La provincia de Alicante, fuera de la ley: ningún gran municipio arrancará 2023 con la Zona de Bajas Emisiones exigida por el Gobierno

Cero de ocho. Ningún municipio de la provincia de Alicante obligado a implantar Zona de Bajas Emisiones (ZBE) -es decir, los de más de 50.000 habitantes- arrancará 2023 con la herramienta para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático en marcha. Ni Alicante, ni Elche, ni tampoco Torrevieja, Orihuela, Benidorm, San Vicente del Raspeig, Alcoy ni Elda.

Este incumplimiento masivo de la ley de cambio climático no se limita a la provincia de Alicante. Es un hecho generalizado. Tal es así que apenas una veintena de municipios de toda España, del total de 149 que están obligados por ley, han puesto en marcha un mecanismo que conlleva limitaciones al tráfico y que el Ejecutivo central exige que esté en marcha el 1 de enero de 2023, pese a que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) había solicitado un mayor margen de maniobra por el retraso en la aprobación del decreto, que no pasó por el Consejo de Ministros hasta esta misma semana. Entre los municipios que empezarán el año con zona restringida al tráfico figuran Madrid, Barcelona, Sevilla, Córdoba y Pamplona, entre otros.

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En la provincia, las zonas de bajas emisiones son, todavía, un objetivo a cumplir, pero sin fecha concreta. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, alega que "es un problema de todos los ayuntamientos de España, como ya se ha denunciado a través de la FEMP". "El objetivo es seguir avanzando. En el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias estamos estudiando el posible recurso al reglamento recién publicado porque hemos detectado que hay contradicciones importantes con la ley. Ha sido absolutamente imposible hacer los planes sin el reglamento, y éste acaba de salir. El Gobierno de Sánchez ha hecho imposible que los Ayuntamientos pudiéramos cumplir los plazos". Alicante, como otros municipios de la provincia, ha recibido una inyección económica de más de 15 millones de euros para la implantación de las ZBE, procedente de dos partidas de fondos europeos gestionadas desde el Gobierno central. 

La capital, aunque no tiene desarrollada la letra pequeña, ya ha previsto que su zona de bajas emisiones supondrá limitaciones al tráfico en busca de una movilidad más sostenible en torno a dos anillos delimitados en la ciudad, uno exterior, que se define por la Gran Vía, como arteria principal de distribución de tráfico en la ciudad y todo el frente litoral, y uno interior, que comprende el centro urbano, denominado Centro Tradicional y que incluye el Casco Histórico, que se configura por las avenidas Alfonso El Sabio, Doctor Gadea y Federico Soto.

Elche, por su parte, prevé restringir el uso de vehículos sobre una superficie de 536 hectáreas del centro, El Pla, Altabix y El Raval. El Ayuntamiento ha diseñado tres zonas de bajas emisiones donde el autobús tendrá prioridad.

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En Benidorm, otras de las grandes ciudades de la provincia pendiente de su ZBE, tiene previsto aplicar distintas restricciones en las tres zonas en las que se divide la ciudad: Levante, Poniente y el centro, para lograr reducir o suprimir totalmente el tráfico en algunas de las grandes avenidas, como la del Mediterráneo o la de la Armada Española. El proyecto local, que abarca una superficie de 75 hectáreas, se encuentra ya en licitación, con un presupuesto total de 3,4 millones de euros, para el que el Ayuntamiento ha recibido una subvención estatal que alcanza los 3,1 millones.

En Torrevieja, el Ayuntamiento "está preparando ya una propuesta junto con su ordenanza para que la ZBE pueda ser tramitada y aprobada durante 2023", según explica el alcalde, Eduardo Dolón. Mientras, la regidora de Orihuela, Carolina Gracia, añade que el municipio "lleva dos años intentando aprobar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que incluirá el estudio de calidad del aire, cuyo informe estará disponible en breve". El gobierno oriolano espera que el PMUS "se apruebe en el pleno del mes de enero, lo que permitirá acceder a subvenciones para acciones de movilidad sostenible y determinar las zonas de bajas emisiones, que precisarán de medidas para reducir el tráfico rodado en determinadas zonas del casco urbano".

