Los ecologistas alertan sobre la "burbuja solar" que amenaza el paisaje, la agricultura y el medioambiente en Alicante

El pelotazo urbanístico que la provincia de Alicante sufrió hace dos décadas está dando paso en los últimos años a otro pelotazo: el energético. Una vuelta a la especulación de la que ecologistas y agricultores alertan a las autoridades autonómicas y estatales, conminándoles a tomar medidas para evitar que las macroplantas solares acaben con cultivos y usos tradicionales, y ocasionen un fuerte impacto sobre terrenos de gran valor medioambiental, paisajístico, histórico y cultural.

Son más de 180 los expedientes de centrales fotovoltaicas que se están tramitando en la provincia con una potencia global superior a los 2.200 megavatios.

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La avalancha de solicitudes está llegando a tal extremo que, a veces, proyectos distintos afectan a los mismos terrenos no urbanizables que, además, son objeto del mismo deseo especulador. «La actual situación nos recuerda mucho a la avalancha de urbanizaciones que afectó al suelo no urbanizable antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, con Programas de Actuación Integrada (PAI) que entraban en competencia para conseguir urbanizar los mismos terrenos. Un despropósito que se repite ahora con la burbuja fotovoltaica», apunta Miguel Ángel Pavón, miembro de los colectivos Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) y Amigos de Sierra Escalona.

El negocio lo hacen siempre los promotores que consiguen la autorización administrativa -ya sea estatal o autonómica en función de si superan o no los 50MW de potencia- para instalar una planta solar. Y detrás de ellos se suelen encontrar grandes compañías internacionales, la mayoría con sedes en Madrid y Barcelona, que han declinado hacer declaraciones a este diario. 

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2.000 euros por hectárea al año

Hay que tener en cuenta que si la instalación se declara de utilidad pública el promotor puede expropiar los terrenos a un precio no demasiado alto. Es un proceso que ya se está dando en otras Comunidades Autónomas. Y lo más importante: el promotor puede obtener mucho dinero por la producción de energía mientras los beneficios para los agricultores que alquilan sus parcelas oscilan entre los 1.000 y 2.000 euros anuales por hectárea, con contratos de 30 años que no obligan a las empresas pero sí al propietario. En cualquier caso el valor de los contratos varía en función de la proximidad de la finca a una subestación eléctrica; es decir, el punto en el que se debe verter la energía que producen las placas para distribuirla en la red general. Porque a las hectáreas ocupadas por las instalaciones se suma el despliegue de redes kilométricas de alta tensión, a veces con expropiación forzosa, que al igual que los parques fotovoltaicos suponen un enorme impacto ambiental para la flora y fauna de las zonas que atraviesan.

De momento los ecologistas han detectado dos solapamientos de macroplantas solares en los términos municipales de Monforte del Cid-Agost y Elche. En los enclaves monfortino de la sierra de las Águilas, donde se proyecta la estación fotovoltaica El Secarral, y en la pedanía ilicitana de Balsares, con una planta de tramitación estatal llamada Lucinala que ocupa 160 hectáreas y se solapa parcialmente con una Declaración de Interés Comunitario (DIC) aprobada hace varios años para otra instalación fotovoltaica. En ambos casos AHSA y Miguel Ángel Pavón, a título particular, han presentado alegaciones ante el Ministerio.

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Cinco proyectos coincidentes

Pero el caso más flagrante es el de Monforte del Cid donde cinco proyectos coinciden sobre los mismos terrenos. Las 9,5 hectáreas valladas de la central Monforte II, al igual que las 7,6 hectáreas valladas de la colindante central Monforte I, son objeto también de otra petición ante el Gobierno central para la instalación de una central solar denominada El Secarral. Una actuación promovida por la mercantil Lavanda Desarrollos España que ocuparía 480 hectáreas de forma discontinua entre los términos de Agost, Monforte del Cid y Elche. De momento ya ha recibido alegaciones por su negativo impacto ambiental y paisajístico sobre el territorio, incluyendo sus negativas consecuencias sobre el Paraje Natural Municipal de la Sierra de les Águilas y San Pascual de la pedanía de Orito. Un problema que, según puntualizan los ecologistas en sus alegaciones, también ocasiona la central Monforte II y la colindante Monforte I, ambas situadas junto al límite norte del mismo Paraje Natural Municipal.  

