Más personas sin techo en las calles de Alicante

El Ayuntamiento admite que las personas sin recursos que viven en la vía pública ha aumentado un 25% desde la pandemia, a la vez que el albergue registra cada vez más usuarios, lo que obliga a una mayor rotación

Personas sin hogar malviven en campamentos improvisados en el entorno del PAU 2

Personas sin hogar malviven en campamentos improvisados en el entorno del PAU 2 / Jose Navarro

C. Pascual

C. Pascual

Cada día hay más personas vulnerables que no tienen un techo donde vivir en la ciudad de Alicante. Lo admite la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento, que cifra en 243 los ciudadanos que malviven en las calles de Alicante, según datos oficiales del Programa de Inclusión Socio-Laboral. Esto supone un incremento del 25% respecto a los registros previos a la pandemia, cuando los sintecho "oficiales" para el Ayuntamiento se situaban en 195, un número que se mantuvo en 2018 y 2019. En 2020 y 2021, siempre según el Ayuntamiento, la cifra creció en cinco personas. El incremento más significativo se ha producido en el pasado 2022, al dispararse el registro hasta las 243 personas.

Esos datos se trasladan, a su manera, también a las cifras oficiales del Centro de Acogida e Inserción para Personas Sin Hogar (el CAI de Alicante), donde el aumento de usuarios obliga a una mayor rotación. Es decir, las personas reducen el número de noches de estancia, según los registros de la Concejalía de Acción Social. Si en 2018 fueron 674 las personas que pasaron por el albergue municipal, en 2022 la cifra creció hasta las 749 personas, un 11% más. En cambio, la media de días de estancia se ha reducido notablemente, pasando de 124 en 2018 a los 76 del pasado ejercicio. Otro dato significativo revela que también ha caído, y no poco, las personas que han podido agotar los días de estancia, al caer desde los 563 de 2018 a las 399 de este 2022. Desde el Ayuntamiento indican que durante los dos últimos años "se han reservado plazas de aislamiento lo que ha afectado a la ocupación", debido a la pandemia de covid.

Estos datos contrastan con la obligación del Ayuntamiento de Alicante de devolver a la Generalitat Valenciana el 40% de las ayudas recibidas para ofrecer una solución habitacional a personas vulnerables, que se conoció esta semana. En concreto, la Junta de Gobierno aprobó el pasado martes la minoración en 329.880 euros de la subvención concedida al Ayuntamiento de Alicante, en el marco del programa de ayudas a las personas víctimas de violencia de género, personas que han sufrido desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables a través de las entidades locales, correspondiente al Plan estatal 2018-2021, por importe de 821.878 euros. El Consistorio finalmente destinó 491.998 euros al no poder justificar el resto de la cantidad recibida en un primer momento por la Generalitat.

Usuarios del albergue, en una imagen de esta semana

Usuarios del albergue, en una imagen de esta semana / Jose Navarro

Según la documentación oficial, la memoria técnica justificativa refleja que el importe total que se ha comprometido en ayudas al alquiler ha sido de 491.998 euros, que llegaron a 151 titulares distintos a los que se les tramitó 225 ayudas (alquiler y/o suministros), que suponen según el bipartito unos 400 beneficiarios totales.

Tras conocerse esas cifras que evidencia que el Ayuntamiento no pudo emplear el dinero recibido de la Generalitat para facilitar alojamiento a personas vulnerables, entre ellos sintecho, la respuesta del bipartito no se hizo esperar: ¿la culpa? Del Consell. La concejala de Acción Social, Julia Llopis, responsabilizó a la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, que dirige el vicepresidente Héctor Illueca, de que el Ayuntamiento de Alicante haya tenido que devolver el 40% de las ayudas recibidas para facilitar el acceso a la vivienda a personas vulnerables.

"Ya expusimos a la conselleria las dificultades por las bases, con unos requisitos que no son para personas vulnerables", empezó Llopis su explicación en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que el bipartito aprobó la devolución de parte de la subvención concedida al Ayuntamiento de Alicante.

La edil, en su intervención, apuntó que el Ayuntamiento "hizo el esfuerzo" para tramitar 225 ayudas, lo que supuso un gasto de 491.998 euros. "Como teníamos hasta 821.878 euros, incluimos también el alojamiento alternativo, que no es competencia nuestra, con las viviendas tuteladas que gestionamos, el Centro de Acogida y también el proyecto de alojamiento experimental, dedicado especialmente a personas llegadas de Ucrania", prosiguió la edil, que una vez volvió a culpar a la Generalitat de problemas de gestión en áreas de su competencia, añadiendo: "Entendíamos que eso también era alojamiento para personas vulnerables, pero la conselleria nos dijo que no, que no se incluía en las bases, por lo que hemos tenido que devolver parte de la subvención".

La falta de soluciones habitacionales para personas vulnerables resulta imposible desligarlo de la ordenanza contra la mendicidad aprobada por el bipartito, con el respaldo necesario de Vox. Desde hace casi un año, la Policía Local de Alicante puede multar con hasta 750 euros por dormir en la calle o con 500 euros por el ofrecimiento de servicios o productos, siempre que no hayan sido demandados por el usuario, como tarot, videncia, masajes, tatuajes, espectáculos circenses o de malabarismos, indicaciones de aparcamiento, ordenación y vigilancia de vehículos, limpieza de parabrisas, pañuelos, mecheros o similares, en espacios públicos y a personas que se encuentren en el interior de vehículos privados o públicos, a cambio de una cantidad de dinero o donativo.