Mazón y López Miras acuerdan presentar juntos las alegaciones y recursos contra el recorte del Tajo-Segura

La Diputación de Alicante y el Gobierno de Murcia impulsarán una estrategia conjunta de defensa técnica y jurídica del trasvase del Tajo-Segura, tal y como se recoge en el acuerdo que han suscrito este lunes el presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, y el presidente murciano, Fernando López Miras. Ambos dirigentes han criticado las “decisiones que, sin ningún aval técnico y científico, está adoptando el Ejecutivo de Pedro Sánchez, para acabar de forma inexplicable e injustificada con esta infraestructura”, y han acusado al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y al PSOE de Murcia “de ser cómplices, con su silencio, de esta ignominia”.  

Una de las primeras acciones que se emprenderán fruto de esta alianza es, tal y como han señalado tras la reunión celebrada en el Palacio de San Esteban de Murcia, la presentación de forma coordinada de alegaciones ante el Consejo de Estado contra el Plan Hidrológico del Tajo que contempla un incremento del caudal ecológico -que ya ha sido avalado por el Consejo Nacional del Agua-. Además, han avanzado que si el Consejo de Ministros ratifica este documento “toda la maquinaria de la Diputación y del Gobierno de Murcia se pondrá en marcha para presentar los recursos necesarios antes todas las instancias judiciales que podamos”.

Por su parte, Ximo Puig, insiste en que están buscando "la mejor solución para los regantes" y acusa al PP de "usar el agua para enfrentar y no para solucionar". En declaraciones antes de reunirse con diputados nacionales y autonómicos, senadores y cargos del partido, Puig ha asegurado que los socialistas defenderán "con fortaleza, convicción y argumentos en defensa del trasvase Tajo-Segura" y ha apostado por "actuar en Madrid de manera unida en defensa de los intereses de los valencianos asumiendo los compromisos que sean necesarios".

Puig ha insistido en "la necesidad de poner en marcha todos los mecanismos de influencia posible para defender los intereses de nuestra tierra": "No se trata de estar en la confrontación permanente, sino en la solución".

"El PP tuvo mayoría absoluta en todas las instituciones y no trajo ni una gota de agua más a la Comunidad Valenciana"

Ximo Puig

— Presidente de la Generalitat

En este sentido, Ximo Puig ha señalado que "lo que toca en estos momentos es buscar la mejor solución para los regantes de la Comunitat Valenciana, especialmente para los de la provincia de Alicante" y ha asegurado: "Si el Ministerio no actúa en consecuencia, tenemos claro que actuaremos en consecuencia pero desde la vía del diálogo y si fuera necesario, como hemos hecho en otras ocasiones, iremos a los tribunales para defendernos".

El presidente ha recordado al Partido Popular que "tuvo mayoría absoluta en todas las instituciones y no trajo ni una gota de agua más a la Comunitat Valenciana" y ha lamentado que "siga utilizando el agua para enfrentar y con una mirada partidista". "Es una mirada demagógica que no da ninguna solución, lo único que aporta es confrontación y problemas", ha concluido.

La subida del caudal en el Tajo sólo se produce en el tramo que recorta el trasvase para Alicante y Murcia

 El presidente de la Diputación de Alicante ha defendido la “unión estratégica y táctica” de ambas administraciones para “defender con rigor científico y con informes técnicos nuestra postura ante una hoja de ruta política que quiere acabar con el trasvase por razones alejadas de la legalidad, la justicia, la solidaridad y el medioambiente”.

En este sentido, Mazón ha denunciado que la política hídrica del Ejecutivo de Pedro Sánchez y del PSOE “ha creado en estos años, sin ningún tipo de justificación técnica y científica y de forma arbitraria, una deuda histórica del agua con la provincia de Alicante, con Murcia y con la Almería”.

De esta forma, ha cifrado en 590 millones de euros el perjuicio económico “por los 22 recortes políticos que se han aprobado en estos últimos años”, mientras que ha alertado, tal y como sostienen los informes de los técnicos, que el aumento del caudal ecológico recogido en el nuevo Plan del Tajo “supondrá la pérdida de más de 15.000 empleos y un déficit económico de aquí a 2027 de más de 5.700 millones de euros”.

El presidente de la Diputación de Alicante ha denunciado, por otra parte, la actitud del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y de los socialistas murcianos ante los recortes impulsados por el Ministerio de Transición Ecológica. “La hoja de ruta para acabar con el trasvase Tajo-Segura ha destapado a dos cómplices: el president de la Generalitat y los socialistas murcianos”, ha indicado Mazón, quien ha criticado que “no puede ser que Ximo Puig calle ante uno de los mayores atropellos a su tierra”.

Al respecto, ha añadido, además, que “el silencio y la rendición de Puig y del PSOE de Murcia están haciendo un daño irreparable a la estrategia de defensa del trasvase”. “Es una situación francamente histriónica e incongruente”, ha concluido Mazón. 

