con mucho hormigón y poco espacio para sociabilizar en un entorno amable, por citar iniciativas recientes, la polémica está rodeando, en esta caso desde su gestación, a la obra para la reurbanización integral de la glorieta Pintor González Santana, situada junto a Plaza América, que tiene un presupuesto máximo que ronda los 711.000 euros. 

El diseño aprobado por el bipartito de Alicante no gusta a los vecinos del barrio ni tampoco a otros muchos de la ciudad. Más bien genera entre incredulidad y rechazo. Que si es una hoguera experimental o un parque acuático, que si es un horror, una mamarrachada o una horterada, que si no hace falta, ya que el barrio tiene otras necesidades más acuciantes (como limpieza y seguridad), según dicen en las calles. 

La cuestión es que el proyecto, en el ojo del huracán sin ni siquiera estar licitado, ha encontrado el inmediato rechazo vecinal. Si no unánime, poco falta. En este caso, la solución -a veces compleja en la maraña administrativa que condiciona buena parte de las decisiones políticas- es sencilla: rediseñar el proyecto, con todos los focos puestos en la fuente central, para satisfacer así a los vecinos de la zona, a aquellos que tendrán que convivir con un proyecto realizado con dinero de todos. 

En este caso, existe un margen que no hubo con la Plaza Nueva, donde las críticas llegaron cuando ya estaba prácticamente finiquitada la obra. En el proyecto ejecutado en el Centro Tradicional se escucharon previamente pocas voces: las de representantes del comercio y de la hostelería. En el proyecto en Plaza América, visto lo visto, con casi unanimidad en tiempos de polarización, aún no se sabe con quién se habló. Con pocos o incluso con nadie.

Y ahí reside un problema capital del bipartito de Alicante, como el tiempo se ha empeñado en demostrar. Si se hubiera preguntado a los afectados, ahora no se tendría que estar rediseñando (o eso dicen) el proyecto en la avenida de Aguilera (que iba a estar listo en días, semanas como mucho, y lleva meses sin ver la luz). Si se hubiera consultado, tampoco se tendría que haber decidido recular con la actuación en Villafranqueza, por ejemplo. O, aún más recientemente, el gobierno local no tendría que autoenmendarse la plana en apenas unos meses con el intento de suprimir los "hippies" de la Explanada. Tras aprobar en julio la salida del mercadillo del emblemático paseo, en unos días se prevé desandar lo andado. Una decisión, tal y como aparece en los papeles oficiales, que se toma tras conversar a posteriori con los afectados. ¿Y si se hubiera intentado negociar, como se pretende hacer ahora, una ubicación alternativa antes de aprobar, votación mediante, la supresión del mercadillo? De haberse hecho así, no se tendría que aplazar la medida a 2024, unos dos años, para que la asuma la siguiente Corporación, tras enfadar a unos comerciantes que nada sabían de esas intenciones cuando las leyeron en la prensa. Otra marcha atrás del bipartito por no hablar, escuchar, negociar, debatir, consensuar, por ir en definitiva por el camino recto (el del "ordeno y mando"), que además de ser el más indeseable, no siempre es ni siquiera el más rápido, y menos cuando las urnas asoman ya en el horizonte. 

Y es que, con la perspectiva que da el tiempo, casi cuatro años de mandato de PP y Ciudadanos, es indiscutible que el fuerte del gobierno municipal de Alicante no es la participación ciudadana. Ni como la entienden los clásicos del movimiento asociativo ni como se debería conjugar si se pensase en otras generaciones. Tampoco como se tendría que fomentar en estos tiempos, en los que existen herramientas para testar la opinión de una ciudadanía a la que habría que involucrar más en la transformación de la ciudad si se pretende que la asuma como propia, dándole voz más allá de la consulta de rigor de cada cuatro años. 

El máximo exponente de esa distancia con la participación ciudadana es el Consejo Social de la Ciudad. Nada se sabe de un órgano consultivo donde, sobre el papel, están representados muchos estratos de la sociedad, desde vecinos a comerciantes, pasando por universidades y expertos, hasta llegar a empresarios y sindicatos. Voces que se escucharon, en otro formato, en los peores tiempos del covid, cuando se estilaba aquello de ir todos juntos, impulsando comisiones para la reconstrucción, de las que ya nada se sabe. 

En la presentación del borrador del Presupuesto de 2023, el alcalde, Luis Barcala, evidenció las ganas que tiene de cerrar el mandato aprobando las cuentas en tiempo y forma. Es decir, con el trámite plenario superado durante este año 2022. Lógico, aunque el calendario ahoga. No evidenció, en cambio, su deseo de llevar el nuevo Presupuesto ante el Consejo Social. No lo hizo, pero a tiempo está de hacerlo. Aprobar las cuentas antes de empezar el año y hacerlo dando voz a la ciudadanía, a través de una variada nómina de representantes, sería una buena carta de presentación de cara a las elecciones del 28-M, una forma de demostrar que de los errores se aprende.

Es posible, también, que Barcala se plantee que ir al Consejo Social con proyectos ya manidos, algunos con las obras avanzadas, puede resultar contraproducente. Puede mostrar agotamiento, resaltando uno de esos problemas innatos del Ayuntamiento: la baja ejecución de las inversiones (un 32% en 2021, último dato oficial). Para muestra, el botón: la pasarela ciclopeatonal de Urbanova, que va saltando de presupuesto en presupuesto hasta que algún día se convierta en realidad. 

Este es uno de esos proyectos de los que se habló en una presentación inaudita, que se hizo antes de contar con el visto bueno de Intervención y, por tanto, antes de superar el trámite de la Junta de Gobierno. Una puesta de largo de un documento aún sin cerrar, que constató las prisas del bipartito por trasladar que este año sí, en la que Barcala se explayó con los gastos, pero apenas aludió a los ingresos. En la que se quedaron demasiadas cuestiones sin responder por parte del alcalde. La vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, fue más allá. Hizo pleno. Se le preguntó solo por las cuentas de Igualdad (y LGTBI), fijación de Vox, y pasó palabra.

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