El presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura, Lucas Jiménez, ha pedido este miércoles al Consejo de Estado que “aclare o anule” el proyecto del Real Decreto en el que figura el Plan Hidrológico del Tajo para los próximos cinco años con un aumento inicial del caudal ecológico hasta los 7 m³ por segundo entre 2023 y 2025, 8 m³ / segundo en 2026 y 8,65 hm³ en 2027 y, sobre todo que explique la realidad de la disposición adicional que incorpora un mecanismo corrector de los caudales en función de la mejora de la calidad del agua en Castilla-La Mancha.

Mecanismo que nace viciado desde el primer minuto, después de que el propio secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, matizara y enfatizara en la reunión del consejo a regantes, y representantes de institucionales de Castilla-La Mancha y de la propia Comunidad Valenciana, de que los resultados no se vincularán con el aumento de los caudales. Lucas Jiménez considera que “si esto no queda suficientemente aclarado podríamos estar hablando de una presunta ilegalidad de un Decreto en el que figura una disposición a sabiendas que no se va a cumplir, lo que se podría recurrir en los tribunales, por supuesto”.

El presidente del Sindicato Central del Tajo-Segura considera, por otro lado, que “el comportamiento del Gobierno en el desarrollo del plan del Tajo es una continua afrenta con todos los que vivimos en el Levante (Alicante, Murcia y Almería) con contínuos recortes en el trasvase Tajo-Segura que se están institucionalizado. Por ello pedimos una rectificación o aclaración inmediata”.

Lucas Jiménez lamenta, por otro lado, “lo pequeñitos que han quedado algunos cargos públicos aceptando la subida de los caudales”, en alusión directa, aunque sin nombrarlos, a los representantes de la Generalitat Valenciana en el Consejo Nacional del Agua. Representantes, con la consellera de Agricultura a la cabeza, Isaura Navarro (Compromís) a la cabeza que se abstuvieron en la votación del plan del Tajo que aumenta lo caudales ecológicos, por no estar conformes según el propio Consell (los regantes votaron en contra) y dieron el visto bueno a una disposición adicional que nace viciada.

"El comportamiento del Gobierno en el desarrollo del plan del Tajo es una continua afrenta con todos los que vivimos en el Levante"

Lucas Jiménez - Presidente del Sindicato Central del Trasvase Tajo-Segura

Desolado se ha mostrado, el presidente de la SAT San Enrique, Ángel Urbina, que ha vivido la realidad del Tajo-Segura desde su origen. “Los que vimos nacer el trasvase en 1979 , llenos de ilusión y esperanza, hoy nos sentimos tristes , desesperados, viendo que una obra épica, realizada para el desarrollo de la España agrícola y turística camina a su desaparición por la ineptitud de los políticos actuales”.

“Los que han realizado este acuerdo y no han defendido a su tierra deben dimitir por traidores al territorio”

Ángel Urbina - Presidente SAT San Enrique

Urbina subraya que “existen soluciones, pero no se quieren utilizar. Conectar ríos, hacer bancos de agua …, pero hoy solo prima el interés de algunos, y no se dan soluciones globales , y encima se requieren a datos falsos y análisis políticos en vez de técnicos. En definitiva un fracaso colectivo de mantener en activo una forma de vivir y de sufrir” señala Urbina. “Los que han realizado este acuerdo y no han defendido a su tierra deben dimitir por traidores al territorio”.

 Por su parte, la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana en Alicante y ASAJA Alicante entienden que es necesario manifestar claramente que la abstención realizada en el Consejo Nacional del Agua, en la votación del borrador del Plan Hidrológico del Tajo, deja en evidencia la falta de claridad y contundencia del Consell en la defensa de los recursos hídricos que necesita la provincia de Alicante. Además, esta decisión deja en entredicho el acuerdo anunciado por El Consell y el Gobierno la pasada semana, por el que fijaba el incremento de caudales en 7 metros cúbicos por segundo el caudal ecológico del Tajo, lo que permitiría mantener el trasvase hasta 2026. 

