Otra obra que se queda sin adjudicatario en Alicante: reforma del centro cívico de Villafranqueza

La Junta de Gobierno resuelve el contrato después de que la empresa pidiera más presupuesto por el incremento del coste de los materiales - La actuación, con un plazo de ejecución de diez meses, debió empezar en junio de 2022

Entrada al centro cívico de Villafranqueza, pendiente de la obra de reforma

Entrada al centro cívico de Villafranqueza, pendiente de la obra de reforma / Alex Dominguez

C. Pascual

C. Pascual

La obra para la reforma del centro cívico de Villafranqueza ya debería haber superado el ecuador. Sin embargo, ni ha empezado ni tiene fecha prevista de arranque después de que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento haya abierto el expediente de resolución del contrato con la adjudicataria, que antes de empezar las obras reclamó un aumento del presupuesto por el incremento del coste de los materiales. Al final, tras un tira y afloja entre la empresa -que pedía más dinero o romper el contrato con indemnización de por medio de 6.700 euros- y el Ayuntamiento, el gobierno municipal ha impulsado la ruptura del contrato "por causa imputable" al contratista, al que se le incautará la garantía (9.300 euros) y al que se le pueden además poner penalizaciones.

Según consta en el acuerdo aprobado este martes, la Junta de Gobierno adjudicó en mayo de 2022 el contrato, con un plazo de ejecución de diez meses, a favor de la UTE formada por las mercantiles Del Valle Informes y Proyectos y Obras y Servicios Selva por 225.275,85 euros (IVA incluido).

Sin embargo, el proyecto ya sumó problemas desde el principio. El acta de replanteo no se firmó en un primer momento porque no se había aprobado el Plan de Seguridad y Salud. El segundo intento, previsto para septiembre, tampoco fue fructífero.

A principios de septiembre, el contratista solicita la suspensión del acta de replanteo tras la modificación del contrato solicitada. Apenas un mes después de esa petición, la Junta de Gobierno rechazó la propuesta de la empresa, requiriendo por tanto al contratista al inmediato inicio de las obras.

Una semana después, a finales de octubre, la empresa instó la resolución del contrato por la "imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados", reclamando su derecho a ser indemnizado con 6.758 euros y solicitando la devolución de la garantía de 9.308 euros.

Entonces alegó que "la ejecución de la obra conforme al valor estimado en el pliego de prescripciones técnicas de marzo de 2021 ocasionaría un evidente y grave perjuicio económico a la empresa, dadas la persistencia de los efectos derivados de las excepcionales circunstancias que desde febrero de 2022 se padece con especial relevancia y dureza en el ámbito de la contratación pública, riesgo que excede del parámetro normal que la contratista debiera asumir en virtud del principio de riesgo y ventura que rige la contratación pública y que, de soportar, la abocaría a una quiebra económica y financiera, asumiendo un sobrecoste objetivo que a la que la UTE adjudicataria le es imposible soportar en las actuales y excepcionales circunstancias so pena de asumir riesgos excesivamente onerosos".

El Ayuntamiento, con todo, se mostró implacable. En un informe técnico de finales de noviembre, se informa de que "contrato resulta viable en las condiciones actuales, por lo que en el caso de que se resolviera el contrato a petición del contratista, sería exclusivamente de su responsabilidad, no pudiéndose amparar en la causa que alega ni procedería indemnización alguna a su favor".

Y así ha actuado el gobierno municipal con la apertura del expediente para la resolución del contrato, pero con carga a la empresa adjudicataria. Al concurso se presentaron siete ofertas, aunque una quedó rechazada por proponer una cantidad económica con una baja desproporcionada. El Ayuntamiento, cuando resuelva finalmente el contrato, podrá proponer la adjudicación al segundo clasificado o sacar a licitación de nuevo las obras.

Más plazos

Por otro lado, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha ampliado en dos meses y medio el plazo para la ejecución de los trabajos de autosuficiencia energética en diferentes dependencias de la ciudad de alicante mediante la instalación de paneles solares fotovoltaicos”. La actuación deberá estar lista a finales de febrero. También ha ampliado plazos para el suministro con instalación de luminarias para para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el entorno del Casco Antiguo y el Raval Roig, que tendrá cuatro meses más de tiempo, hasta el 30 de marzo de este año. Este proyecto permitirá cambiar la iluminación exterior del Ayuntamiento de Alicante.

A su vez, la Junta de Gobierno también le ha dado más tiempo al contratista del suministro con instalación de luminarias para la mejora de la eficiencia energética en el alumbrado interior del castillo de Santa Bárbara, que debía estar listo en septiembre y ahora tiene que finalizar el 30 de abril.