Alicante renueva los servicios públicos esenciales y mantiene su apuesta por una fiscalidad blanda

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha defendido en el tercer Foro del Municipalismo que cualquier planificación sobre el futuro de los ayuntamientos debe «mantener la atención a las personas y sus problemas y necesidades» en el centro cualquier acción política; y en esa línea de actuación ha enmarcado la renovación de las grandes contratas de servicios públicos acometida por su equipo de gobierno en los tres años y medio de mandato que lleva al frente del Ayuntamiento de la capital de la provincia.

El primer edil, que ha abogado por la segunda descentralización administrativa para profundizar en la autonomía política y financiera de los ayuntamientos, también ha destacado que el Ejecutivo municipal también lleva a cabo una profunda transformación urbana de la ciudad, con más de un centenar de proyectos activos para conseguir una Alicante «más limpia, sostenible y amable», así como una «firme» apuesta por la simplificación de los trámites municipales en la relación del ciudadano con su Administración más cercana y por un cambio del modelo productivo para reforzar la captación de empresas innovadoras, digitales y de base tecnológica.

«Encaramos este tramo final del mandato con las grandes contratas de los servicios públicos esenciales ya adjudicadas», explicó Barcala. «La limpieza viaria, la recogida de basuras, el transporte público en autobús y el mantenimiento de los parques y jardines son servicios básicos que nos exigen los alicantinos; son el gran contrato que firmamos con los ciudadanos y ya han sido renovados para la próxima década. Cuando llegamos al Ayuntamiento nos encontramos paralizadas todas la gestiones para su renovación y hemos conseguido desbloquearlos y actualizarlos».

El primer edil de Alicante recalcó que los ayuntamientos se han visto abocados «a instalarse en una especie de anormalidad permanente» tras unos años de mandato marcados por «situaciones impredecibles» como la pandemia del covid-19, el confinamiento, una inflación por encima del 11%, la factura disparada en el recibo de la luz y el consiguiente coste que todo ello supone para las familias.

En este punto, Barcala defendió que las entidades municipales tienen que aplicar «políticas para hacer frente a la inflación; que, al mismo tiempo, deben ser de reactivación económica». Y citó como líneas de actuación de su equipo de Gobierno la «fiscalidad blanda», que ha convertido a Alicante por cuarto año consecutivo en la capital española con mayor libertad económica; el alto ritmo de inversiones municipales en obra pública para generar actividad, riqueza y empleo; y el recorte del gasto corriente no productivo. También reiteró que el Ayuntamiento que preside no aplicará la tasa turística aprobada por la Generalitat Valenciana.

El regidor destacó que en los Presupuestos del Ayuntamiento para el próximo año se incrementan las ayudas directas para las familias y destacó la apuesta municipal por los bonos comercio y gastronómico, que han inyectado más de tres millones de euros en el comercio y el sector de la hostelería de la ciudad en el último trimestre de este año.

Barcala reivindicó «la salud financiera» de las cuentas municipales, que han pasado en los últimos cuatro años de 260 millones a los 326 millones de euros presupuestados para el próximo ejercicio, «con más de 70 millones en inversiones en un entorno particularmente difícil por la subida de la factura eléctrica, la renovación de las grandes contratas y el incremento salarial de los funcionarios». «Son cuatro años de bajada de impuestos y de incremento presupuestario para que los alicantinos reciban cada vez más y mejores servicios; y eso es una realidad y no una teoría», apostilló.

El alcalde de Alicante insistió en la necesidad de promover «una segunda descentralización administrativa» para reforzar la autonomía política y financiera y el peso de los ayuntamientos en la toma de decisiones que afectan directamente a los ciudadanos. Barcala precisó que su consistorio no tiene ningún inconveniente «en gestionar servicios que corresponden a la Generalitat», pero reclamó «la necesaria y suficiente financiación» para poder hacerlo. «Se está generando un déficit por insuficiente llegada de fondos para hacernos cargo de competencias impropias que el Consell delega en el Ayuntamiento y hemos tenido que aportar más de cinco millones para completar el contrato programa y poder reforzar nuestras políticas sociales».

En la misma línea descentralizadora, abogó por la urgente reforma de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley de Bases de Régimen Local, al tiempo que rechazó de plano que se pueda volver a aplicar la regla de gasto y bloquear, de paso, la disponibilidad de los ahorros municipales o remanentes por parte de los ayuntamientos.

Barcala subrayó que, además de la transformación física «desde el frente litoral a todos los barrios», Alicante está inmersa en un «cambio estructural» de gran calado, que apuesta por el desarrollo y captación de empresas de base tecnológica e innovadora, «uno de los grandes ejes estratégicos contemplados en la Agenda Urbana 2030 para impulsar el crecimiento de la ciudad en la próxima década».