Los trabajadores buscan el "amparo" del Síndic ante el colapso de los servicios sociales de Alicante

Los trabajadores sociales, a través de su colegio profesional (Cotsa), han solicitado "amparo" al Síndic de Greuges ante el colapso de los servicios sociales de Alicante pese al refuerzo de personal tras el acuerdo firmado con la Generalitat Valenciana, que cofinancia la incorporación de casi 200 trabajadores con unos 9 millones de euros al año. "El colegio tiene conocimiento de las graves dificultades que está teniendo la ciudadanía de Alicante para acceder a los servicios sociales de Atención Primaria, sufriendo una importante demora en las primeras citas, que en algunos centros sociales llega a los diez meses", señala la queja registrada por el colegio.

En la resolución, el Síndic subraya que, pese a la "firma del contrato programa, el Ayuntamiento de Alicante indica en su último informe (de agosto de 2022) que las demoras en primeras citas en los centros sociales son de entre 3 y 5 semanas, todo ello pese a la incorporación de profesionales y la creación de un servicio de acogida en cada uno de los centros sociales".

En otra reciente resolución, el Defensor del Pueblo valenciano ya advertía del colapso de los servicios sociales ante una queja presentada por la Plataforma contra la pobreza en Alicante, en cuya respuesta se instaba al Ayuntamiento a convocar la comisión del Plan de Inclusión.

El Síndic insiste en el colapso de los servicios sociales de Alicante a pesar del refuerzo de la plantilla

Respecto a las valoraciones de dependencia, según la resolución, "una vez depurados los datos había pendientes de valoración a realizar por parte de este Ayuntamiento aproximadamente 913 expedientes", que fueron iniciados en 2019 (23), en 2020 (55), en 2021 (817) y en 2022 (190). Se destaca la existencia de 18 expedientes iniciados antes de 2019. "Debe deducirse que el Ayuntamiento incumple su obligación de elaborar las propuestas de valoración de dependencia en el plazo máximo de tres meses, acumulando demoras que pueden alcanzar los 34 meses", añade la institución encabezada por Ángel Luna, donde apuntan que "a la demora en esta valoración de los expedientes de dependencia, que impide la emisión de resolución, por parte de la Conselleria, de reconocimiento de grado y del PIA, a la que debe añadirse las demoras de la propia conselleria en la emisión de las resoluciones antes indicadas".

Sobre la gestión de solicitudes de Renta Valenciana de Inclusión (RVI), el Síndic recuerda que los ayuntamientos disponen de un plazo máximo de tres meses, para elaborar el informe propuesta que resulta preceptivo para que la conselleria pueda emitir la resolución correspondiente. "El Ayuntamiento de Alicante informa que tiene pendientes de grabar y/o en requerimiento de documentación 411 expedientes (solicitudes presentadas desde enero de 2022)", señalan.

Además de estos expedientes pendientes de grabación y/o en requerimiento de documentación, el Ayuntamiento tiene pendientes de elaboración de informe propuesta, 350 expedientes de renta garantían de inclusión social y 107 expedientes de renovación", según la resolución del Síndic.

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El Ayuntamiento de Alicante, dentro de la tramitación de la respuesta a la queja presentada por los trabajadores sociales, argumenta "dificultades técnicas y de coordinación con la conselleria para la correcta gestión de esta prestación". Sin embargo, según añade el Síndic, la conselleria defiende "el impulso dado a la gestión de los expedientes correspondientes a ese ayuntamiento, la operatividad y permanente actualización de la aplicación informática, la organización de equipos para atender consultas por cada una de las provincias".

Por otro lado, se añade que “en lo que respecta al Ayuntamiento de Alicante, en repetidas ocasiones se le ha indicado que se está a su disposición para aclarar cuantas dudas surgiesen en la tramitación de los expedientes afectados, sin que hasta la fecha se haya contestado a dicho ofrecimiento sobre todo a la vista de que el tiempo medio de tramitación del expediente, desde la entrada de la solicitud hasta la de emisión del informe propuesta, supera con creces los tres meses que establece la normativa de renta valenciana de inclusión, siendo en la actualidad de 219 días”.

La firma del contrato programa entre el Ayuntamiento y la Generalitat ha permitido al Ayuntamiento de Alicante reforzar en casi 200 personas su plantilla de servicios sociales, según viene desgranado en la resolución del Síndic, donde se incluyen 61 trabajadores sociales, 15 psicólogos, 21 educadores, 19 técnico de integración social, junto a 10 asesores jurídicos, 66 administrativos, un agente de igualdad y dos promotores de igualdad.