El Consell subvencionará con 0,10 euros el metro cúbico el agua desalada pero seguirá siendo más cara que la del trasvase

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este martes la creación de una línea de ayudas para rebajar en 10 céntimos por metro cúbico el precio del agua procedente de las desaladoras. El Gobierno ha avanzado que fijará el precio del agua desalada en 0,34 céntimos por metro cúbico, por debajo de los 0,36 céntimos que planteaba inicialmente. Con la ayuda de la Generalitat, el precio se situará en 0,24 céntimos para los regantes. Además, el presidente ha avanzado también que va a solicitar la Constitución inmediata de la comisión de seguimiento de las infraestructuras que garantice agua para siempre en la Vega Baja. Si tomamos como referencia el consumo de agua para riego en la provincia durante 2022 (16 hm3), el coste para el Consell hubiera sido de 1,6 millones de euros. El agua quedará en 0,24 euros/m3, seis céntimos aún más que la del trasvase (0,18) que está, además, exenta de IVA. En todo el territorio regado por el trasvase Tajo-Segura el año pasado se compraron 50 hm3 de agua desalada.

El presidente ha vuelto a rechazar entrar en confrontaciones territoriales y ha defendido la necesidad de disponer de recursos hídricos adicionales procedentes de la desalinización “a un precio asequible” para lo que tanto el Gobierno de España como el Consell subvencionarán el coste del agua desalinizada. 

Asimismo, ha insistido en que se debe seguir optimizando los recursos existentes mediante la depuración y reutilización, y ha valorado la inversión de más de 500 millones de euros para conseguir “agua suficiente, ser más autónomos y tener mas soberanía para ejercer el magnífico trabajo que realizan los agricultores de la Vega Baja”.

Durante su intervención, el presidente también se ha referido a la apuesta del Consell por avanzar lo más rápidamente posible en la obtención de energías renovables “con las mejores garantías medioambientales y con la máxima participación posible”, porque según ha señalado “son la solución para alcanzar la soberanía energética y para llevar a cabo el proceso de descarbonización”.

Por ello, ha reiterado la apuesta “pionera” del Consell por establecer un mapa de la Comunitad Valenciana que señale emplazamientos adecuados para nuevas instalaciones de energías renovables “donde no se produzca ninguna agresión medioambiental”. 

Por último, Puig ha insistido en la repercusión positiva de las plantas de renovables como generadoras de empleo y, además, ha avanzado que se está trabajando en una nueva normativa que permita que los municipios donde se genere más energía de la que se consume reciban beneficios en su propia factura energética.

Tras la aprobación del decreto ley de los planes hidrológicos que consuman el recorte de más de 100 hectómetros cúbicos al año procedentes del trasvase Tajo-Segura, Asaja-Alicante atribuye al Gobierno de España la responsabilidad de no “ser capaz de garantizar una distribución equitativa y sostenible de los recursos hídricos de este país ni de gestionar con coherencia las deficiencias y excedencias estructurales de las diferentes cuencas”.  De entrada la organización agraria calcula que el recorte del Tajo-Segura va a provocar este año -el caudal ecológico del Tajo aumenta hasta los 7 metros cúbicos por segundo- unas pérdidas de 136 millones de euros con el agua desalada subvencionada y 45 millones si al final se subvenciona como anunció la vicepresidenta Teresa Ribera.

Por su parte, Asaja hace hincapié en que la hoja de ruta de imponer por la vía autoritaria la sustitución de agua trasvasada por desalada no garantiza una seguridad mínima al campo, pues una actividad tan importante como la agraria no se debería sustentar con el dinero prestado que supone el agua desalinizada subvencionada. “La agricultura no tiene músculo para soportar más sobrecostes”, declara el secretario técnico de Asaja-Alicante, Ramón Espinosa. En este sentido, añade que “suprimir una infraestructura histórica que sí nos ha funcionado, como es el trasvase Tajo-Segura, nos resta independencia y competitividad”.

