Casi la mitad de los parados de Alicante no recibe ningún tipo de prestación por desempleo

Las últimas cifras del paro en Alicante indican que el mercado laboral de la provincia acabó de forma muy positiva el año 2022, con el mejor cierre desde 2007 y el mayor volumen de afiliados a la Seguridad Social de su historia. Todo ello, a pesar de que los datos del mes de diciembre no han sido especialmente positivos.

De este último informe también se desprenden algunas circunstancias preocupantes, como el retroceso del empleo en el campo o las personas que demandan un empleo y que no reciben prestaciones. Los datos más recientes del servicio público de empleo estatal (SEPE), correspondientes a final de diciembre, reflejan que de los 140.495 inscritos para obtener un puesto de trabajo en la provincia, 62.075 no reciben ningún subsidio. Esto supone un 44,2%, un porcentaje siete puntos por encima de la media nacional que se sitúa en 37,53%.

Alicante cierra el año con la menor cifra de parados desde 2007

Pese a que más de cuatro de cada diez desempleados no reciben ninguna prestación, los sindicatos comparan con datos de años anteriores. Francisco García, Secretario General de CC.OO, asegura que "es gravísimo que aún existan estas desigualdades en Alicante" y señala que "se trata de una cuestión estructural y no podemos seguir consintiendo que la economía de la provincia siga generado pobreza".

Aún así, Yaissel Sánchez, Secretaria General de UGT en Alicante, señala que "este 2022 con la aprobación de la reforma laboral y con el aumento de contratos indefinidos se ha intentado dar una vuelta de 360 grados a la situación". "Estos meses hemos pasado de tener un 90% de contratos temporales en la provincia a que uno de cada dos sean contratos indefinidos, es todo un éxito que a la larga también influirá en el cobro de prestaciones", señala Sánchez.

Tanto es así que esta tasa de cobertura es ligeramente superior a la que se registraba en el mismo el mes de diciembre de 2019, antes del inicio de la pandemia, cuando casi el 46% de los 148.740 parados alicantinos no percibían ninguna prestación por desempleo, según la comparativa de las estadísticas mensuales del Ministerio de Empleo.

Otras prestaciones

El Ingreso Mínimo Vital o la Renta Garantizada Valenciana son mecanismos dirigidos a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social y a los que pueden acceder las personas cuando agotan o no tienen acceso a una prestación por desempleo. "Estos escudos sociales han sido fundamentales para aquellas personas que no han logrado entrar al mercado laboral como deberían", asegura la Secretaria General de UGT.

Francisco García explica que en Alicante se dan más ayudas de este tipo que en el resto de provincias del país. Esto se debe, según García, "a que aquí tenemos una situación endémica en cuanto a que el mercado laboral no termina de homologarse con provincias con nuestro mismo peso poblacional y económico, como pueden ser Albacete o Murcia, que ya nos superan".

El Secretario General de CC.OO indica que esta es una cuestión que luchan por abrir y que entre sus reclamaciones de encuentran ir más allá e incidir en la cultura empresarial alicantina que sigue precarizando el empleo, sobre todo en la hostelería y en el campo, y que afecta a la economía doméstica.

Una situación estructural

Desde los sindicatos mayoritarios de la provincia, UGT y CC.OO, señalan que estos datos son un reflejo de la situación estructural de desempleo y economía sumergida que desde hace décadas vive la provincia.

Una de estas situaciones es la temporalidad, señala Yaissel Sánchez, "en los últimos años teníamos contratos muy temporales y eso significaba que a la hora de recoger una prestación por desempleo esta se podía ver mermada hasta tal punto que las personas no tuvieran ninguna prestación". Ahora, asegura Sánchez, gracias al aumento de contratos indefinidos esta situación puede cambiar.

La provincia alcanza con 62.800 parados de larga duración la cifra más alta en siete años

"También es cierto que existe una situación estructural de pardos de larga duración que no logran incorporarse al mercado laboral, ya sea por falta de formación específica o por falta de demanda, lo que produce que en muchas ocasiones no puedan introducirse en el mercado laboral de forma estable", indica la secretaria de UGT.

A la falta de contratos indefinidos y al paro estructural se le suma otra de las particularidades de la zona, la economía sumergida. Esta mala práctica extendida en algunos sectores económicos es "muy significativa en la provincia", tanto es así que el secretario de CCOO señala que "casi se podría comparar con el Cádiz".

La economía sumergida es muy difícil de medir y como indica Francisco García "no beneficia a las empresas, les resta calidad y ocasiona competencia desleal entre ellas". Además, falsea la realidad estadística, "una persona que tiene dos o tres trabajos ocultos, en un bar por las mañanas y en la industria del calzado o del turrón por las tardes, puede sostener su economía familiar, pero al no estar dado de alta es muy difícil de saber".

Para erradicarlo los sindicatos mayoritarios piden que se incremente la inspección de trabajo y que se les doten de medios y de apoyos para poder acabar con estas irregularidades que vive la provincia.

Actualmente, los inspectores de trabajo de la provincia están en huelga su principal objetivo es reclamar un refuerzo de plantilla para el cuerpo, dada la creciente nueva carga de trabajo que acarrea la batería de medidas aprobadas durante la legislatura en materia laboral. Las centrales convocantes denuncian que con el Gobierno el diálogo es inexistente y que los ministerios implicados -Trabajo y Hacienda- mantienen su actitud de bloqueo al refuerzo del organismo.