Dieciséis meses después de que el Consejo Nacional de la Agua respaldara la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de aprobar el polémico cambio de las reglas de explotación del Tajo-Segura, la ministra y vicepresidenta Teresa Ribera vuelve a dejar en el aire el futuro del trasvase Tajo-Segura, al fijar por escrito, negro sobre blanco, en el plan hidrológico del Tajo, que el caudal ecológico del río en Aranjuez, que arrancará el próximo enero en 7 metros cúbicos por segundo, en vez de los seis actuales, subirá en 2026 a 8 m3 por segundo y en 2027 a 8,5 metros cúbicos por segundo. El plan del Tajo ha salido adelante con 55 votos a favor, 22 en contra y 8 abstenciones, entre ellas la de la Generalitat Valenciana, el abrumador rechazo de todas al comunidades autónomas del PP (Nuñez Feijóo había dado la orden tras petición de Carlos Mazón) y de las comunidades de regantes, entre ellas el propio Sindicato Central del Trasvase Tajo-Segura.

Al parecer la tradición marca que la comunidades autónomas por donde no pasan los ríos se abstienen. El Tajo no pasa por la Comunidad Valenciana pero miles de litros de agua del río castellano-manchego riegan la huerta de la Vega Baja y el Campo de Elche desde hace más de 40 años. Por la Generalitat ha acudido el secretario autonómico de Medio Ambiente.

Finalmente, se incluye en una disposición adicional el mecanismo de revisión pactado por el presidente Ximo Puig y la vicepresidenta Teresa Ribera para calibrar la situación del río en 2025, antes de que entre en vigor en 2026 el nuevo aumento, pero sus resultados, según Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, no serán vinculantes. No obstante, la puerta a una revisión abre también la posibilidad de un cambio dentro de dos años.

Un tramo del río de cien kilómetros de longitud por el que el río circulará con un caudal de 7 metros cúbicos por segundo, en vez de los 6 m³/segundo actuales y que el Sindicato Central de Regantes pedía no tocar, ni los 8,5 metros cúbicos/segundo “pactados” en su día por el Gobierno con Castilla-La Mancha, que ahora amenazaba con pedir que se ejecutara la Sentencia del Tribunal Supremo. Fallo que obliga a fijar caudales mínimos para el río, pero sin fijar qué cantidades.

Al final, en el Consejo Nacional -órgano cuyas decisiones no son vinculantes pero sirven de guía para el Ministerio y el Consejo de Ministros-, se opta por dar el visto bueno a los 7m3/segundo con cláusula de revisión en 2026 acordado hace dos semanas por el Consell y el Ministerio para la Transición Ecológica. Un acuerdo de que desde este martes está negro sobre blanco pero sin carácter vinculante. A partir del próximo año se reducirá en 32 hm³ al año el agua a trasvasar. Cantidad que según todos los expertos aumentará porque, como recuerda Francisco Cabezas, director del Instituto Euromediterráneo del Agua, subir el caudal modificará al alza la “línea roja” (400 hm³ en los embalses de Entrepeñas y Buendía) a partir del la cual se cierra el trasvase.

Mientras se celebraba la reunión, la Asociación Jóvenes Agricultores-ASAJA se concentró frente al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico con el fin de exigir respeto para la agricultura y que se escuche a los productores en la búsqueda de soluciones ante las dificultades por las que atraviesa el sector agrario. Asimismo, la asociación se ha pronunciado ante las “políticas tremendamente lesivas y los ataques injustificados” que está llevando a cabo este ministerio en materia energética e hidráulica.

Asaja reclamó el fin de los recortes de una infraestructura histórica como lo es el Trasvase Tajo-Segura; la puesta en marcha de planes hidrológicos realizados por expertos técnicos de reconocido prestigio para una redistribución equitativa de todos los recursos hídricos en España; el respeto de mantenimiento del regadío, a la agricultura y la ganadería como actividades esenciales para evitar el despoblamiento; y el establecimiento de medidas correctas frente al incremento desmesurado de los costes energéticos, en especial las tarifas eléctricas.

La de este miércoles ha sido el pistoletazo de salida de un calendario de protestas que Asaja tiene previsto llevar a cabo para pedir la dimisión de la Ministra Teresa Ribera y un cambio de visión del ministerio, que “ha demostrado con sus decisiones cómo criminaliza al campo. La organización agracia solicita, de carácter urgente, la puesta en marcha de medidas equilibradas que protejan el planeta y permitan, a la vez, el desarrollo del sector primario”, apunta la organización agraria en un comunicado.

Paradójicamente, el mismo día en el que se daba un paso más hacia el recorte del trasvase, se conocía que los pantanos de Entrepeñas y Buendía, desde donde parte el envío de agua al Segura, han ganado en la última semana 7,23 hectómetros cúbicos y acumulan 480,15 hectómetros, lo que supone el 19,06% de su capacidad total de embalse, que alcanza los 2.518 hm3.

Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), a fecha de 28 de noviembre de 2022, el embalse de Buendía acumula 268,39 hectómetros cúbicos de agua, 4,62 hectómetros más que la semana pasada, lo que supone el 15,74 % de su capacidad total, que es de 1.705 hectómetros cúbicos.

Asimismo, la reserva de agua en el pantano de Entrepeñas ha sumado 2,61 hectómetros cúbicos en los últimos siete días, de forma que almacena 211,76 hectómetros, el 26,04 % de su capacidad total, que se sitúa en 813 hectómetros cúbicos.

