El Gobierno cerrará también los acuíferos del Segura en 2027, lo que elevará el déficit total a 308 hm3 al año

Y ahora a por los acuíferos. Un informe del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura revela que a los recorte previstos en el trasvase Tajo-Segura por el aumento del caudal ecológico del Tajo a partir de 2027 habrá que sumar otros 213 hm3 de aguas subterráneas, que deberán dejar de extraerse de los acuíferos, lo que elevará hasta los 308 hm3 al año, el caudal que dependerá de las desaladoras.

El Plan Hidrológico del Segura establece que en 2027 el volumen medio de aportaciones del trasvase mermará en 78 hm³/año de materializarse las previsiones de aumento de caudales mínimos en el Tajo, y remarca que ese escenario supondría un coste desproporcionado para Alicante y Murcia. Además, esta merma se incrementará, por las transferencias previstas desde el acueducto Tajo-Segura con destino a abastecimiento de la Llanura Manchega. A partir del año 2027, podrían suministrarse 15,5 hm³/año a 56 municipios, y por los aumentos de demanda anual considerados en el Plan del Tajo (aproximadamente, 10 hm³/año, en los sistemas de cabecera y Tajo Izquierda). En total,103,5 hm³ menos anuales de la fuente de suministro asociada al trasvase. El plan reduce también la disponibilidad las aguas subterráneas procedentes de masas en riego. En total, 213,2 hm³/año de los acuíferos, según denuncia el Sindicato Central del Trasvase Tajo-Segura.

El Sindicato Central manifiesta su preocupación por la reducción de recursos hídricos que se dará en el año 2027 de mantenerse las previsiones de disminución de caudales aportados por el trasvase Tajo-Segura, según la planificación llevada a cabo por el Ministerio para la Transición Ecológica, ya que la desalación no ofrece soluciones viables ni en volumen ni en precios, a lo que se sumará la reducción prevista sobre las extracciones de aguas subterráneas.

 Por otra parte, el Plan del Segura aborda la reducción de explotación prevista para las aguas subterráneas procedentes de masas en riego de no alcanzar el buen estado cuantitativo, lo que afecta al conjunto de la demarcación. En total, 213,2 hm³/año procedentes de aguas subterráneas tendrían que dejar de ser objeto de aprovechamiento en el año 2027, y así queda reflejado en el plan.

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 En el escenario actual, según el Scrats, las tres grandes desaladoras gestionadas por la sociedad estatal Acuamed tienen una capacidad máxima de producción igual a 177 hm³/año (80 hm³ procedentes de la desaladora de Torrevieja, 60 hm³ de Águilas y 37 hm³ de Valdelentisco). Un volumen disponible que ha llegado a un porcentaje efectivo de producción para su aprovechamiento igual al 86% en años hidrológicos anteriores. Es decir, una garantía de suministro de cara a atender todas las demandas actuales, prácticamente ya agotada.

Mención aparte merece, según el Sindicato Central, el objeto para el que se proyectó la desaladora de Torrevieja, que no fue otro que el de dar cobertura a la infradotación asociada a los regadíos del trasvase Tajo-Segura. "Recordemos que de los 400 hm³ inicialmente destinados a regadío, la media trasvasada no supera la mitad. Por lo tanto, no son suficientes los volúmenes generados por esta desaladora a paliar futuros déficits de agua, sino los existentes a día de hoy, y por ello, desde hace años se viene contando con los recursos generados por esa desaladora, poniéndose a disposición de las zonas regables del trasvase a través del Sindicato", subrayan los autores del informe

"Nos encontramos ante un escenario donde los volúmenes disponibles actualmente tienen la seria posibilidad de reducirse en 316,7 hm³/año. Y ante esa posibilidad, el incremento de recursos procedentes de la desalación con destino al regadío podría ser de 38 hm³/año (20 hm³ de la desaladora de Torrevieja, 5 hm³ de Águilas y 13 hm³ de Valdelentisco), lo que supondría compensar en un insignificante 12 % esas nuevas reducciones que se proyectan en el año 2027", denuncia el Scrats.

Consejo de Estado

El Consejo de Estado abordará, precisamente, este jueves el dictamen del proyecto de real decreto de revisión de los 12 planes hidrológicos (2022-2027), que incluye la modificación de los caudales ecológicos del trasvase Tajo-Segura, que tanta controversia ha avivado entre las comunidades autónomas implicadas.

El máximo órgano consultivo gubernamental debatirá el acuerdo alcanzado en la reunión del Consejo Nacional del Agua del pasado 29 de noviembre y emitirá un informe "favorable o desfavorable", antes de su futura aprobación en un próximo Consejo de Ministros.

La Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía han presentado alegaciones a ese plan por considerar que, si finalmente se llevara a cabo, la balanza de exportaciones nacionales perdería alrededor de unos 18.000 millones de euros, procedentes de las exportaciones de frutas y verduras del Levante.

Desde el Consell exigen que los caudales ecológicos se determinen en función del estado del río cada año, y han pedido al Consejo de Estado que el documento sobre los planes que se les remitió para su estudio sea "el acordado y votado" en el Consejo Nacional del Agua del pasado 29 noviembre.

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Dicha petición -apuntan desde la Generalitat- se basa en "defectos en la tramitación del proyecto" en referencia al cambiar y sin aviso previo, la disposición adicional novena y, sobre todo, la manera en que se llevó a cabo ese cambio. El primer texto de esa disposición ligaba los caudales ecológicos a una valoración previa del estado ambiental de las masas de agua, aprobado mayoritariamente en dicha reunión del Agua; sin embargo, según la Abogacía de la Generalitat, con posterioridad a ese encuentro, se procedió a una nueva redacción del texto, que no fue sometida a debate y votación.

El nuevo texto "impone unos incrementos fijos e inamovibles de los caudales ecológicos hasta el año 2027 sin tomar en consideración ningún análisis previo del estado de las aguas, con el consiguiente perjuicio para los regantes de la cuenca del Segura".

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Para la Generalitat, el texto modificado "de manera unilateral" por el Ministerio para la Transición Ecológica, sin comunicar con anterioridad el contenido de ese cambio ni al Gobierno valenciano ni al propio Consejo Nacional del Agua, "es el que finalmente ha llegado al Consejo de Estado".

Por su parte, Castilla-La Mancha (cuenca cedente) ha alegado que en dicha reunión el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, anunció "in voce" y previo a la votación del Plan del Tajo, la eliminación de la "condicionalidad de la aplicación del régimen progresivo de caudales ecológicos mínimos", y que tras ello, el documento fue aprobado.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido que el documento sobre el trasvase remitido al Consejo de Estado es el que fue "respaldado mayoritariamente" en el Consejo Nacional del Agua, en contra de lo que afirman desde el Gobierno valenciano. En la reunión del Consejo Nacional del Agua se logró "un consenso extraordinario en torno a algo que es novedoso" -el caudal ecológico- que se debe respetar porque es legislación, porque hay sentencias, porque se necesita y porque "es un río compartido", asegura la ministra.