En peligro el trabajo de cerca de doscientos interinos de Formación Profesional

Parte del profesorado en las aulas de los institutos de Formación Profesional de la provincia anda sumamente intranquilo.

La nueva ley educativa, Lomloe, ha echado por tierra la moratoria indefinida que los sindicatos consiguieron a nivel nacional para un grupo de docentes que se considera "a extinguir".

Son interinos de FP que han trabajado con su título de técnico superior de FP, pero que con toda probabilidad se verán sin plaza a partir del curso próximo ante la exigencia general de contar con una titulación de grado universitario para impartir Formación Profesional.

Excepciones

Las únicas excepciones a esta regla, que la Lomloe ha puesto negro sobre blanco, son las especialidades de FP que no se pueden adquirir a partir de ningún título universitario porque no existe tal formación, como es el caso de Cocina y pastelería, Estética, Fabricación e instalación de carpintería y mueble, Mantenimiento de vehículos, Mecanizado y mantenimiento de máquinas, Patronaje y confección, Peluquería, Producción en artes gráficas, Servicios de restauración y Soldadura.

El BOE, Boletín Oficial del Estado, las contempla como un cuerpo único singular, y aunque seguirán ejerciendo con su titulación de FP, tampoco pueden aspirar a las mejores condiciones laborales del resto de sus compañeros de FP que si tienen un grado, pasarán a integrar el nuevo cuerpo de FP y Secundaria, con más salario y cotización.

Afectados

Sin embargo, algo más de la mitad de las 29 especialidades que existen en Formación Profesional, 19 de las 29, se ven afectadas por la nueva normativa y los docentes interinos que las imparten están en claro peligro de dejar de trabajar a partir del curso próximo.

Desde UGT enseñanza lamentan que no se haya querido adoptar "la solución transitoria solicitada al Ministerio de Educación para todo el profesorado con titulación superior de FP" y califican de "lamentable la situación del profesorado interino, que constituye el 50% de la plantilla, alrededor de 2.500 docentes en la Comunidad, que quedan totalmente excluidos de este proceso de integración, con el agravante de que en el caso de no tener titulación universitaria, también será excluido de las bolsas de trabajo y de poder seguir trabajando en su especialidad situación que afecta a alrededor de 200 docentes", concreta Javier González Zurita.

El resto, hasta los 2.500 citados, tienen al menos la opción de haber acudido al proceso de estabilización que les dará un plaza fija si cumplen los requisitos y, por descontado, cuentan con su correspondiente grado.

Convocatoria

De hecho, la última mesa de negociación autonómica celebrada por Educación con los sindicatos en este sentido, apunta a que en el próximo mes de febrero los otros 2.500 profesores que son funcionarios de las especialidades a extinguir, porque se integrarán como docentes de Secundaria con todos sus derechos, dispondrán de veinte días a partir de que se publique la convocatoria para acreditar la titulación universitaria requerida, ya de sea de grado, arquitectura o ingenierías, o alguna de las antiguas licenciaturas o diplomaturas, e integrarse en el citado grupo de Secundaria.

El acuerdo les atribuirá todos los derechos de los docentes de Secundaria con carácter retroactivo desde enero de 2021, pero ni los interinos, pese a contar con un grado, ni los que no tengan el grado podrán beneficiarse de esta medida.

Desajustes

Esto origina una situación compleja en las aulas, con docentes que llevan a cabo la misma función pero con muy distintos derechos por ser interinos, y desde UGT han decidido movlizarlos a todos "para exigir la plena equiparación salarial y de las condiciones laborales para todos los docentes de FP, sin excepción", subrayan.

Tanto CSIF como el STEPV presionan igualmente a Educación para que negocie una nueva normativa que ampare a los profesores que se quedan fuera de esta homologación a Secundaria a nivel salarial "siguiendo el principio de igual trabajo, igual salario" como recalcan desde le STEPV y ratifican desde el CSIF.

De hecho, los representantes docentes aventuran un "alud de reclamaciones" entre los que se vean excluidos de este nuevo procedimiento que se pondrá en marcha en febrero, y sopesan que negociar medidas para todos evitará la más que probable judicialización de la situación.