La Mesa Provincial del Agua exige al Gobierno que Alicante tenga acceso al reparto del Júcar como Valencia

La Mesa Provincial del Agua ha acordado este jueves exigir al Gobierno que cumpla la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que ha fallado en contra de un recurso de la Confederación Hidrográfica del Júcar y ordena incluir a los usuarios del agua del Vinalopó, L’Alacanti y Marina Baixa en la Junta de Explotación del Sistema Júcar, y que el agua del trasvase se fije como la que se asigna a Valencia y no a sobrantes como sucede hasta ahora.

También se pide que el plan del Júcar recupere la asignación de 12 hm³ de agua potable para la provincia desde el Jucar (no solo riego), lo que en la práctica representa que haya una segunda toma y no sólo para regadío desde Cullera, y corregir el desvío de agua a la Albufera que tenía que llegar al Vinalopó, Otro de los temas importantes en los que hay habido unanimidad ha sido reclamar a la Confederación del Júcar la exención de los gastos extraordinarios que generó la propia CHJ al cambiar la toma del agua de forma unilateral. Doscientos millones de euros que ahora quiere endosar a los agricultores vía tarifas.

Una sentencia del TSJ devuelve el Júcar-Vinalopó al punto de partida en 1998, con agua para beber y regar

La reclamación de produce tras haberse hecho pública la sentencia del titular del Juzgado de la Sala 1 de los Contencioso Administrativo de Valencia ha dictado una sentencia que invalida una decisión de la CHJ rechazando la petición de los usuarios en 2014 y ordenando que estos se sienten en la misma mesa que regantes y municipios valencianos para decidir el reparto del agua y que está no llegue solo a la provincia de Alicante si sobra, como sucede hasta ahora. De entrada, si el plan hidrológico del Júcar mantiene el envío de agua potable Castilla-La Mancha o la prioridad de la Albufera sobre la provincia en los caudales obtenidos en la modernización de los regadíos en la Acequia Real del Júcar, el documento podría ser recurrido en los tribunales ya con una sentencia a favor. La Confederación tiene 30 días para presentar recurso de alzada.

Ángel Urbina, miembro de la comisión y portavoz de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, subraya, en este sentido, que “las asignaciones de los recursos que se adscriben a los aprovechamientos actuales y futuros en el Sistema Vinalopó- Alacantí, han de conllevar la necesaria vinculación entre la sustitución de los recursos subterráneos, con el objetivo de que las masas de agua alcancen su buen estado con la recepción de recursos alternativos procedentes del trasvase”. En definitiva, que hay un equilibro real entre ella agua que se va a dejar de extraer de los acuíferos y la que llegará del Júcar, un vez se cierre el acuerdo que se negocia desde mayo para los próximos 10 años.

Urbina explica que para ello “deben contemplarse y concretarse los necesarios mecanismos que permitan por un lado garantizar suficientemente la recepción de los recursos de sustitución y por el otro, lograr un reparto equitativo entre todos los usuarios del sistema y entre las distintas masas de agua, para asumir los mayores costes de la sustitución, incluyendo entre éstos a los usuarios de las masas de agua compartidas”.

Rechazo al incremento del caudal del Tajo

Por otro lado, la Comisión Provincial del Agua ha vuelto a mostrar su rechazo al incremento de los caudales ecológicos del Tajo recogido en la nueva planificación hídrica de esta cuenca, aprobado por el Consejo Nacional del Agua, por sus negativos efectos en la demarcación hidrográfica del Segura, cuestionando, a su vez, el ‘pacto’ anunciado por la Generalitat Valenciana por desconocer su contenido exacto y no contar con informes técnicos que justifiquen la subida propuesta de 7 metros cúbicos por segundo. 

 La vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha presidido la reunión de este órgano, en el que se han detallado las consecuencias del incremento de los caudales, con una merma del trasvase Tajo-Segura de 105 hectómetro cúbicos al año. En este sentido, esta reducción provocará, según los informes elaborados por los técnicos que ha ofrecido el director de la cátedra del Agua, Joaquín Melgarejo, la pérdida de más de 27.000 hectáreas de regadío, 5.692 millones de euros y 15.300 puestos de trabajo, además de incrementar en 2027 el déficit estructural de la cuenca del Segura a 309 hectómetros cúbicos. 

 Durante la Comisión del Agua, tanto las comunidades de regantes como los técnicos han cuestionado, además, el acuerdo anunciado por la Generalitat Valenciana con el Ministerio de Transición Ecológica para aumentar el caudal a 7 metros cúbicos por segundo a partir de 2023 y condicionar la subida al estado ambiental del río.

Así, se ha apuntado que se desconoce el documento de ese ‘pacto’, al tiempo que se ha denunciado que el mismo no se sustente en ningún informe técnico que avale la subida. Además, se critica que el acuerdo vincule el trasvase a la depuración de aguas en Madrid “cuando en nada contribuye el trasvase a la contaminación del Tajo”.

"Desde el minuto cero el presidente Puig no ha defendido los intereses de esta provincia en el tema del agua"

Ana Serna

— Vicepresidenta de la Diputación

Serna ha explicado que “en la Mesa del Agua hay representantes de todos los sectores económicos de la provincia, principalmente regantes, y partidos políticos que defendemos los intereses del territorio frente a la ambigüedad por parte de la Generalitat que vende un pacto histórico que garantiza la soberanía hídrica del territorio pero que nadie conoce y a día de hoy no sabemos siquiera si se va a tener en cuenta”.

Al respecto, ha añadido que “nos jugamos mucho y la preocupación está en el aire porque, una vez más, tenemos que sufrir la inacción de un presidente como Puig que desde el minuto cero no ha defendido los intereses de esta provincia ni de la Comunidad”. “Ahora se desmarcan desde la Generalitat con que, si no se cumple con esa disposición adicional novena, cambiaran su voto, pero no se dónde lo van a hacer porque eso se decide en el Consejo de Ministros. Una vez más. nos han engañado y nos dejan en una situación totalmente desastrosa que, de no revertirse, condena a muerte a la huerta de Alicante”.