Mil regantes vuelven a Madrid para plantarse ante el Consejo de Ministros y exigir que no apruebe el recorte del trasvase

El Tajo-Segura se quedará este año ya sin 83 hm3 de agua para Alicante en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado

El agua del Tajo es estratégica para la industria agroalimentaria de la provincia

El agua del Tajo es estratégica para la industria agroalimentaria de la provincia / Tony Sevilla

F. J. Benito

F. J. Benito

Rectificación o el recorte del Tajo-Segura acabará en el Tribunal Supremo. Unos mil regantes y empresarios de Alicante y Murcia se concentrarán este martes ante el Palacio de la Moncloa en Madrid para presionar al Consejo de Ministros, ya que tiene previsto aprobar los planes hidrológicos del Tajo y Segura. Textos que en su redacción original condenan a la provincia a depender del agua desalada para garantizar su futuro.

A los 82 hm³ de recorte que serán efectivos una vez se publique el documento en el BOE (32 hm³ menos año por la elevación de un metro cúbico por segundo el caudal ecológico y otros 50 hm³ que se reservan para asegurar el abastecimiento de 56 municipios castellano-manchego), se suma el hecho de que a partir de 2027 está previsto que se deje de extraer agua subterránea de los acuíferos de la cuenca del Segura.

Una vez se apruebe el plan hidrológico del Tajo con el aumento de los caudales ecológicos, el Ministerio para la Transición Ecológica deberá elaborar las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura que, según los expertos consultados por el periódico, elevarán la reserva a de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía a partir del cual se cierras el grifo para todos los usos. Hoy, sigue en los 400 hm³ pero nadie duda de que se elevará. Este martes el Consejo de Ministros dictará sentencia, paradójicamente, en medio de una coyuntura hídrica buena para el Tajo-Segura, ya que la cabecera del río embalsa 700 hm³, con lo que en función de las normas de explotación actuales, modificadas hace un año, se deben trasvasar 27 hm³ al mes.

Un consideración clave en el abanico de observaciones que el Consejo de Estado es que llena de argumentos al Sindicato Central del Regantes del Tajo-Segura, Consell y Gobierno de Murcia para incorporar sus argumentos en la batalla judicial que se avecina en el Supremo si el Gobierno aprueba los planes si incluir las sugerencias el Consejo de Estado.

El Consejo de Estado advirtió la semana pasada en su dictamen al Ministerio para la Transición Ecológica de que hay errores sustanciales en la redacción de los planes hidrológicos del Tajo y el Segura, que debían haberse elaborado de forma coordinada para garantizar su coherencia y ambos deben respetar las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Y un aspecto fundamental: Caudales ecológicos y trasvase deben se compatible por interés general.

Cartel en el que se convoca a la concentración de este martes

Cartel en el que se convoca a la concentración de este martes / Información

En el informe también se destaca que la disposición adicional novena no cumple adecuadamente la función coordinadora para la que fue concebida, por lo que sería necesario haber arbitrado un mecanismo eficaz de coordinación de los planes del Tajo y el Segura entre si y en relación con la normativa reguladora del trasvase. "La satisfacción del interés general demanda, en este sentido, que el régimen de caudales ecológicos del Tajo se haga compartible con el trasvase". El propio Tribunal Supremo estableció, según recoge el dictamen del Consejo, la orden de fijar caudales ecológicos pero sin determinar cantidades concretas.

El propio plan del Segura, redactado por los técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica, establece que a partir de 2027 el volumen medio de aportaciones del trasvase Tajo-Segura mermaría en 82 hm3/año de materializarse las previsiones de aumento de caudales mínimos en el eje del río Tajo, y remarca que ese escenario supondría un coste desproporcionado para Alicante y Murcia, desde todos los puntos de vista. Además, este recorte se incrementará, por las transferencias previstas desde el acueducto Tajo-Segura con destino a abastecimiento de la llanura manchega (según el Plan Hidrológico del Guadiana, a partir 2027, podrían suministrarse 15,5 hm3/año a 56 municipios pero la reserva es de 50 hm3.

El plan del segura fija por otro lado, la reducción de explotación prevista para las aguas subterráneas procedentes de masas en riego de no alcanzar el buen estado cuantitativo, lo que afecta al conjunto de la demarcación. En total, 213,2 hm3/año procedentes de aguas subterráneas dejarán de extraerse.

Las tres grandes desaladoras gestionadas por Acuamed tienen una capacidad máxima de producción igual a 177 hm3/año (80 hm3 procedentes de la desaladora de Torrevieja, 60 hm3 de Águilas y 37 hm3 de Valdelentisco). Un volumen de agua disponible que ha llegado a un porcentaje efectivo de producción para su aprovechamiento igual al 86% en años hidrológicos anteriores. Es decir, una garantía de suministro, de cara a atender todas las demandas actuales, prácticamente ya agotada.