Por su parte, el presidente de ASAJA-Alicante, José Vicente Andreu, recuerda que “ni por cantidad, ni por calidad, ni por coste económico ni por impacto ambiental, el agua desalada puede ser alternativa a la trasvasada”. El agua desalada es 500% más contaminante en emisiones de CO2, sin contar el daño a costas derivado del vertido de salmuera. En cuanto al coste económico, remarca que tras la decisión de hoy, “el agua desalada hará perder a los agricultores unos 45 millones de euros anuales si se subvenciona, y 136 millones de euros si no se subvenciona”. 

La asociación remarca que “todos sus argumentos y promesas carecen de legitimidad tras haber mentido de forma reiterada, incluso recurriendo a la semántica, para crear un clima de confusión en la sociedad que le permitiera llevar a cabo un plan que solo responde a intereses políticos y para el cual no ha tenido en cuenta las necesidades del sector agrario en ningún momento”. 

Sobre la promesa de constituir comisiones bilaterales con la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia para hacer un seguimiento de las inversiones en infraestructuras de desalación y reutilización, Asaja-Alicante lamenta que ese afán de conversación por parte de la mencionada ministra no haya existido durante estos últimos años, cuando los agricultores y regantes hemos insistido para que se nos tenga en cuenta en la planificación que hoy ha aprobado tras una actitud déspota y dictatorial. Además, la confirma que seguirá movilizándose a favor de la continuidad del trasvase y recurrirá, si hace falta, a la vía judicial. 

“Pedro Sánchez no ha sido capaz de frenar a una ministra que ha desoído las observaciones del Consejo de Estado"

José Vicente Andreu

— Presidente Asaja-Alicante

El presidente de ASAJA recalca que el máximo responsable de este país, el presidente, Pedro Sánchez, “no ha sido capaz de frenar a una ministra que ha desoído las observaciones del Consejo de Estado, las alegaciones de las Comunidad Autónomas afectadas y la voz de miles de agricultores y expertos que han cuantificado con cifras el descalabro en términos de empleo, hectáreas de regadío e impacto socioeconómico que supondrá el recorte del trasvase”.

Por último, la asociación hace hincapié en que las consecuencias de lo que hoy se ha aprobado serán inmediatas, porque habrá una disminución del agua para los cultivos y los precios de fruta y verdura subirán. De hecho, la incertidumbre de poder disponer de recursos de agua que puedan asumir los agricultores afectará inevitablemente a la campaña de verano. “Las siembras de sandía, melón, granada o breva están en el aire, porque tendrían que costear el agua desalada a precios no son compatibles con la agricultura levantina”. Tales efectos empezarán a notarse en los diferentes sectores de nuestro territorio, que inevitablemente será menos competitivo. 

Por su parte, la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía ha celebrado la aprobación de los caudales ecológicos del Tajo como "un cambio definitivo de tendencia".

Asimismo, ha celebrado que "la fortísima" inversión en desalación propiciará una progresiva reducción de la falsa dependencia del trasvase, al tiempo que ha valorado "muy positivamente" que el Gobierno y especialmente el Ministerio de Transición Ecológica se hayan mostrado firmes "pese a la presión mediática de la agroindustria que ha llegado a tergiversar el dictamen del Consejo de Estado".

"Agradecemos a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se hayan mostrado firmes en la defensa del interés general y no hayan cedido a las presiones de la agroindustria", explica la presidenta de la Asociación de Municipios Ribereños, María de los Ángeles Sierra, al conocer la noticia.

Un cambio de tendencia --ha dicho en nota de prensa-- que se ratifica con los 827,6 millones de euros que la ministra ha anunciado para impulsar el uso de agua desalada; cifra a la que se sumará una subvención para reducir el coste de la misma a los regantes. Inversiones que, si bien directamente no afectan al Tajo, "servirán para reducir la falsa dependencia que se tiene del trasvase".

"Es una apuesta por la desalación en detrimento del trasvase, el comienzo de una desconexión progresiva que ha de redundar en un aumento de nuestras reservas", afirma el vicepresidente de la asociación, Borja Castro.