Publicado en el BOE

El decreto aprobado esta semana por el Gobierno y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 28 de diciembre incide en que según los últimos datos facilitados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), nueve de cada diez personas en el mundo respiran aire altamente contaminado. Por su parte, la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) estima en más de 20.000 las muertes prematuras en España al año, a causa de la mala calidad del aire atribuibles a los niveles de óxidos de nitrógeno, ozono y partículas en suspensión inferiores a 2,5 µm (PM2.5). En España, según explica el decreto, casi todas las capitales de provincia presentan datos de calidad del aire que incumplen valores sobre calidad del aire de la OMS.

Por otro lado, según los datos del Inventario Nacional de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero y del Inventario Nacional de Contaminantes Atmosféricos, el sector transporte por carretera es responsable del 8,65 % de las emisiones de partículas finas PM2,5 (el 9,94 %, si se considera el total de partículas en suspensión), y del 32,93 % del total de emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera. Estos porcentajes aumentan significativamente en las zonas urbanas.

La implantación de ZBE, según el Gobierno central, ofrece una "gran oportunidad para favorecer la capacidad de adaptación urbana a los impactos del cambio climático, a través de intervenciones en el espacio físico liberado del uso circulatorio que ayuden a combatir el efecto de isla de calor, mejoren la permeabilidad del suelo y favorezcan la renaturalización, la conectividad natural y la mejora de la biodiversidad urbana".

Requisitos

El decreto regula los requisitos mínimos que deberán satisfacer las ZBE que las entidades locales establezcan. Estas herramientas deben contribuir, según el Gobierno central, a "mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, resultando en una mejora de la salud de la ciudadanía y la calidad de vida urbana, impulsando una movilidad más sostenible e inclusiva con menor impacto en la calidad del medio ambiente sonoro, fomentando la movilidad activa y la recuperación del espacio público y promoviendo la mejora de la seguridad vial y la pacificación del tráfico".

Respecto a la calidad del aire, los proyectos de ZBE deberán comportar una mejora respecto de la situación de partida. En cuanto a mitigación del cambio climático, las entidades locales deberán definir objetivos medibles y cuantificables de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.

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El real decreto establece además que las entidades locales deberán facilitar la instalación de puntos de recarga eléctrica o suministro de combustibles limpios, como el hidrógeno. Además, prevé que puedan introducirse medidas complementarias en el sector de la edificación, como sustitución de sistemas de calefacción, rehabilitación energética eficiente o el fomento de sistemas de climatización sin emisiones. Del mismo modo, se podrán incorporar intervenciones en zonas urbanas de carácter adaptativo, como las orientadas a atenuar el efecto de isla de calor o el aumento de zonas verdes urbanas con especies adaptadas.

La norma recoge también el cambio hacia medios de transporte más sostenibles, priorizando la movilidad activa y el transporte público, durante el diseño de las medidas necesarias para cumplir con los objetivos de las ZBE, entre las que se incluyen las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos, según su potencial contaminante.

Las ZBE, antes de su entrada en vigor, deben someterse a un período de información pública de treinta días, y tienen que regular para permitir la eficiente evaluación de las medidas adoptadas y el cumplimiento de los objetivos. De hecho, el proyecto de cada municipio tendrá que revisarse tres años desde su establecimiento y, posteriormente, cada cuatro años.

El documento, respecto a exigencias como la delimitación geográfica concreta como las diferentes medidas a adoptar, resalta que "queda plenamente respetada la autonomía local y no se invaden las competencias municipales". En marzo de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló la ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona de diciembre de 2019 que aprobó la ZBE, tras lo que el Gobierno anunció un real decreto que regularía su diseño con el fin de evitar nuevos reveses judiciales.

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