En el escrito enviado al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante se expone que «es evidente que no pueden autorizarse dos centrales fotovoltaicas distintas sobre los mismos terrenos, por lo que al menos una de ellas debe ser desautorizada. Por otra parte, el solapamiento afecta también a otras tres centrales de tramitación autonómica. Todas ellas situadas en el cinturón agrícola que rodea por el norte la sierra de las Águilas, enclave que quedaría sometido, tanto si se aprueba la central solar de tramitación estatal El Secarral o las centrales solares de tramitación autonómica que se solapan con ella, a un inaceptable cerco con instalaciones ajenas al medio rural».

Malas prácticas

Otra de las denuncias de los ecologistas tiene que ver con el fraccionamiento de proyectos. Para ellos es inadmisible que las centrales Monforte I y Monforte II se tramiten como proyectos independientes, al margen de que sus estudios de impacto ambiental y de integración paisajística sean comunes, cuando son absolutamente colindantes. De hecho, ocupan un mismo espacio situado a pie de monte de la vertiente norte de la sierra de las Águilas. Pero, además, están siendo promovidas por mercantiles que tienen el mismo domicilio social en Murcia. «Se trata por ello de un claro caso de fraccionamiento de proyectos, una mala práctica que se está extendiendo y con la que quizá se haya intentado agilizar la tramitación de ambas plantas por vía de urgencia vinculada a las plantas de menos de 10 MW de potencia, que prácticamente se alcanza si se suma la de ambas instalaciones», denuncia Pavón.  

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También el presidente de Asaja Alicante considera la avalancha de proyectos solares en la provincia como «un nuevo maná», «una vuelta a la especulación» y «un pelotazo energético de gran impacto agrícola al que nos enfrentamos». José Vicente Andreu ha mostrado en reiteradas ocasiones su rechazo a que terrenos de calidad para cultivar se dediquen al sector fotovoltaico. «Esto supone una pérdida de patrimonio agrícola» y lamenta que el nuevo maná que ha llegado al campo suponga «un avance silencioso de un mar de espejos».

En su opinión «la obsesión de hace 20 años con que todo era urbanizable regresa ahora con los campos fotovoltaicos: es el pelotazo energético», subraya poniendo como ejemplo la solicitud para instalar una central solar de 70 hectáreas en una finca situada entre Los Montesinos y Algorfa. Hace años fue comprada por una asociación de constructores con la intención de hacer una urbanización con campo de golf. Pero como el plan se truncó se decidió continuar con la explotación de los naranjos y limoneros que datan de hace más de 40 años.

La riqueza solar de Alicante convierte a esta provincia en un codiciado negocio para los especuladores. De ahí la necesidad de que los poderes públicos estén especialmente vigilantes para evitar otra burbuja como la del ladrillo. 

Medidas del Gobierno contra la especulación

El Gobierno central ha detectado los movimientos especulativos que se están produciendo en torno a las energías renovables y ha decidido, con carácter excepcional, aprobar una moratoria de 18 meses para pinchar la «burbuja solar». Hasta dentro de un año y medio solo se van a tramitar los proyectos fotovoltaicos y eólicos que cuenten con permiso de conexión de Red Eléctrica de España.

«Las expectativas generadas por dicha orden hacen que se estén observando movimientos especulativos por parte de determinados agentes que están dando los primeros pasos en las tramitaciones de los proyectos sin dar continuidad a los mismos, con el fin de bloquear emplazamientos a otros promotores que muestran un interés real», se señala en el Real Decreto-ley (20/2022, de 27 de diciembre) advirtiendo de que esta situación ha provocado que «en los últimos meses se haya multiplicado la presentación de garantías y solicitudes para iniciar las tramitaciones de autorizaciones administrativas y la petición de documentos de alcances ambientales».

Para el Ejecutivo se trata de «movimientos perjudiciales para los agentes que quieren construir instalaciones renovables, para la población por la imposibilidad de absorberlas social y medioambientalmente, para la Administración por la avalancha de casos que ya están tramitando al implicar un empleo ineficiente de recursos en proyectos que no podrán ser viables, y para los promotores porque se produce el bloqueo de emplazamientos con elevado recurso renovable por parte de firmas que no están interesadas en construirlos". A la moratoria del Gobierno contra la especulación energética se suman las acciones de los ayuntamientos.

Precisamente esta semana concejales del gobierno de EU en Monforte del Cid se han reunido con las asociaciones de vecinos afectados por las plantas solares proyectadas en la pedanía de Orito y la partida rural de Pozoblanco.

El Ayuntamiento ya está elaborando un estudio de paisaje para elaborar un catálogo que permita proteger las zonas de interés. Además, se van a presentar alegaciones para que el tendido eléctrico vaya soterrado y para que se cumpla la limitación de la implantación de plantas solares a un máximo del 3% del suelo no urbanizable común de cada municipio.