El recorte del trasvase provocará unas pérdidas de 6.000 millones de patrimonio agrícola en la provincia de Alicante

Uepal y Asaja-Alicante alertan del “tsunami económico” que supone la reducción del caudal:  afecta al 71% de la exportación nacional de hortalizas y el 25% de la de frutas

Cerca de 30.000 hectáreas desparecerán por los recortes en el envío de agua del Tajo a la provincia de Alicante

Cerca de 30.000 hectáreas desparecerán por los recortes en el envío de agua del Tajo a la provincia de Alicante / Tony Sevilla

F. J. Benito

F. J. Benito

Una más y van… la organización agraria Asaja-Alicante y la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal) han añadido nuevos datos a las consecuencias económicas negativa que va a tener en el sector agrícola de la provincia el recorte del trasvase Tajo-Segura tras la entrada en vigor del calendario para ir aumentando el caudal ecológico del río hasta los 8,65 metros cúbicos por segundo en 2027. Asaja y Uepal advierten de que a los empleos perdidos hay que sumar una pérdida de patrimonio agrícola cifrado en cerca de 6.000 millones de euros derivado de las cerca de 30.000 hectáreas que van a pasar a barbecho o secano por la falta de agua. Algo que puede dar lugar una nueva batalla jurídica contra el Ministerio para la Transición Ecológica en forma de reclamación de indemnizaciones multimillonarias. 

Uepal y Asaja advierten del peligro que supondrá la modificación ya aprobada del Plan Hidrológico del Tajo, que reducirá las aportaciones del trasvase a la cuenca del Segura en más de 105 hm³ anuales. Un impacto en la estructura de la economía de la provincia que se traduce en la desaparición de más de 6.300 empleos directos, una pérdida económica de más de 5.600 millones de euros y el abandono de 27.314 hectáreas de regadío, lo que puede ser calificado como un “tsunami económico” para la provincia de Alicante con consecuencias sociales, económicas y ambientales irreparables.

El presidente de Uepal, Juan José Sellés, compara el impacto que tendrá suprimir caudales del Tajo-Segura sin una alternativa real ya disponible, con un hipotético colapso de algunas de las grandes empresas afincadas en la Comunidad Valenciana. “Si la factoría de Ford en Almussafes, por ejemplo, destruyera estos 6.300 puestos de trabajo que hoy se ponen en peligro en el sector agroalimentario de la provincia de Alicante, estaríamos en esta situación ante la opinión pública nacional y con una respuesta diferente por parte de las Administraciones Públicas autonómicas y estatales”, apunta Sellés.

Por su parte, el presidente de Asaja-Alicante, José Vicente Andreu, alerta de que el acueducto Tajo-Segura permite que exista y es lo que sustenta el único “salvoconducto seguro”, la “única despensa” que tienen España y Europa para la obtención de hortalizas frescas ante olas de frío como la actual que pueden arrasar las producciones del resto del territorio. “Parece que este Gobierno no es consciente de que el recorte va totalmente en contra del interés general de este país porque las regiones afectadas por el trasvase representan el 71% de la exportación nacional de hortalizas y el 25% de la de frutas, solo con el 3% del agua dedicada al regadío a nivel nacional, lo que demuestra una eficacia en el uso de este recurso sin precedentes”, explica Andreu.

Pero esto no es todo, porque a la pérdida de empleos directos, indirectos y en exportación, hay que sumarle el daño colateral que la reducción del trasvase tendrá sobre otros sectores relevantes como la logística, la industria química o los servicios, “restando competitividad a nuestro tejido socioeconómico y, por ende, a nuestro territorio” señaló Asaja-Alicante. 

Andreu subraya que esta decisión no tardará en afectar al bolsillo de la sociedad, ya que"nos veremos obligados a depender de las producciones de terceros países, lo que supondrá que los precios suban para el consumidor y que, además, tengamos que consumir productos tratados con materias prohibidas en Europa hace años por ser perjudiciales para la salud".

Sellés critica que “nadie en el Gobierno de España, y muy pocos en la Generalitat Valenciana, se hayan planteado el impacto de esto: menos superficie es igual a menos trabajo y, por lo tanto, a más de 6.300 personas que tendrán que abandonar su actividad”. Además, el presidente de Uepal aclara que “la percepción del empleo agrario está muy distorsionada, no siempre es mano de obra sin cualificar, nuestro sector es altamente profesional, muy innovador y preparado”.

Pérdida patrimonial

En cuanto al patrimonio agrícola, según un informe de la Universidad de Alicante, existe también un importante impacto por el abandono de esta superficie de regadío que tiene que ver con el precio de la tierra, que sufrirá una considerable merma en su valor, más la pérdida de valor patrimonial de inversiones, en muchos casos, pendientes de amortizar financieramente. La estimación del golpe económico es de más de 5.692 millones de euros.

Sin embargo, tanto para Asaja Alicante como para el conjunto de Uepal, lo más grave es el “planteamiento político que ofrece la Administración, donde la sustitución de una infraestructura real y unos aportes ciertos que generan riqueza para el conjunto del Estado se eliminan sin alternativa, supeditada a promesas en el aire”.

Tanto Sellés como Andreu recriminan las promesas de subvención del agua desalada, cuya materialización requiere su publicación en un Decreto y que, además, se somete a exigencias normativas y de la Unión Europea que hacen que esta medida no disponga de garantías de mantenerse en el tiempo. En el mismo sentido, alertan de que las promesas de futuras inversiones: “Ni están en los presupuestos, ni tiene soporte ninguno que nos permita confiar en que sean reales, especialmente tras el último diseño de los Presupuestos Generales del Estado y de cómo se ha tratado a nuestra provincia”, han coincidido.

Para Asaja, cuarenta años de trabajo y esfuerzo valen mucho más que 10 céntimos de subvención que nos ofrecen ahora por el agua desalada. “Los agricultores de Alicante no queremos limosnas, queremos mantener lo que nos ha dado la vida”, asvera Andreu.

La sensación expresada por Uepal y Asaja Alicante es que esta decisión política de recortar el trasvase Tajo-Segura nos lleva al precipicio, a una caída en el vacío de consecuencias gravísimas, no sólo para el sector agrario alicantino, sino para toda la provincia.