Por tanto, las dos entidades estiman necesario reunirse de forma urgente con los responsables públicos autonómicos para conocer el motivo esta decisión y en qué situación queda el acuerdo previo por el que se va iba a dejar el caudal ecológico del Tajo a 7 metros cúbicos en lugar de a 8,6. En concreto, la disposición adicional novena del proyecto de Real Decreto de revisión de los Planes Hidrológicos de las distintas Cuencas. Asimismo, comunican que trabajarán de forma conjunta y sin descanso para impedir que se lleven a cabo los recortes previstos en el trasvase Tajo-Segura. 

Tanto CEV Alicante como ASAJA Alicante siguen denunciando que las decisiones tomadas por el Ministerio de Transición Ecológica no tienen justificación técnica, ya que ni consta ninguna evaluación rigurosa del beneficio medioambiental de elevar los caudales ecológicos del Tajo ni se ha analizado el enorme daño socioeconómico que estas decisiones están provocando en la cuenca del Segura. Si esto se consuma el déficit estructural de la cuenca del Segura, no solo no disminuirá, sino que aumentará, acrecentándose los problemas económicos, sociales y ambientales que afectan a esta Demarcación Hidrográfica. 

"Se confirma la intención progresiva de suprimir el trasvase, obviando de forma irresponsable el daño que va a provocar a las empresas que dependen de este suministro"

Joaquín Pérez - Presidente CEV-Alicante

El presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, ha señalado que “nos sentimos engañados ante la desvinculación por parte de la Secretaría de Estado del pacto entre el Ministerio de Transición Ecológica y la Generalitat Valenciana que, en un primer momento, habíamos interpretado como un cambio leve en la tendencia de eliminar el Trasvase-Tajo Segura. Sin embargo, con esta decisión, se confirma la intención progresiva de suprimir el Trasvase Tajo-Segura, obviando de forma irresponsable el daño que va a provocar a las empresas que dependen de este suministro, y por tanto a las personas trabajadoras que perderán su empleo sin ofrecer una alternativa real y viable a este suministro”. 

Pérez ha añadido que “este es un daño que se está produciendo ya, porque ante estas decisiones nadie puede pensar en invertir en sectores que dependan del agua en Alicante, la incertidumbre es enorme y además agrava la profunda crisis de costes y reducción del consumo previsible por la recesión económica”.

Operarios reparando las fugas del postrasvase del Tajo en la Vega Baja Información

Por su parte, el presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu, ha afirmado que “estamos en una situación muy delicada, pues no contamos con información veraz ni objetiva de lo que hacen o pretender hacer con el agua. Este Ministerio está jugando de manera desleal con una actividad económica esencial como es la agricultura”. 

“La única certeza que tenemos es que, a partir de enero de 2023, los recortes del trasvase Tajo-Segura van a dificultar el mantenimiento de la superficie agraria útil, poniendo en riesgo la producción de frutas y hortalizas en fresco, hecho que supondrá una grave amenaza para el sector agrario del Mediterráneo”, ha señalado Andreu. 

 

Satisfacción castellano-manchega

El gobierno de Castilla-La Mancha incide en que votó favor del nuevo Plan Hidrológico del Tajo porque, finalmente, se mantiene en todos los términos alcanzados hace unos meses y no se pone ninguna condición para elevar, en los plazos acordados, los caudales ecológicos del río Tajo y sus reservas en la cabecera, según fuentes del Gobierno regional.

Así, Castilla-La Mancha emitió un voto particular, que no condiciona el voto favorable en su conjunto, al concretarse el caudal ecológico en Aranjuez, pero no en Toledo y en Talavera.

El documento de vigilancia del trasvase, que es lo que ha generado la polémica sobre los caudales ecológicos, ha sido retirado por el ministerio, señalan desde el Gobierno regional.

Según estas mismas fuentes, la comunidad castellano-manchega está "satisfecha" de que el Plan Hidrológico del río Tajo atienda al espíritu de las varias sentencias dictadas por el Supremo en relación al anterior Plan Hidrológico y al Memorándum acordados cuando el Partido Popular gobernaba en España y en Castilla-La Mancha.