El trasvase está cerrado para reparar unas fugas hasta la próxima primavera Tony Sevilla

Hace un año por estas fechas los pantanos de la cabecera del Tajo almacenaban 650,21 hectómetros cúbicos, el 25,82 % de su capacidad de embalse.

En su totalidad, los pantanos de la cuenca hidrográfica del Tajo almacenan esta semana 4.439,57 hectómetros cúbicos de agua, 152,87 más que la pasada semana, que suponen el 40,17 % de la capacidad total de embalse, que es de 11.051 hectómetros cúbicos.

En el Tajo, la batería de medidas pasa por acabar con los vertidos de aguas urbanas de Madrid mal depuradas a los ríos Manzanares y Jarama, que confluyen en el Tajo. El departamento de Teresa Ribera incluye esta tesis en el programa de control tras una larga reclamación por parte del Sindicato Central de Regantes. Aguas abajo de Aranjuez, una vez el Tajo recibe los caudales del Jarama, todas las masas de agua superficiales son deficientes, según el Ministerio.

Doce de las 18 masas de agua entre los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía y la presa de Azután (Toledo), están en mal estado, con presencia excesiva de amonio, fosfato o glifosato. La red de saneamiento, colectores y tanques de tormentas «no evita completamente que se viertan aguas pluviales -al Manzanares- sin haber recibido el tratamiento necesario».

Todo esto implicará el 40% del presupuesto del programa de control, más de 1.000 millones de euros. La restauración hidroforestal del Jarama, junto con la modernización de los regadíos en el Tajo permitiría no depender tanto de las reservas de los embalses de cabecera, al estimar un ahorro real de hasta 100 hm3 al año.

El Gobierno añade a las exigencias el buen estado de los humedales de las Tablas de Daimiel y los envíos por la Tubería Manchega a razón de 27,6 hm3 al año para abastecer de agua hasta 70 municipios. El pacto alcanzado avanza también la revisión de las reglas de explotación del Trasvase tras modificarlas el pasado año para dar más estabilidad a los envíos.

La cuestión estará en dónde colocar la línea roja a partir de la cual no haya más trasvases, ahora fijada en 400 hm3. Al fijar caudales ecológicos, la aprobación del Plan del Tajo «podría conllevar una modificación de estos caudales de referencia y, por tanto, motivar la revisión de las reglas de gestión actualmente vigentes», señala el documento.

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, por su parte, ha lamentado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, haga “seguidismo” y se “rinda” ante Pedro Sánchez propiciando un “acuerdo político, sin ningún aval técnico” que eleva a 7 metros cúbicos por segundo el caudal ecológico el Tajo, lo que supondrá el recorte del trasvase al Segura con unas pérdidas económicas estimadas en 41 millones de euros al año para la provincia de Alicante.  

" Nos dicen que se van a invertir mil millones para mejorar la calidad del agua del Tajo, pero eso no evitará que se suban los caudales"

Lucas Jiménez - Presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura

“El presidente Puig se vanagloria de un acuerdo político que aumenta el caudal ecológico y que supone un nuevo recorte del trasvase para la provincia de Alicante que generará pérdidas anuales de más de 41 millones de euros y pondrá en riesgo el futuro de 50 millones de árboles y de 100.000 familias en nuestra tierra”, ha indicado el presidente, quien ha vuelto a criticar que esta medida, “que perjudica claramente a la provincia de Alicante, no cuente con ningún aval técnico” que la justifique.

Asimismo, el dirigente alicantino ha recordado que durante estos últimos 4 años, “el PSOE de Pedro Sánchez y de Ximo Puig ha recortado 20 veces, sin criterios técnicos, el trasvase Tajo-Segura”, por lo que ha pedido que se acabe “con tanto entreguismo y recortes sin justificación”.

Al respecto, ha acusado al “dúo Sánchez-Puig de desenterrar el hacha de guerra contra los intereses y los derechos de la provincia de Alicante” y ha advertido que, ante ello, “vamos a dar todas las batallas”. “Si lo que están provocando es una guerra, nosotros les responderemos con justicia, pero callados no nos vamos a quedar”, ha añadido. 

En esta misma dirección, Mazón ha rechazado las críticas que desde el PSOE se vierten contra él acusándole de provocar el enfrentamiento. “Si el único relato que tienen es acusarme a mí de incentivar la guerra del agua, quiero decirles que aquí estoy para defender a mí provincia, que vamos a dar todas las batallas porque esto no es una guerra del agua, sino la entrega, por parte de Puig y Sánchez, de nuestros derechos y de la justicia que se merece esta provincia a quien no corresponde, sin preguntar y sin ninguna justificación técnica”, ha argumentado. 

Por el contrario, el presidente de la Diputación ha criticado la “rendición” que supone el acuerdo para elevar el caudal ecológico del Tajo, “un hachazo más para esta provincia y un incentivo más a la guerra del agua que el PSOE de Sánchez y Puig están perpetuando”. En este sentido, ha apuntado, aludiendo al president de la Generalitat, que “ya está bien engañar a la opinión pública y a los regantes, de agachar la cabeza y de no defender los intereses de esta provincia”.

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Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes, subrayó que «lo que ha ocurrido hoy en el consejo es una astracanada. Nos dicen que se van a invertir mil millones para mejorar la calidad del agua del Tajo, pero luego dejan claro que eso no evitará que se suban los caudales. El presidente Ximo Puig y el delegado del Gobierno en Murcia deben darnos explicaciones"