El Gobierno se escuda en el Supremo para recortar el trasvase pero el tribunal nunca fijó caudales concretos en el Tajo

Por su parte, López Miras ha advertido también de los efectos negativos que el recorte en más de un 50% del trasvase tendrá sobre una zona que produce el 70% de las frutas y hortalizas que exporta España generando más de 20.000 millones de euros. “El trasvase es una infraestructura esencial para todo el país y es inexplicable que se tomen decisiones sin ningún informe técnico o científico que las avalen”, ha insistido el presidente murciano, quien ha señalado que “el levante español no puede verse más perjudicado por decisiones políticas del Gobierno del señor Sánchez”.

"La hoja de ruta para acabar con el trasvase ha destapado a dos cómplices: el presidenet de la Generalitat y los socialistas murcianos"

Carlos Mazón

— Presidente de la Diputación

Por ello, ha insistido, “una vez más el presidente Mazón y yo unimos fuerzas y nos comprometemos a desarrollar una estrategia única de análisis técnico y jurídico de todas las decisiones que está tomando el Gobierno de España sobre el trasvase Tajo-Segura y de emprender de forma unida y conjunta todas las acciones administrativas y judiciales que se puedan para frenar esta tropelía”.

En el encuentro también han participado la vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, el consejero de Agua de Murcia, Antonio Luengo, el director de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo, y el director del Instituto Euromediterráneo del Agua e impulsor del Plan Hidrológico Nacional, Francisco Cabezas.

Melgarejo ha detallado en su intervención los efectos negativos de los sucesivos recortes adoptados, entre ellos el del aumento del caudal ecológico que, según ha detallado, provocará una merma de 105 hectómetros cúbicos al año y, por tanto, pérdidas del 15,6% de la superficie de regadío, es decir, más de 27.000 hectáreas. Los efectos económicos hasta 2027 superarán, ha precisado, los 5.692 millones de euros y el despido de unos 15.000 trabajadores. Asimismo- ha indicado- se acentuará el déficit hídrico estructural de la demarcación del Segura, que alcanzará en 2027 los 309 hectómetros cúbicos. 

Tensión en las Cortes

La comisión de Medio Ambiente de Les Corts ha aprobado este lunes con la mayoría de los grupos del Botánic y el rechazo de PP, Cs y Vox una proposición no de ley sobre las medidas para garantizar "la irrenunciable aportación del trasvase Tajo-Segura" presentada por el PSPV-PSOE y ha rechazado, con la misma correlación de fuerzas, otra del PP en defensa del trasvase.

El diputado del PP Miguel Barrachina ha considerado de una "cobardía supina" dejar "sin el 50% del agua a los regantes alicantinos" y pedir "a esta Cámara que respalde la bajada de pantalones del Consell en el Consejo Nacional del Agua", y ha parafraseado a Indalecio Prieto para calificar de "miserables y traidores" a quienes se oponen al trasvase.

El socialista Manuel Pineda ha recordado que el president Puig ha insistido en varias ocasiones en que el trasvase es irrenunciable, que el Segura "no tiene capacidad" para mantener el desarrollo de Alicante y la Vega Baja, al tiempo que ha recordado que "no es la primera vez que cambian las normas de explotación del trasvase".

"En 2014 -ha asegurado- Arias Cañete recortó el trasvase en 160 hectómetros, no he calculado los miles de millones que se han perdido en la Vega Baja y Alicante", ha agregado Pineda.

Esta afirmación respecto al coste de ese recorte guardaba relación con la proposición no de ley de los populares, en la que se reclamaba una compensación de 190 millones de euros para los agricultores alicantinos "por aportaciones inferiores a lo pactado".

Según ha lamentado Barrachina, "el 61% del regadío alicantino depende de un trasvase que se va a ver recortado entre un 20 y un 50 % en los próximos años", motivo por el cual ha criticado la ruptura de un acuerdo vigente "por sectarismo e ideología", que tendrá como consecuencia la "desertización del sur de la Comunitat".

En su intervención, Barrachina ha pedido que mientras el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia siga investigando "una causa en la que presumiblemente hasta 10 millones de euros del trasvase Júcar-Vinalopó pudieron ir a financiar las campañas del PSPV, no se debería exigir más esfuerzos económicos a los regantes".

La diputada de Podem Beatriu Gascó ha criticado que el PP "quiera reabrir la guerra del agua en un momento en el que el Gobierno está haciendo grandes esfuerzos para asegurar un trasvase que no está en peligro", al tiempo que ha señalado que "no se puede obviar el caudal ecológico de un río tan importante como el Tajo".

Para José Luis Aguirre, de Vox, "es necesaria la interconexión de cuencas, porque el agua no es de una provincia, sino de todos los españoles. No se debe avivar la guerra del agua como pretende la izquierda. Hay agua suficiente si se cuida, que no se modifiquen los caudales ecológicos".

Para Eduardo del Pozo, de Ciudadanos, el PSOE pretende aumentar el caudal ecológico del Tajo y aplicar un mecanismo corrector para mejorar la calidad del agua en Castilla la Mancha "sin fundamentarlo en criterios técnicos, sino ideológicos".

La diputada de Compromís Graciela Ferrer ha destacado que el nuevo planeamiento contempla una reducción del agua desalinizada gracias a la incorporación de energías renovables al proceso de depuración, y ha insistido en que actualmente las aportaciones que recibe la cabecera del Tajo son un 40 % inferiores a lo previsto cuando empezó el trasvase.