"Hace unas semanas gritábamos frente a las puertas del Ministerio y a una sola voz “sin trasvase, desierto y paro” y ahora, una vez más, solo juntos podemos luchar para lograr que el Consejo de Ministros comprenda la gravedad de una decisión que aboca al levante español a un futuro que se desvanece, fruto de la insostenibilidad de los recortes del trasvase", subraya Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central, que insisten en que "lo va a hacer el Gobierno al aprobar el aumento de los caudales ecológico del Tajo es firmar la sentencia del trasvase símplemente por ideología, provocando un desastre ambiental y también ecológico".

Elevación caudales ecológicos en el Tajo

Elevación caudales ecológicos en el Tajo / Información

El Sindicato Central recuerda que "el punto más relevante reside en el conflicto suscitado entre los caudales ecológicos y su impacto en el trasvase, debido a que es indudable y así lo manifiesta el Consejo de Estado, que la falta de coordinación puede provocar una afección relevante a un elemento de la planificación hidrológica nacional como es el trasvase del Tajo –Segura».

 Por otro lado, el Consejo de Estado afirma que el Gobierno de España puede aprobar el real decreto, «sin perjuicio de la conveniencia de considerar las observaciones formuladas en este dictamen» por lo que la decisión final está ahora en la mesa del Consejo de Ministros que será quien refrende pasar de 6 m3/s de caudal ecológico a los 8,65 m3/s que defendía la ministra Ribera. Cuestiones que carecen de aval técnico, dado que todos los informes independientes avalan el caudal actual.

 Desde el SCRATS se lleva denunciando desde hace meses que la disminución de los aportes a las provincias de Alicante, Murcia y Almería será de 105 hm3, lo que supondría 78 hm3 menos para regadío que la media actual y 27 hm3 menos para abastecimiento. Así como que esta reducción de los volúmenes disponibles supondría la pérdida de 27.314 hectáreas de superficie regable en todo el levante español, la desaparición de más de 15.000 empleos, y reducciones de valor patrimonial estimadas en 5.692 millones de euros.

"El aumento del caudal ecológico del Tajo va a provocar un descalabro económico y ambiental en Alicante, Murcia y Almería"

Lucas Jiménez

— Presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura

" Luchar para defender un bien necesario es un movimiento natural, unirnos en defensa de aquello que nos corresponde es un derecho y defender la economía que sostiene a regiones fundamentales para el PIB nacional es un deber que tenemos que seguir ejerciendo, con el fin de obtener una respuesta coherente con la realidad que estamos viviendo", subraya Jiménez.

 "Aún no hemos perdido esta batalla y desde el SCRATS debemos seguir luchando para que nuestras voces lleguen hasta los despachos y se escuchen en la toma de decisiones. El Consejo de Ministros tiene la última palabra, y su responsabilidad afecta a millones de españoles cuyo futuro se desvanece y depende de aportaciones cuya reducción carece de justificación técnica y jurídica".

 "Nos han sentenciado, sin dejarnos mediar palabra, y han obligado a nuestras voces a gritar desde el otro lado de la valla. Queremos seguir luchando por aquello que nos corresponde, queremos seguir creyendo en un sistema justo que tome en consideración nuestra realidad y queremos seguir trabajando como lo hacemos hoy, proporcionando alimento a toda la sociedad", asevera el presidente del Sindicato.

Pesimismo

Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, se ha mostrado pesimista respecto a la situación hídrica de la provincia tras la decisión tomada por el Consejo de Estado a finales de la semana pasada de dar vía libre al borrador del real decreto que contempla recortes en el trasvase Tajo-Segura y que se remitirá para su aprobación al Consejo de Ministros. “Estamos esperando un milagro”, ha sentenciado Mazón, para quien los antecedentes del Partido Socialista con respecto al Tajo-Segura “son los peores posibles”. 

Mazón ha avanzado que este martes “estaremos en la puerta de la Moncloa para protestar por este dictamen que recorta el trasvase, pero somos muy pesimistas, porque el daño puede ser irreversible, irreparable e histórico”.

“Estamos esperando un milagro pero los antecedentes son los peores posibles”.

Carlos Mazón

— Presidente de la Diputación

Tal como ha aseverado el responsable institucional, “llega un momento en que la única conclusión es que, para tener agua sostenible, adecuada y justa para nosotros, el PSOE debe abandonar las instituciones, tanto la Generalitat Valenciana como el Gobierno de España”.

Según ha trasladado el presidente de la institución provincial a los medios de comunicación, “los antecedentes no es que sean regulares ni malos, es que son los peores. Y el peor antecedente que tenemos es el del presidente Ximo Puig, que se abstuvo en el Consejo del Agua”. Para Mazón, el problema no es que se abstuviera el jefe del Consell, es que lo hizo la Generalitat Valenciana que él preside.

Cuando toda una Generalitat se calla y se rinde ante un recorte histórico e injustificado para el agua que necesitamos, supone uno de los peores servicios que Puig le ha dado a la provincia de Alicante, al campo de Elche, al de la Vega Baja y a la Comunidad”, ha lamentado el responsable institucional, quien ha asegurado que esta situación, “sumada a la vía de ataque permanente que sin contemplaciones y sin miramientos está lanzando el Partido Socialista desde España, hace que tengamos las peores perspectivas”.

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