En ese sentido, los ribereños confían en que pronto se ponga sobre la mesa la modificación de las reglas de explotación para adecuar el reglamento del trasvase a la nueva realidad. "Que es a lo que hizo referencia el Consejo de Estado, lejos de la interpretación torticera y malintencionada que hizo el presidente de la Región de Murcia: las reglas del trasvase deben modificarse para adecuarse al cumplimiento de los caudales ecológicos y no al revés".

Batalla política

Por otro lado, el secretario de Agricultura del PSPV-PSOE, Roger Llanes, reclama al PP y a su líder valenciano, Carlos Mazón, que "deje de hacer demagogia y de instrumentalizar" el trasvase Tajo-Segura y ha garantizado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "va a seguir luchando por los regantes y los agricultores alicantinos, como ha hecho hasta ahora".

De esta manera ha respondido Llanes al presidente del PPCV, Carlos Mazón, quien ha calificado el recorte del trasvase Tajo-Segura de "capricho ideológico" y ha añadido que con él el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Consell, Ximo Puig, "destrozan el presente y el futuro de miles de familias".

El dirigente socialista, en un comunicado, acusa a Mazómn de "buscar únicamente el rédito electoral sin el menor escrúpulo" con un tema "muy serio" para la Comunidad Valenciana y concretamente para la provincia de Alicante.

Llanes ha considerado que el PP "está interesado en crear un clima bélico y apocalíptico" con el tema del agua por "puro electoralismo". "Están en el cuanto peor, mejor. Por el contrario, los y las socialistas estamos en aportar soluciones y no en crear problemas", ha defendido.

En esta línea, ha garantizado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "va a seguir luchando por los regantes y los agricultores alicantinos, como ha hecho hasta ahora". Asimismo, ha remarcado que el PSPV "va a seguir defendiendo que haya agua para siempre" y ha afeado al PP "su historial con el trasvase del Tajo-Segura": "Fue con su gobierno cuando los regantes y los agricultores se quedaron sin agua. Mientras, con los gobiernos socialistas han llegado 400 hectómetros cúbicos más de agua".

"Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, sin ningún tipo de arruga ni matiz, para defender el agua para la provincia"

Carlos Mazón

— Presidente de la Diputación

Recurso de la Diputación

Por su parte, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha activado a los servicios jurídicos de la institución provincial para preparar el recurso en el Tribunal Supremo contra la aprobación del plan hidrológico del Tajo, aprobado ayer y que consuma el recorte del trasvase al mantener el aumento del caudal ecológico hasta los 8,63 m3/ segundo en 2027. El jefe del Consell, Ximo Puig, también ha encargado un informe a la Abogacía de la Generalitat para recurrir “todo lo que sea lesivo” a los intereses de la Comunidad Valenciana, en referencia al real decreto sobre los planes de cuenca aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha anunciado que la institución provincial presentará un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) contra el recorte del trasvase Tajo-Segura aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Mazón ya ha dado traslado del acuerdo sobre el Plan del Tajo y el incremento de los caudales ecológicos adoptado por el Gobierno de España a los Servicios Jurídicos de la Diputación, “a los que he dado instrucciones para que de inmediato preparen este recurso que será presentado ante el órgano jurisdiccional”.

“Además de las movilizaciones que se convoquen, en las que estaremos como siempre lo hemos hechos para apoyar a nuestros regantes y agricultores, desde la Diputación vamos a recurrir ante el Supremo esta decisión injusta y arbitraria del Gobierno socialista”, ha indicado el dirigente alicantino, quien ha añadido que “en la defensa del trasvase Tajo-Segura vamos a ir a por todas porque la razón nos asiste”.

Por otra parte, Mazón también ha avanzado que convocará a la Comisión Técnica del Agua para el próximo lunes para abordar las consecuencias de la nueva planificación hidrológica en la provincia y estudiar nuevas acciones de defensa de los intereses del territorio. 

 “La Diputación de Alicante no va a fallar, como nunca lo ha hecho, a la provincia de Alicante y a nuestros regantes y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, sin ningún tipo de arruga ni matiz, para defenderla”, ha manifestado el presidente.